El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha mantenido reuniones este miércoles con el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, y con el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, para trasladarles las iniciativas de su departamento encaminadas a agilizar la Administración de Justicia.
Así, según informa el ministerio en un comunicado, Campo en la reunión con Cuerva le ha presentado el plan ‘Justicia 2030’ y le ha trasladado las medidas de agilización en los ámbitos concursal y societario. Asimismo, ha expuesto los proyectos para impulsar la Justicia como instrumento dinamizador de la economía en el escenario actual de reconstrucción del país tras la pandemia.
El encuentro ha servido además para «abrir un cauce de colaboración entre ambas instituciones» y poner sobre la mesa las inquietudes y necesidades de la pequeña y mediana empresa para su estudio e inclusión en los proyectos del Ministerio de Justicia.
Campo ha aprovechado la ocasión para explicar que el plan #Justicia2030 pretende transformar el actual modelo de servicio público de la Justicia a largo plazo con actuaciones que impactarán en el sector económico y empresarial. En este marco, se ha referido a los planes de choque que ayer aprobó el Gobierno para aliviar la litigiosidad en los juzgados derivada del covid-19 y que tiene que ver, en gran parte, con procedimientos relativos a conflictos laborales y empresas en concurso de acreedores.
En este sentido, el ministro ha hecho hincapié en las políticas de protección al empleo que ha puesto en marcha el Ejecutivo durante la pandemia, como los beneficios y exoneraciones de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) y las ayudas a autónomos prorrogadas hasta el mes de septiembre.
Además, el ministro ha enumerado los diferentes proyectos legislativos emprendidos en los últimos meses de especial interés para el sector, fundamentalmente en materia concursal, como la reciente aprobación del texto refundido de la Ley Concursal, la implantación de un marco legal actualizado para facilitar la reestructuración o el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
EL ALTO COSTE DE LOS LITIGIOS
Por otro lado, en su reunión con Amor y con la vicepresidenta ejecutiva de ATA Celia Ferrero, ha expuesto las principales medidas contempladas por su departamento para abordar la transformación de la Justicia en un horizonte a diez años y ha aseverado que algunas de las preocupaciones de ese colectivo están ya contempladas como el impulso de mecanismos de arbitraje o la transformación digital.
El presidente de ATA le ha trasladado al ministro las principales preocupaciones de este colectivo como son el alto coste de los litigios, la segunda oportunidad o la necesidad de fomentar la mediación y la digitalización.
Así, ATA ha puesto sobre la mesa datos como la pérdida de poder adquisitivo de hasta un 30 por ciento, la inviabilidad del teletrabajo para negocios como los bares o restaurantes, o las dificultades que están atravesando las más de 1.500 familias de feriantes.
Al respecto, Campo ha destacado que algunas de las medidas que contempla el plan ‘Justicia 2030’ tienen un gran calado en el tejido empresarial y, en concreto, en los autónomos, y ya recogen mecanismos para solucionar algunos de sus principales problemas.
El ministro ha recordado también a los representantes de ATA que el Gobierno ha emprendido diferentes proyectos legislativos en los últimos meses que sirven para paliar los efectos que están sufriendo los trabajadores del colectivo que representan, como la prestación extraordinaria para autónomos, que ha llegado a casi un 50 por ciento de los trabajadores por cuenta propia.
En la misma línea, se ha referido al consenso alcanzado por el ministro José Luis Escrivá con las principales asociaciones de trabajadores autónomos (ATA, UPTA y UATAE) para la extensión de las ayudas a este colectivo por los efectos de la pandemia hasta el próximo 30 de septiembre.
