Igualdad no quiere teléfonos: un millón en altos cargos y cero transparencia

  • A diferencia del resto de ministerios, el de Igualdad no facilita ningún correo o teléfono para contactar con ellos en su página web
  • Desde la Administración General del Estado consideran que es "muy raro" que sea tan complicado contactar con ellos
  • El ministerio de Igualdad está formado por 14 asesores y dos altos cargos nombrados a dedo que, entre todos, cobran casi un total de un millón de euros de dinero público
  • La web del Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, consta únicamente de una página en la que no se facilita ningún contacto, ni gabinete de prensa, ni número para llamar, ni correo electrónico, ni perfiles en redes sociales. Ni siquiera, un buzón de sugerencias en el que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones.

    Si buscas la dirección de la delegación aparece un teléfono en el que si llamas, responde un contestador automático: “Su llamada no puede completarse. Por favor, verifique el número e intente llamar de nuevo. Gracias”. Fin de la llamada. Empresite, un directorio de empresas de España, proporciona dos números fijos: el de antes y uno nuevo. Este último sí que da señal, pero no contestan. A lo largo de toda la mañana, nadie responde al otro lado de la línea. Del correo que también facilita Empresite tampoco hay respuesta. ¿Por qué es tan complicado contactar con un ministerio?

    El resto de ministerios opera de forma muy diferente: todos ellos cuentan con una página web en la que se proporciona un directorio de teléfonos, correos electrónicos y direcciones. Desde Cultura y Deporte alegan esta falta de información en el ministerio de Igualdad al hecho de que sea un organismo de nueva creación, como el de Universidades y desde la Administración General del Estado reconocen que es “muy raro” que sea tan difícil acceder a un contacto.

    El Ministerio de Igualdad está formado por 14 asesores y dos altos cargos nombrados a dedo. Entre todos cobran un total de 901.283,08 euros, casi un millón de euros que proceden de dinero público. Desde entonces la corte de la ministra de Igualdad ha estado en el ojo del huracán rodeada, como todo lo que tiene que ver con ella, de polémica y secretismo. ¿Quiénes son esos 14 asesores? ¿Cuáles sus currículums? Y sobre todo: ¿cuánto cobra cada uno? Montero contestaba con evasivas y se negaba a responder así a la pregunta de una parlamentaria del Partido Popular a cerca de sus asesores.

    En la entrevista que realizó el pasado 22 de septiembre para Vanity Fair también hubo un hueco para este asunto y, cuando le preguntaron sobre por qué no difundía su currículum y los nombres de sus colaboradores respondió tajante: “El currículum se ha publicado varias veces, puede consultarse en el BOE. En cuanto a los asesores, todos los ministerios lo hacemos con arreglo a la Ley de Transparencia y a las normativas del Ejecutivo”.

    Como bien recogió el portal de noticias Newtral.es la Ley de Transparencia, que constituye los deberes de un “buen gobierno”,  no establece la obligación expresa de publicar quién es el personal de confianza de los ministerios. Tampoco aparecían los currículums o las retribuciones agregadas. Aún así, desde el Ministerio de Igualdad, respondieron a la petición de Newtral.es y les enviaron los datos completos de la plantilla de Irene Montero.

    Gracias a este informe, sabemos quienes son los integrantes del ministerio y sus sueldos. No obstante, «la información compartida no permite saber si, además del sueldo establecido, estos cargos tienen derecho a percibir otros complementos —destino, específico y de productividad— que hacen que estos sueldos puedan aumentar» según cuenta Newtral.es.

    Además, en esa información tampoco aparecen los currículos de muchos de ellos. Para justificarse, el ministerio ha argumentado que el currículum no es objeto de baremo para el nombramiento de los asesores. Esta respuesta ha sido muy criticada ya que si los miembros del gabinete ocupan un puesto público que, en consecuencia,  se retribuye con dinero público, lo lógico es que los ciudadanos tengan derecho a saber que están “capacitados”.

    Otro argumento frecuente que han utilizado las administraciones para no proporcionar informes a cerca de sus trabajadores es la protección de datos. Aquí el problema reside en que determinar si el interés público está por encima de ese interés individual de la protección de datos y más cuando se habla de personas que trabajan para organismos público, termina Newtral.es.

    Mientras tanto, seguimos esperando ese correo electrónico del ministerio de Igualdad o una voz al otro lado de la línea.