La Fiscalía ha recurrido ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Barcelona la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al exconseller Raül Romeva, que le permite salir de la cárcel a trabajar, y dos permisos para salir de prisión al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al expresidente de la ANC Jordi Sànchez.
Los recursos de apelación, consultados por Europa Press, se refieren a un permiso concedido a Cuixart y otro a Sànchez, ambos aprobados el 23 de junio, y a la autorización a Romeva para salir de prisión tres días entre semana, que se le concedió en marzo para trabajar en una asociación de cooperación internacional.
En el escrito sobre Romeva, el fiscal recalca que el 100.2 es una medida excepcional para los internos clasificados en segundo grado y, como en otros recursos, defiende que debe estar vinculado a un programa de tratamiento específico por la condena de cada preso.
También señala que a los nueve condenados en el juicio al 1-O ya se les ha aplicado este régimen, lo que al parecer del fiscal supone usar una medida excepcional para «otorgar de forma generalizada un régimen de semilibertad a todos los políticos condenados por la sentencia» del Supremo.
En cuanto a Cuixart, el fiscal se refiere a un permiso de salida de prisión propuesto por la junta de tratamiento de Lledoners (Barcelona) y avalado por la jueza el 23 de junio, ante el que recalca que el líder de Òmnium aún no ha cumplido la mitad de la condena de 9 años, por lo que lo tacha de prematuro y cuestiona «aplicar una medida que tiene como finalidad primordial, constitucionalmente legítima, aunque no única, la preparación para la vida en libertad».
Recalca que ante delitos graves «la pena ha de identificarse por el conjunto social y por el afectado como una sanción efectiva», recuerda que Cuixart no ha reconocido como delito los hechos por los que fue condenado y manifestó que lo volvería a hacer.
El fiscal utiliza los mismos argumentos al oponerse al permiso para Sànchez, en quien no ve «una verdadera asunción delictiva», y señala que no se ha acogido a ningún programa de tratamiento de prisión dirigido a condenados por sedición, a lo que el Juzgado ya ha contestado en anteriores ocasiones que no existen este tipo de cursos en las prisiones catalanas.
PROPUESTA DE TERCER GRADO
Los tres recursos de la Fiscalía se refieren a las condiciones de los presos durante su clasificación en segundo grado, al margen de la propuesta para pasarles a tercer grado que anunciaron el jueves de la semana pasada las prisiones donde están presos los condenados por el 1-O, y sobre la que el Ministerio Fiscal no se ha pronunciado por ahora.
Los funcionarios de las juntas de tratamiento aprobaron por unanimidad la propuesta al revisar el grado penitenciario de los presos del 1-O, y el Servicio de Clasificación deberá avalar o revocar la propuesta en los próximos días: una vez resuelva, la Fiscalía podrá recurrir la decisión.
