EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha publicado un decreto que rebaja del 25 % al 10 % el umbral para que el Estado supervise las inversiones no europeas en empresas estratégicas cotizadas fuera de la UE.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno francés, con el respaldo de un informe parlamentario que pedía un «cambio radical de enfoque» para reforzar la seguridad económica.
- ¿Qué impacto tiene? La medida endurece el filtro contra adquisiciones oportunistas y podría acelerar el debate sobre un mecanismo de control unificado en la UE, con implicaciones directas para España y sus sectores estratégicos.
Francia ha dado este domingo un paso más en la escalada proteccionista europea. El Gobierno de Sébastien Lecornu publicó un decreto que rebaja al 10 % el umbral de control sobre las inversiones extranjeras en sectores estratégicos cuando la empresa cotiza en un mercado regulado fuera de la Unión Europea. Hasta ahora, la supervisión estatal se activaba solo si un inversor no europeo adquiría al menos el 25 % del capital.
La decisión, que se ha venido gestando tras un informe parlamentario muy crítico con la «ingenuidad» francesa, afecta a todas las tomas de participación consideradas sensibles para la seguridad nacional. «Proteger nuestras empresas estratégicas es proteger nuestra soberanía», escribió el primer ministro en X, en un mensaje que resume el nuevo estado de ánimo en París. La pandemia y la guerra de Ucrania han convertido la autonomía estratégica en una prioridad de Gobierno, y Lecornu ha decidido mover ficha con un instrumento que ya existía desde 2019, pero que ahora se afila de forma notable.
Los sectores afectados y el nuevo procedimiento ultrarrápido
El decreto detalla que el control reforzado se aplica exclusivamente a empresas cotizadas fuera del territorio de la UE. El inversor no europeo deberá notificar su operación a la Dirección General del Tesoro francés. A partir de ahí, el ministro de Economía dispondrá de un plazo de diez días para decidir si la transacción exige un examen en profundidad. El objetivo es «protegerse de tomas de participación oportunistas», según el comunicado de Matignon, sin bloquear por completo la capacidad de las compañías para captar financiación internacional.
Los sectores estratégicos cubiertos por el filtro son los mismos que ya aparecían en el marco anterior: defensa, ciberseguridad, energía, agua, transportes, salud pública o tecnologías clave como la inteligencia artificial. Pero la bajada del umbral supone una transformación cualitativa: el Estado francés tendrá ahora autoridad para vetar la entrada de capital extranjero en empresas donde apenas se traspasa una línea de control del 10 %. Una barrera baja incluso para los fondos soberanos y los grandes grupos industriales que suelen moverse con participaciones minoritarias.
El filtro del 25 % se pensó para grandes adquisiciones; el del 10 % es un muro casi preventivo que cambia las reglas del juego para cualquier inversor no comunitario.
La novedad más llamativa quizá no es el porcentaje, sino el procedimiento acelerado. Hasta ahora, el control de inversiones extranjeras solía implicar meses de análisis. Con el nuevo esquema, el Estado puede reaccionar en días, algo inédito en Europa. Para los impulsores de la reforma, era indispensable: «Proteger no basta, también hay que dar a nuestras empresas los medios para crecer», defendió el diputado Jean-Louis Thiériot, coautor del informe que ha servido de base al decreto.
¿Un modelo que se extiende? España y Bruselas toman nota
En Moncloa.com hemos consultado fuentes de la Representación Permanente de España ante la UE, que confirman que el movimiento francés se ha seguido «con atención» en Madrid. «Francia está subiendo el listón y eso puede arrastrar al resto», señalan. España cuenta desde 2023 con un mecanismo de control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, pero el umbral de notificación sigue siendo mucho más alto: se activa a partir del 10 % del capital solo cuando la inversión supera los 500 millones de euros en determinados sectores críticos, o si el inversor es un Estado no europeo. En la práctica, la mayoría de las operaciones quedan fuera del filtro, lo que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa del Consejo de Ministros.
La Comisión Europea ya ha advertido en varias ocasiones que la fragmentación de los controles nacionales perjudica al mercado único. Sin embargo, el flanco proteccionista gana peso en el Colegio de Comisarios. La presidenta Von der Leyen ha defendido públicamente la necesidad de un «control eficaz de las inversiones estratégicas», y el reglamento FDI Screening aprobado en 2019, que establecía una cooperación voluntaria entre Estados, se ha quedado corto. Ahora, Bruselas prepara una revisión más ambiciosa, que podría incluir un umbral armonizado del 10 % inspirado, precisamente, en el modelo francés.
El Eje del Poder Europeo
El decreto de Lecornu no puede leerse solo como un gesto de soberanía nacional. Es también un movimiento dentro del tablero comunitario. El eje franco-alemán atraviesa un momento de tensión: Berlín sigue anclada en la ortodoxia de la competencia y se resiste a endurecer los filtros para no ahuyentar inversión externa. Pero París apuesta por una política industrial más dirigista, y cada vez encuentra más aliados en Roma, Madrid y, últimamente, en algunas capitales del este, preocupadas por la penetración de capital chino en sectores tecnológicos.
El impacto para España es doble. Por un lado, las grandes empresas españolas con presencia en Francia (Iberdrola, Indra, Telefónica, Acerinox) podrían beneficiarse de un entorno menos hostil frente a competidores no europeos, aunque también pueden verse arrastradas si el endurecimiento se generaliza y reduce la liquidez de los mercados. Por otro lado, la presión sobre el Gobierno español para alinear su propio mecanismo de control con el de París va a aumentar. Fuentes diplomáticas consultadas por Moncloa.com apuntan que las próximas reuniones del ECOFIN y del Consejo de Competitividad de septiembre serán «clave» para testar si este movimiento se convierte en norma europea o queda como una excepción francesa.
La historia reciente enseña que Bruselas suele seguir a los Estados que más presionan. Cuando París adoptó un control reforzado en 2019, la UE respondió en cuestión de meses con el primer reglamento común. Ahora, Matignon vuelve a tirar la piedra. El dato de esta semana puede parecer menor —un decreto que pasa de 25 a 10—, pero en el engranaje de las inversiones estratégicas es un giro que ningún país puede permitirse ignorar. Sobre todo uno como España, que aspira a repartirse los fondos del Next Generation sin ceder a la vez el control sobre sus joyas tecnológicas.
