Más Madrid ha llevado este martes a la Fiscalía Provincial documentos, partes médicos y fotografías que atestiguan situaciones de «malnutrición y maltrato» en la residencia de mayores del Ensanche de Vallecas, un equipamiento público gestionado de manera indirecta por Aralia.
«Los familiares nos han presentado informes en los que se acreditan esos problemas de desnutrición y falta de atención que han sido reiteradamente denunciados desde hace años. Es el momento de poner en manos de la Justicia estos hechos porque la situación en las residencias madrileñas, en las públicas, no puede seguir de esta manera ni un día más», ha explicado el concejal en Villa y Puente de Vallecas de Más Madrid, Paco Pérez, a las puertas de la Audiencia Provincial.
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha señalado que lo que han constatado acudiendo a la Justicia es «el fracaso de un modelo que se ha basado en precarizar los servicios públicos y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras».
El paso que ha dado hoy Más Madrid es llevar las «consecuencias» de eso a la Fiscalía, con «documentos, informes y partes médicos, fotografías» que las familias de los residentes les han hecho llegar y con los que «se constatan las condiciones de malnutrición, maltrato y nada dignas para unas personas, menos aún en plazas pagadas con dinero público», ha remarcado.
Maestre ha instado a cambiar este modelo de cuidado de las personas mayores porque «ha tenido consecuencias graves en la pandemia», por lo que es «urgente cambiarlo cuanto antes». En principio la elevación a Fiscalía únicamente afecta a la residencia del Ensanche de Valllecas, que es donde han tenido conocimiento de la situación que allí se vive. Si les llegaran casos similares en otras residencias de Madrid ampliarían el escrito y lo pondrían en conocimiento de la Fiscalía.
El diputado autonómico de Más Madrid Emilio Delgado ha cargado contra el Gobierno regional porque «es evidente que no han tenido ni tiempo ni ganas en los últimos 30 años para levantar una auténtica red pública de residencias de mayores, ni de supervisar a las empresas a las que ha endosado estos trabajos.
«El resultado es que doce empresas, mayormente participadas por ‘fondos buitre’, gestionan el cuidado de las personas mayores como gestionan los aparcamientos de las viviendas públicas, es decir, en función del beneficio», ha manifestado Delgado.
El diputado ha argumentado que la forma que tienen estas empresas de «asegurarse beneficios es recortar en plantilla, en recortar en condiciones de vida de las personas mayores en higiene, limpieza y alimentación».
La vocal vecina portavoz de Más Madrid en Villa de Vallecas, Paloma Bravo, ha señalado que la residencia del Ensache registra casos, como alertan los familiares, de «desnutrición y deshidratación, con falta de asistencia, con personas con heridas, en situación de maltrato reiterado por parte de un personal que es escaso y que no puede atender las necesidades de la población vulnerable».
«NO SE PUEDE NEGOCIAR CON LA VIDA DE LAS PERSONAS»
«No se puede negociar con la vida de las personas, que tienen que tener un final de sus vidas digno», ha defendido. Sus palabras han sido apoyadas por Mari Carmen de la Encina, hija de Juana Carpintero, residente en el equipamiento del Ensanche desde hace algo menos de un año.
Explica que la peor parte se la lleva la comida. «Hay mucha desatención porque ella no puede comer y muchas veces la comida pasa para ir a la basura», ha descrito. De los trabajadores dice que «hay gente que se esfuerza y mucho, no se les puede echar la culpa a ellos de todo».
José Antonio es hijo de Natividad Sánchez, residente en el Ensanche desde hace cuatro años. Como cada vez veían más delgada a su madre, sus hermanas y él, trabajador en una residencia de mayores «cien por cien pública», decidían turnarse para darle la cena cada noche hasta que llegó la pandemia.
BATIDOS CADUCADOS
«Nos percatamos de que los batidos que le daban estaban caducados, algo que ya denunciamos, porque si la caducidad era hasta noviembre, vimos que se los daban en enero», ha indicado. Asegura que la residencia está «estructuralmente muy bien pero no hay personal y no pueden atender a los residentes».
Así, «el que hace la cama le da de comer y también friega. Hay noches en las que no hay enfermeras ni médico», a lo que suma que durante la pandemia han sido «desinformados». «Ahora se aprovechan porque no podemos ni visitarlos, no sabemos cómo les están tratando. Esta residencia tiene bastantes antecedentes para estar encima de ellos y ahora es imposible», ha lamentado el hijo de una de las residentes.
«El dinero es el que manda», ha resumido, después de calcular que se necesitarían unos seis profesionales por planta cuando la realidad es que «no se ve más que a cuatro, cinco» como mucho.
«Hacen la cama, llevan la comida… y todo con el mismo uniforme», ha descrito, después de relatar cómo vio una mancha en la habitación de su madre durante 15 días. También calcula que antes de la pandemia «serían unos 140 abueletes y ahora quedan cien o noventa y tantos».
