La Fiscalía Anticorrupción advierte al juez que investiga a la empresaria y examiga del rey emérito Corinna Larsen en la pieza ‘Carol’ de la macrocausa ‘Tándem’ que puede seguir indagando sobre los posibles encargos que ésta realizó al comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, si bien debe abstenerse, por falta de competencia, de cualquier asunto que pueda afectar a Juan Carlos I.
Así lo han señalado fuentes fiscales, que señalan que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ya tiene sobre la mesa el informe que pidió a finales del mes de julio, tras reabrir esta pieza, a fin de que la Fiscalía se posicionara sobre la posible existencia de conexidad delictiva y sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimientos de los hechos que podrían afectar al exjefe del Estado.
‘Carol’ versa sobre los supuestos encargos que Corinna habría hecho a Villarejo, revelados por las conversaciones que mantuvo éste con la empresaria alemana y que grababa. En una de ellas, ocurrida en Londres en 2015 y en la que también estaba Villalonga, Corinna relataba los supuestos negocios opacos del Rey Juan Carlos en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro.
Sobre esta parte de la investigación -que ha derivado además en unas diligencias en la Fiscalía del Tribunal Supremo relacionadas con otras pesquisas abiertas por la Fiscalía Suiza, en las que Larsen está siendo investigada- Anticorrupción advierte al juez que carece de competencia para actuar. Se debe centrar en el asunto por el que reabrió el caso el pasado julio, por los encargos de Larsen a Villarejo en relación con una asistente personal que estaría filtrando datos a los servicios de inteligencia españoles.
García Castellón ha citado a la empresaria alemana el próximo día 28 en la embajada española en Londres -aún está pendiente saber si se trasladará a Reino Unido u optará por la videoconferencia- y en dicha comparecencia debería centrarse, a criterio de la Fiscalía en comprobar el encargo sobre su confidente.
En relación con este encargo el magistrado ha imputado también al que fuera socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga. A ambos, junto con Villarejo, les ha citado tras el interrogatorio a Larsen.
COHECHO INTERNACIONAL, CON QUERELLA
El informe firmado ahora por los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, agrega que la Audiencia Nacional sólo sería competente para el conocimiento de un presunto delito de cohecho internacional (relacionado con el papel de Larsen como testaferro) previa interposición de querella por estos hechos, lo que no se da en este caso.
Por otro lado, el juez García-Castellón «carece de competencia para la instrucción de las acciones penales dirigidas contra el Rey que hubiera abdicado», ya que dicho asunto le correspondería al Tribunal Supremo por la condición de aforado del exmonarca.
Así, la Fiscalía apunta en su escrito los asuntos que deben seguir fuera de la investigación de García-Castellón: la compra de un terreno en Marrakech (Marruecos) y el pago de unas comisiones y a cuentas bancarias de las que el rey emérito sería titular real en Suiza, bien bajo nombres supuestos, bien bajo titularidad formal de Álvaro de Orleans.
Para los fiscales, las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones «sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal».
A ello se suma el tema del pago de comisiones por empresas españolas por el AVE a la Meca, «en la medida en que las referencias eran más concretas, con identificación del contrato, de personas y de importes de las posibles comisiones», razón por la cual Anticorrupción comenzó a investigar inicialmente los hechos.
DEBILIDAD INICIAL DE INDICIOS CONTRA EL REY
No obstante, la intervención de Juan Carlos I en todos ellos eran «extraordinariamente débiles», pues se trataba de la referencia que hacía una persona que no aparecía directa ni indirectamente implicada en los pagos y no manifestaba razón de su conocimiento; a lo que había que sumar la inviolabilidad que se le reconocía entonces al hoy emérito como jefe del Estado.
Los posibles delitos, que en todo caso podrían ser calificados de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, exigen la interposición de querella por parte de la Fiscalía para poder ser investigados en España. En la valoración de este asunto se encuentra ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo.
‘Carol’ -por el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria alemana– fue archivada provisionalmente el 7 de septiembre de 2018 por el anterior instructor de la macrocausa, Diego de Egea, quien no veía indicios para continuar investigando ni al comisario jubilado ni a su socio y aseguraba que no había «datos» ni «documentaciones» que prueben las afirmaciones que hizo la empresaria alemana sobre el Rey emérito sobre supuesto cobro de comisiones.
DUDAS SOBRE LA CONEXIDAD
En el auto del pasado julio, por el que abrió la pieza, García Castellón explicaba que después del sobreseimiento provisional, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales en los que se ha analizado el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza.
También le llegó una solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país interesaba la colaboración de la Audiencia Nacional por la conexión entre ambas investigaciones. Por ello pidió informe a la Fiscalía.
García Castellón considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que en tal caso podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que habrían intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.
