El Consejo de Navarra avala por unanimidad la reforma de la ley de vivienda que blinda la VPO de alquiler en la Comunidad foral. El dictamen, fechado el 26 de octubre, concluye que la norma se ajusta al ordenamiento jurídico pese a estar recurrida ante el Tribunal Constitucional.
El texto lo aprobó el Parlamento de Navarra el pasado mes de junio y su efecto es que las viviendas protegidas en alquiler conserven la calificación de forma indefinida. La modificación alcanza a todas las promociones de arrendamiento y arrendamiento asequible, con independencia de la fecha de su calificación definitiva, siempre que el periodo de protección siguiera vigente cuando entró en vigor la reforma.
Qué blinda la reforma y a cuántas viviendas alcanza
La petición de informe partió de UPN, con la firma de sus quince miembros, que sostenían que la norma vulnera los principios de seguridad jurídica e irretroactividad del artículo 9.3 de la Constitución. El órgano consultivo del régimen foral responde con un dictamen de 51 páginas en el que sostiene lo contrario.
El alcance es significativo: la norma afecta a 161 promociones de vivienda protegida y a 2.248 viviendas que, según los cálculos que el Gobierno de Navarra trasladó en su día, habrían perdido la protección en los próximos años. El Consejo advierte de que no dispuso de todos los datos necesarios sobre número de viviendas, derechos de superficie o condiciones económicas concretas de algunas promociones.
Sobre la retroactividad, el informe admite que algunas medidas podrían interpretarse como tal, aunque considera que, incluso en ese supuesto, serían constitucionales. El razonamiento es que persiguen un fin de interés general legítimo —aumentar y conservar el parque de vivienda protegida en alquiler—, están vinculadas al mandato del artículo 47 de la Constitución y no eliminan el derecho de propiedad ni impiden vender los inmuebles.
El perjuicio para los propietarios se limita, según el dictamen, a la pérdida de una expectativa de mayor rentabilidad futura. La conclusión es que la ley supera el juicio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia constitucional y que la protección del parque asequible justifica las limitaciones que impone.
El dictamen sitúa el interés general del parque de alquiler asequible por encima de la expectativa de rentabilidad de los propietarios de las promociones afectadas.
La técnica legislativa, la objeción del dictamen
El informe incorpora una objeción formal. El Consejo aprecia una ‘deficiencia de técnica legislativa’ en el preámbulo, que justifica la norma casi exclusivamente por su oportunidad, no explica si es el instrumento más adecuado y no analiza su encaje con el resto del ordenamiento, como exige el artículo 129 de la ley foral de la Administración. Esa omisión, señala, le priva de elementos de juicio para evaluar el impacto real de la reforma.
Navarra ejerce la competencia exclusiva en materia de vivienda al amparo de su régimen foral, regulado en la LORAFNA, y la reforma se tramitó por la vía legislativa ordinaria del Parlamento de Navarra. El dictamen tiene carácter consultivo y no vinculante, por lo que no altera por sí mismo la vigencia de la ley.
El recurso ante el Constitucional y el calendario pendiente
La norma sigue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse sobre su encaje en la Carta Magna. El aval del órgano consultivo no prejuzga esa decisión, pero incorpora al debate el criterio de la propia comunidad foral sobre la constitucionalidad del blindaje. La ley continúa en aplicación mientras el Tribunal Constitucional no resuelva.
La discusión sobre qué ocurre cuando vence la calificación de una promoción protegida es común a todas las comunidades autónomas: los plazos fijados en promociones antiguas han ido venciendo y las administraciones han recurrido a prórrogas, cambios normativos o descalificaciones. Navarra opta ahora por mantener la protección de forma indefinida en el régimen de alquiler, una decisión que el Consejo considera ajustada a la Constitución pero cuyo encaje definitivo corresponde resolver al Tribunal Constitucional.
El dictamen no altera por sí mismo la situación de las promociones afectadas: su valor es el criterio jurídico que fija ante el eventual pronunciamiento del tribunal. Las 161 promociones mantienen su calificación y las 2.248 viviendas seguirán en el parque protegido salvo que la reforma sea anulada.
