El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, expondrá este viernes de forma oficial el malestar que en este órgano y en la carrera judicial en general ha ocasionado la exclusión del rey Felipe VI del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona.
Así se ha acordado en la Comisión Permanente de este órgano celebrada este jueves, donde tras discutir sobre la posible redacción de un comunicado institucional sobre este asunto se ha dispuesto finalmente que sea mañana Lesmes el que exponga la posición oficial del órgano de gobierno de los jueces durante su discurso oficial. La decisión ha contado con el voto en contra de los vocales del sector conservador.
Después de la reunión, un grupo de seis vocales, todos ellos designados a propuesta del PP, han hecho pública una declaración conjunta en la que «lamentan profundamente» no contar con la presencia del Rey en el acto de mañana.
La declaración está firmada por María Ángeles Carmona, Nuria Abad, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán. No obstante, en ella no se apunta al Gobierno ni a ninguna otra institución como responsable de la ausencia del Rey en el acto, cuya presencia había sido confirmada inicialmente por la Casa del Rey.
En el documento, los vocales recuerdan que el artículo 117.1 de la Constitución señala que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, razón por la que era costumbre que los principales actos de la vida judicial española, como son la Apertura del Año Judicial y la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces sean presididos por el monarca.
LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA
Añaden que el Poder Judicial español se fundamenta en esta «doble imbricación» (pueblo-rey), «de la que deriva su legitimidad democrática para la impartición de Justicia» . Por ello, insisten que la presencia en el acto de mañana en Barcelona de Felipe VI «no sólo es un motivo de orgullo para las juezas y los jueces españoles» sino también un «símbolo del valor que la Justicia tiene en un estado de derecho en cuanto máximo representante del pueblo español y de sus instituciones».
Finalmente apuntan que las «circunstancias que impiden la presencia» del rey en el acto de entrega de despachos, –que no concretan en su declaración– les llevan a reafirmar la admiración y respeto de todos ellos a su figura, «símbolo de la unidad y la permanencia del Estado».
La mayoría de vocales consultados sobre lo ocurrido prefieren no salir a la palestra para manifestar públicamente su indignación, aunque la muestran en privado. Una excepción es la de José María Macías, designado a propuesta del PP, quien en una entrevista concedida a la Cadena Ser aseguró este martes que, tras la confirmación inicial, se recibió una segunda comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que su majestad no podía participar en el acto. «Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba», afirmó este vocal.
