La pandemia del COVID-19 ha incrementado los niveles de inseguridad y violencia contra las mujeres en toda Europa y, sin una atención específica de los gobiernos, podría agravar las desigualdades de género y los niveles de discriminación, según advierten Amnistía Internacional, Women’s Link Worldwide y la Federación Internacional de Planificación de la Familia.
Las tres organizaciones han instado a los gobiernos europeos a hacer «cuanto esté en su poder» para garantizar que «no se deja de lado a las mujeres y niñas y que se respetan sus derechos», durante y después de la pandemia.
En este contexto, han difundido una guia que proporciona a los gobiernos una hoja de ruta para tomar las medidas necesarias para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, que se ven afectadas de forma desproporcionada por la crisis sanitaria, especialmente las que sufren formas interrelacionadas y persistentes de discriminación.
«Durante esta crisis de salud y después de la pandemia de COVID-19, los derechos de las mujeres y las niñas deben ser respetados y garantizados», ha afirmado la presidenta y directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, Viviana Waisman.
Tal y como ha defendido, las directrices ofrecen un marco «para exigir a los Estados europeos que cumplan con sus obligaciones y mantengan su compromiso con los derechos y las vidas de las mujeres y las niñas durante esta crisis y después de ella».
MAYOR RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIAR
Desde las organizaciones han apuntado que ya antes de la crisis de la COVID-19 una de cada cinco mujeres sufría violencia de su pareja en el hogar en Europa. En cualquier caso, sostienen que los confinamientos y las medidas de aislamiento para contener la propagación del virus «han expuesto a las mujeres y las niñas a mayores riesgos de abusos en el ámbito familiar a manos de sus parejas o de otros miembros de la familia, y a menudo las dejan sin el apoyo que tanto necesitan».
En este contexto, han afirmado que algunos países europeos han tomado medidas para apoyar a las mujeres y las niñas expuestas a sufrir violencia de género en el ámbito familiar. Si bien, las entidades han remarcado que la pandemia «ha puesto al descubierto las deficiencias existentes en las respuestas implementadas, que a su vez están limitando la capacidad para reaccionar ante las colosales necesidades durante la crisis».
Tal y como han recordado, las denuncias de violencia contra las mujeres, y en particular de violencia de género en el ámbito familiar, han aumentado de forma alarmante en varios países durante esta situación de crisis. Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las llamadas de emergencia han aumentado hasta un 60 por ciento en comparación con el último año en muchos países de Europa.
Según han insistido, en algunos países las autoridades señalan una disminución de las denuncias de incidentes de violencia de género en el ámbito familiar, «lo que puede indicar que las mujeres que viven bajo el mismo techo que su maltratador no tienen muchas opciones para denunciar».
Las organizaciones han afirmado que para las afectadas por violencia de género, incluida la violencia sexual, «los elevados niveles de impunidad y los obstáculos para acceder a la justicia vienen siendo uno de los mayores desafíos en la región incluso antes de la COVID-19».
«Es fundamental que, al mismo tiempo que toman medidas adecuadas en materia de salud pública, los Estados cumplan también con sus obligaciones internacionales de garantizar la diligencia debida en la investigación de todos los casos de violencia de género, tanto durante los confinamientos como después de que se levanten las restricciones», han expuesto las entidades.
GARANTIZAR DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Por otro lado, las entidades han lamentado que hay países que no han adoptado medidas específicas para garantizar el acceso seguro y oportuno a servicios, productos e información esenciales en materia de salud sexual y reproductiva durante la pandemia. «Algunos países parecen estar usando las restricciones como oportunidad para menoscabar o restringir aún más el acceso a los derechos sexuales y reproductivos», han apostillado.
En este sentido, han asegurado que hay hospitales y consultorios que «han reducido al mínimo los servicios de salud sexual y reproductiva o los han cerrado debido a la escasez y redistribución del personal, entre otras razones». Por ello, según han denunciado, «en muchos lugares, acceder a servicios clínicos normales es ahora sumamente difícil».
«Los gobiernos europeos no deben agravar los perjuicios que la crisis de la COVID-19 causa a las mujeres al no garantizar el acceso a atención de la salud sexual y reproductiva esencial», ha afirmado la directora regional de la Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, Caroline Hickson.
Para ella, «restringir servicios esenciales es poner en peligro la vida, la salud y el bienestar de cientos de miles de mujeres». «Los países que anteponen la atención han tomado medidas para proteger la seguridad y la libertad de las mujeres y las niñas. Esto se puede hacer; no hay excusas para abandonar a su suerte a las mujeres y niñas», ha destacado.
En este contexto, han apuntado hacia las «sombrías perspectivas económicas para millones de mujeres y niñas en la Europa posterior a la COVID-19». Al respecto, ha precisado que se espera que las secuelas de la crisis de salud afecten gravemente a los medios de vida de las mujeres, en particular a las que trabajan en los sectores asistencial o informal y a las que ya sufren marginación.
Por ello, han reivindicado que las necesidades y los derechos de las mujeres y las niñas ocupen «un lugar central en las respuestas a la COVID-19 y después de la pandemia». Tal y como sostienen, las mujeres que sufren formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, como las romaníes, migrantes o solicitantes de asilo, las trabajadoras sexuales, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans y otras en situaciones de marginación, «están más expuestas a ser objeto de actuaciones de agentes estatales y de sufrir perjuicios, incluidos perfiles raciales».
Así, la directora regional para Europa de Amnistía Internacional, Marie Struthers, ha avisado de que «Europa no será la misma después de la COVID-19». «Hacemos un llamamiento a los Estados para que escuchen las voces de las mujeres y conviertan Europa en un lugar mejor para todas las mujeres y niñas después de la COVID-19», ha afirmado.
