Unidas Podemos, por medio de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias, ha reclamado en el seno de la coalición que el Gobierno impida «de forma efectiva» los desahucios y los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma.
Concretamente, ya ha planteado a la parte socialista del Ejecutivo la necesidad de articular medidas normativas encaminadas a la prohibición de todos los desahucios por impago de hipotecas, cuando la familia no tenga alternativa habitacional. También en el caso de lanzamientos por impago o finalización de contrato de alquiler, excepto cuando el dueño del piso sea «una persona en situación vulnerable».
Según han explicado fuentes de la formación morada, se exige además impedir desahucios de aquellas familias que estén en situación «precaria» y «sin alternativa habitacional» cuando vivan en pisos de «grandes tenedores» de vivienda, como fondos de inversión o bancos. A ello se suma la prohibición de los cortes de todos los suministros.
Desde Unidas Podemos están a la espera de que el lado socialista del Ejecutivo responda a esta demanda formal de evitar los desahucios en todo su espectro. Se trata de un requerimiento más en materia de vivienda, que se suma a la regulación de los precios del alquiler comprometida en el acuerdo sobre Presupuestos.
Y es que entienden que en «pleno estado de alarma», con toque de queda y confinamientos parciales decretados desde las autonomías, «no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios».
También ven contradictorio el pedir a la población medidas higiénicas ante el Covid-19, como el lavado permanente de manos, cundo existen cortes de estos suministros básicos y enfatiza que para que una vivienda pueda considerarse «digna» debe tener «garantizados» servicios como agua, luz y calefacción.
Actualmente los desahucios están prohibidos hasta 31 de enero solo para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad por los efectos del Covid-19.
Sin embargo, en Unidas Podemos contrastan que en las últimas semanas se están ejecutando «muchos desahucios» de familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, con algunos casos «muy graves» con menores a su cargo.
PODEMOS YA APELÓ AL PSOE: «ES HORA DE SER VALIENTES»
El Ejecutivo acordó a finales de septiembre prorrogar hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas «abusivas» en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado ‘escudo social’ para paliar las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19 en la población más vulnerable.
No obstante, la imposibilidad genérica de acometer el corte de suministros básicos quedó fuera de dicha ampliación refrendada en el Consejo de Ministros, pese a que la formación morada insistió en extender la vigencia para impedir dichos cortes de electricidad, gas o agua.
Precisamente, el pasado lunes Podemos, a través de sus portavoces Rafa Mayoral e Isa Serra, ya apeló a su socio de Gobierno a ser «valientes» y ampliar reforzar el ‘escudo social’ con el despliegue medidas que impidan, de forma efectiva, desahucios y cortes de suministros básicos a la población vulnerable en plena pandemia.
«Un gobierno que se dice progresista tiene que hacer lo posible para que no haya desahucios en estos momentos», señalaron entonces para apuntar también que bancos y fondos debían también colaborar para poner a disposición viviendas vacías.
Además, varios colectivos sociales en defensa de la vivienda se concentraron este miércoles frente al Congreso para pedir que se acaba con la «pandemia de los desahucios», prohibiéndolos «como mínimo hasta el fin de la emergencia sanitaria» y alertaron de la situación «crítica» de la Comunidad de Madrid.
Así, cifraron en 250 el número de desahucios diarios en el mes de junio y exigieron al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el «fin» de los lanzamientos, pues ven «absolutamente inadmisible» que se sigan produciendo.
PONE EL FOCO EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA
Unidas Podemos ha puesto el acento en las cuestiones sobre la protección del acceso a la vivienda, sobre todo a raíz de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el compromiso en la coalición de llevar al Congreso una propuesta de regulación del precio del alquiler en un plazo de cuatro meses.
Y es que consideran clave en un contexto de pandemia garantizar que la población dispone de alojamiento asegurado, algo esencial como medida de salud pública frente al Covid-19.
Pero además consideran que existe un consenso parlamentario al respecto y permitirá afianzar, si no ampliar, el denominado ‘bloque de investidura’ para sacar adelante las cuentas públicas y dar estabilidad a la legislatura.
