El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha manifestado que el proyecto de ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez «era muy perjudicial para España y para la Comunidad desde el principio, pero la tramitación parlamentaria lo está empeorando cada día», al tiempo que ha destacado que «leer las novedades de ese proyecto parece una novela de terror por entregas».
El responsable regional de Educación, durante una intervención en la Asamblea para responder una pregunta, ha criticado que el Gobierno central, «mientras la sociedad española está muy preocupada por la pandemia, sigue tramitando el proyecto con nocturnidad y alevosía».
A su juicio, «en vez de procurar la unión de los españoles», el Gobierno de Sánchez está atentando «contra el pacto constitucional en materia educativa», a pesar de que «el propio Ministerio ha admitido para vergüenza todos que una parte se declarará inconstitucional».
«Los trabajos realizados en la ponencia están convirtiendo la Ley en un auténtico despropósito», ha proseguido Ossorio, quien ha asegurado que «el conglomerado de grupos parlamentarios ‘Frankenstein’ que apoyan a este gobierno», en alusión a Podemos, ERC y Bildu, «quieren aniquilar» el sistema educativo español.
Ossorio ha afirmado que «van contra el español, porque «pretenden eliminar que sea lengua oficial y vehicular» a los efectos educativos; «contra la concertada, castigando de forma rancia y trasnochada al 30 por ciento de familias que eligen esa forma de educación» y «contra la libertad de elección, eliminando políticas como el distrito único, que permiten en Madrid que el 94 por ciento de las familias tengan a sus hijos matriculados en los centros que solicitaron en primera opción».
«La izquierda pretende obligar a las familias a matricular a sus hijos en los centros más cercanos a sus casas, en los de sus barrios ¿Y ustedes nos hablan de segregación? No puede haber política más segregadora que esa», ha señalado.
Asimismo, ha agregado que «van contra las familias numerosas, quitando los puntos adicionales que tenían para elegir centro», y «contra la excelencia y la cultura del esfuerzo, porque limitan el número de repeticiones y quieren generalizar el aprobado general».
A su juicio, el proyecto también actúa «contra la independencia del cuerpo de inspectores», ya que «quieren suprimir la oposición para acceder al cargo para que sean manipulables», y «contra la educación especial, porque siguen queriendo suprimir en 10 años este tipo de educación».
«Después de esta horrorosa transformación la LOMLOE o Ley Celaá debería cambiar su nombre por la LOCIR, la Ley Orgánica de Celaá, Iglesias y Rufián», que son «las autoridades educativas que inspiran esta norma».
Por último, Ossorio ha concluido dirigiéndose a los diputados del Grupo parlamentario socialista, a quienes ha recordado que «en el nombre de su partido aparece la palabra «español», ¿no se avergüenzan después de todo lo que están haciendo?».
