El PNV exige anular el curso de policías locales de Tolosa y Andoain en Intxaurrondo y la dimisión de sus alcaldes.
La ejecutiva guipuzcoana del partido ha hecho público este lunes un comunicado con tres requerimientos dirigidos a los dos consistorios, gobernados por EH Bildu. Los cursos objeto de la disputa consisten en prácticas de tiro y formación impartidas en el acuartelamiento de la Guardia Civil situado en el barrio donostiarra de Intxaurrondo. El texto no incorpora la versión de los ayuntamientos ni de la formación a la que pertenecen sus regidores, de modo que los hechos que se describen proceden de la parte que formula la exigencia.
Los tres requerimientos dirigidos a Tolosa y Andoain
El primero de los puntos reclama la dimisión de los alcaldes de ambos municipios. El PNV sostiene que la ley atribuye a los regidores la jefatura superior de la policía local, por lo que la decisión de derivar agentes a otro cuerpo les corresponde políticamente. La referencia normativa que cita el partido es la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco, que sitúa esa jefatura en la alcaldía y ordena la coordinación de los cuerpos locales con la Ertzaintza.
El segundo requerimiento pide la anulación inmediata de los procesos de formación en Intxaurrondo y el traslado de los agentes a la Academia Vasca de Policía y Emergencias, con sede en Arkaute, en el término municipal de Vitoria-Gasteiz. Ese centro depende del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y concentra la formación de la Ertzaintza y de buena parte de las policías locales vascas.
El tercer punto traslada la disputa a los plenos: el PNV plantea que todos los ayuntamientos de Gipuzkoa aprueben una moción de apoyo al modelo estatutario de policía y, en concreto, al sistema de cooperación entre la Ertzaintza y los cuerpos municipales. El comunicado no precisa calendario ni relación de municipios donde se registrarán esas iniciativas.
El PNV reclama tres gestos a dos ayuntamientos gobernados por EH Bildu: dos dimisiones, la retirada del curso de Intxaurrondo y mociones en los plenos.
Por qué el PNV sitúa el curso fuera del marco estatutario
El comunicado ordena sus reproches en tres planos. El primero es institucional: el PNV afirma que formar a policías locales en otro cuerpo supone una ‘marginación intencionada’ de la Ertzaintza como policía integral de Euskadi y del propio autogobierno. El partido recuerda que las competencias de la policía autonómica, amparadas por el Estatuto, abarcan prevención, patrullaje, policía judicial, antiterrorismo y tráfico, además de la formación de sus agentes.
El segundo plano es competencial. A juicio de la formación, ceder a Intxaurrondo la formación de la policía local ‘refuerza por la vía de los hechos’ la presencia de la Guardia Civil en Euskadi, un cuerpo de naturaleza militar cuyas funciones en la comunidad se limitan, según el partido, a las supracomunitarias o estatales. El escrito alude al marco del Estatuto de Autonomía, que en su artículo 17 configura la Ertzaintza como policía integral.
El tercer plano es operativo. El PNV defiende el modelo Euskal Polizia, basado en la cooperación entre la policía autonómica y los cuerpos locales mediante la corresponsabilidad y la optimización de recursos. Sostiene que derivar efectivos a un acuartelamiento estatal ‘se sitúa frontalmente en contra’ de ese esquema. El partido califica la decisión de ‘alta intensidad’ y de ‘punto de inflexión’ en materia de seguridad.
Cómo se forma la policía local en Euskadi y qué ocurre en otras comunidades
La formación de los cuerpos locales vascos se ha canalizado históricamente a través de la Academia de Arkaute y de los convenios de colaboración con la Ertzaintza. La Ley de Policía del País Vasco atribuye al Ejecutivo autonómico la coordinación de las policías locales y a los alcaldes la jefatura superior de cada cuerpo, una arquitectura , que el PNV considera incompatible con el traslado de efectivos a instalaciones dependientes de la Administración General del Estado.
En el resto del Estado, la formación inicial de las policías locales corresponde a escuelas dependientes de las comunidades autónomas. En Cataluña la asume el Institut de Seguretat Pública de Catalunya, con sede en Mollet del Vallès, y en la Comunidad de Madrid la coordina la Academia de Policía Local. El caso vasco añade el reparto competencial entre Estado y comunidad como elemento central del desacuerdo, lo que sitúa el debate en el terreno institucional y no solo en el operativo.
La exigencia del PNV se produce en un contexto de discusión recurrente sobre el encaje de los cuerpos estatales en Euskadi tras la disolución de ETA y el despliegue completo de la Ertzaintza. La formación de los agentes municipales y la coordinación entre cuerpos son asuntos que han pasado por comparecencias y por iniciativas de los grupos en el Parlamento Vasco. El comunicado no concreta el alcance exacto de las prácticas que se imparten en Intxaurrondo ni el número de agentes afectados, y tampoco fija fechas para las mociones anunciadas.
