La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Maracanai’, ha desarticulado una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres en las provincias de Toledo y Madrid. En la operación han sido liberadas ocho mujeres de edades comprendidas entre los 19 y 34 años de diversas nacionalidades, en mayor medida de Sudamérica.
Según informa la Benemérita, han sido detenidas dos personas, un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad española, y se está investigando a otras siete, a quienes se les imputan los supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública y blanqueo de capitales.
También se han practicado cuatro registros domiciliarios, dos en la provincia de Toledo y dos en la de Madrid, de los que han sido liberadas las ocho víctimas que vivían en condiciones de hacinamiento en los mismos lugares donde eran explotadas sexualmente.
La investigación se inició a finales de 2018, cuando se recibió una denuncia de una de las víctimas captadas por este grupo criminal, la cual fue posteriormente reconocida judicialmente como «testigo protegido». Según la Guardia Civil, «la denuncia resulta especialmente dura debido a que esta víctima habría permanecido detenida ilegalmente durante un tiempo aproximado de cinco años».
No obstante, su testimonio permitió identificar y localizar tres lugares de explotación sexual en las localidades de Seseña Nuevo (Toledo), Fuenlabrada (Madrid) y Madrid capital, hechos que permitieron corroborar a los investigadores una gran actividad de posible explotación sexual, sobre todo en el lugar ubicado en Seseña Nuevo.
FALSAS EXPECTATIVAS DE TRABAJO Y AMENAZAS
El grupo criminal ahora desarticulado captaba a las víctimas mediante engaño y falsas expectativas de actividades remuneradas ajenas a toda relación con la explotación sexual, todo ello a través de personas que se dedicaban a «controlar» explotaciones agrarias donde trabajaban ciudadanos extranjeros que se encontraban irregularmente en España y en condiciones de vida bastante precarias, lo que las convertía en víctimas «fácilmente captables».
Otra de las formas de captación de los tratantes era a través de Internet mediante la publicación de anuncios de ofertas de trabajo, donde se aportaban datos que posteriormente resultaban ser totalmente falsos.
Una vez en los lugares de explotación, a las víctimas se les retiraban sus documentaciones personales, siendo amenazadas con que si se intentaban escapar serían denunciadas y expulsadas del país, dándose incluso casos de uso de violencia física sobre ellas.
Paralelamente, los investigados habían confeccionado un entramado empresarial con el objetivo de canalizar los beneficios obtenidos y blanquear estas ganancias, llegando a adquirir varias propiedades en la provincia de Madrid, así como varios vehículos de alta gama.
La fase de investigación económica en esta operación se ha extendido a lo largo de varios meses tras la desarticulación del grupo criminal, permitiendo finalmente, pese a su complejidad, en cifrar en unos 5 millones de euros los beneficios obtenidos en los últimos cuatro años, habiéndose conseguido hasta el momento la inmovilización y bloqueo de varios inmuebles y distintas propiedades, cuentas bancarias y depósitos por valor superior a 1 millón de euros.
Entre las distintas tipologías delictivas cometidas por este grupo, destaca la utilización de grabaciones en vídeo realizadas a las víctimas sin su conocimiento mientras eran explotadas sexualmente, pudiendo haber sido estas imágenes utilizadas tanto para controlar la ejecución de los servicios sexuales, como para coaccionar y extorsionar posteriormente a los clientes de este tipo de servicios.
PARA MUCHAS VÍCTIMAS: «LA CASA DE LOS HORRORES»
Para la investigación, han sido tomadas numerosas manifestaciones a víctimas, teniendo varias de ellas en común la calificación del lugar de explotación como un infierno, una «casa de los horrores». Más de un testimonio ha coincidido en que una de las mujeres habría sido incluso obligada a abortar en contra de su voluntad.
Algunas víctimas eran captadas para ejercer la prostitución en aparente libertad, siendo posteriormente obligadas a realizar servicios sexuales totalmente deplorables y rechazables por las víctimas, no llegando a pagarles en algunos casos y generándoles en otros una deuda únicamente por el hecho de residir en el lugar de explotación.
De la misma manera, se han detectado casos en los que las víctimas terminaban huyendo y afrontando una total situación de desamparo, con miedo a denunciar los hechos ante las amenazas de la organización criminal de revelar sus rostros en anuncios web o con comunicar a sus familiares su verdadera situación, e incluso con ser denunciadas a las autoridades ante su situación de irregularidad en España.
En los diferentes registros realizados fueron intervenidas, además de armas, distintas sustancias estupefacientes, destacando más de un kilo de metanfetamina y medio kilo de cocaína, así como 190.000 euros en efectivo, los cuales se encontraban ocultos en distintos paquetes envasados al vacío.
Las sustancias estupefacientes eran utilizadas por la organización no sólo para su distribución a los clientes por parte de las víctimas explotadas, sino también para que las propias víctimas se «engancharan» a estas sustancias y de esta forma acrecentaran sus «supuestas deudas» con la organización.
La operación ha sido desarrollada por la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con el apoyo de otras Unidades del Cuerpo y de ONG especializadas en el contacto con las víctimas del delito de trata de seres humanos, todo ello bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas (Toledo), así como por la Fiscalía de Extranjería de Toledo.
