EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que fija los requisitos mínimos del uso turístico de vivienda como actividad clasificada y amplía hasta el 31 de diciembre de 2027 la comunicación previa.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo autonómico, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
- ¿Qué impacto tiene? Quien no regularice podrá seguir cinco años más y después deberá cesar; los ayuntamientos tendrán dos años para activar sus planes de inspección.
La vivienda turística en Canarias ya tiene su decreto ley: más requisitos técnicos, plazos ampliados y régimen propio para las islas verdes.
Plazos nuevos, papeles nuevos y cinco años de margen
La norma llega con un objetivo declarado: ordenar la actividad sin estrangularla. El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que fija los requisitos mínimos del uso turístico de vivienda como actividad clasificada (la figura administrativa que obliga a acreditar condiciones de seguridad y salubridad antes de ejercer una actividad económica en un inmueble), según el comunicado difundido por el Ejecutivo autonómico. El texto modifica la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas y ajusta el régimen territorial de las islas verdes.
El decreto detalla el contenido mínimo de la memoria técnica que deberán presentar los titulares: planos de situación y distribución, fotografías del inmueble, documentación sobre la primera ocupación, acreditación de la seguridad estructural cuando corresponda y medidas de protección contra incendios, con detectores de humo, extintores, y señalización de evacuación. También hay exigencias específicas para las piscinas y los accesos. Los mismos requisitos se aplicarán a las nuevas viviendas que quieran iniciar la actividad mientras no llegue la normativa técnica definitiva.
El calendario es la parte que más cambia. La comunicación previa de actividad clasificada podrá presentarse hasta el 31 de diciembre de 2027, una ampliación pensada para quienes ya operaban antes de la nueva regulación y siguen pendientes de regularizarse. Quien no lo haga no tendrá que cerrar de inmediato: podrá mantener la actividad cinco años adicionales y, transcurrido ese periodo, deberá cesar en el uso turístico.
Las islas verdes ganan margen y el volcán tiene su propia regla
Las islas verdes son otro capítulo. El decreto reconoce la aplicación directa y preferente de la ley autonómica de ordenación territorial de la actividad turística en El Hierro, La Gomera y La Palma, y establece que las determinaciones territoriales y urbanísticas de la Ley 6/2025 no serán aplicables allí hasta el 13 de diciembre de 2030. Durante ese periodo manda el régimen especial vigente.
La memoria del volcán también está en el texto. Las viviendas vacacionales destruidas por la erupción de 2021 en La Palma podrán reconstruirse y recuperar la actividad conservando su signatura y los derechos inherentes, sin que les resulte exigible el requisito de antigüedad mínima de la nueva ley. Se reconoce además la antigüedad y la situación jurídico-urbanística de los inmuebles originales, salvo que la nueva ordenación resulte más favorable. Para los afectados, es un obstáculo menos en una reconstrucción que ya acumula cinco años.
Canarias no cierra la puerta al alquiler vacacional: le pone fecha, le exige papeles y le concede cinco años de margen antes de apretar de verdad.
El control se desplaza ahora a los ayuntamientos y cabildos insulares. Los consistorios deberán aprobar y comenzar a aplicar sus planes de comprobación y control en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa de actividades clasificadas, con una vigencia de hasta cuatro años. La norma entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, con efectos retroactivos al 13 de diciembre de 2025.
El Pulso Territorial
El mapa del poder está claro. Gobierna en Canarias Coalición Canaria junto al PP, con Fernando Clavijo al frente de la Presidencia, y este decreto es su segunda intervención de calado en la vivienda turística en apenas un año.
El precedente explica la prisa. La Ley 6/2025 se aprobó el 10 de diciembre de 2025 y entró en vigor tres días después; poco más de un año de aplicación ha bastado para necesitar una norma de urgencia que aclare plazos y requisitos. La lectura política no es menor: el Ejecutivo afronta la recta final de la legislatura, con las elecciones autonómicas de 2027 en el horizonte, sin haber fijado un tope al número de viviendas vacacionales, una demanda que PSOE y Nueva Canarias han planteado en el Parlamento de Canarias.
El texto deberá convalidarse en la Cámara, de 70 diputados, en el plazo de un mes; ahí se medirá la fuerza real del acuerdo y la oposición tendrá su primera oportunidad de enmienda. El riesgo es de ejecución: la parte más costosa, los planes de inspección, recae en los ayuntamientos y el decreto no concreta medios añadidos para ellos. Queda por ver si la seguridad jurídica que promete la norma llega antes que la próxima corrección.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias aprueba un decreto ley con los requisitos técnicos del uso turístico de vivienda y nuevos plazos para quienes ya ejercían la actividad.
- Datos importantes: Comunicación previa hasta el 31 de diciembre de 2027; cinco años adicionales para quien no regularice; islas verdes fuera de las determinaciones de la Ley 6/2025 hasta el 13 de diciembre de 2030; efectos retroactivos al 13 de diciembre de 2025.
- Resumen: La norma entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y deberá convalidarse en el Parlamento en un mes. El desarrollo técnico definitivo sigue pendiente.
