El presidente del PP, Pablo Casado, acudirá este jueves a una mesa para firmar contra la reforma educativa conocida como ‘Ley Celaá’ dentro de la campaña que ha abierto el Partido Popular contra esta norma, que este mismo jueves prevé aprobar el Pleno del Congreso, según han informado fuentes ‘populares’.
De hecho, el PP iniciará a partir de este jueves una ofensiva en toda España contra esta reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que incluirá actos de sus cargos con los sectores implicados en cada provincia y recogida de firmas en la calle. Todo ello servirá de base al recurso que la formación va a presentar ante el Tribunal Constitucional.
Además, el partido de Pablo Casado ha decidido sumarse a las manifestaciones que ha convocado la concertada este fin de semana en toda España, a las que tienen previsto asistir miembros de la cúpula de la formación, según han señalado las fuentes consultadas.
Por lo pronto, este jueves la Plataforma Mas Plurales volverá a pedir la retirada de esta ley frente al Congreso, coincidiendo con la votación en el Pleno del dictamen elaborado por la Comisión de Educación. Y el domingo 23 se celebrarán en Madrid y numerosas ciudades de todo el territorio nacional manifestaciones en defensa de la libertad de enseñanza y contra la ‘Ley Celaá’.
En ‘Génova’ quieren movilizar a todos sus cargos contra esa reforma educativa. Este jueves por la tarde ya realizarán un webinario vía telemática para instruir a los suyos acerca de por qué el PP rechaza esta ley; y el viernes, los miembros de la dirección del partido y sus parlamentarios realizarán ruedas de prensa y reuniones con colectivos de educación especial y concertada en sus respectivas circunscripciones.
RECOGIDA FIRMAS EN LA CALLE
El Partido Popular impulsará además su campaña de recogida de firmas en la calle por toda España que servirá de base para el recurso contra la norma que va a presentar ante el Tribunal Constitucional.
Este jueves será el propio Pablo Casado el que acuda a firmar contra la ‘Ley Celáa’ en una mesa instalada cerca del Congreso de los Diputados. Hace unos días ya hizo lo propio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, en una mesa en el distrito de Salamanca.
La dirección del PP ha implicado a toda su estructura territorial en esa campaña de recogida de firmas para «parar» la norma. «Ayúdanos a parar la ‘Ley Celáa’. Porque a todos –familias, centros, docentes y alumnos– nos une el mismo objetivo: un sistema educativo de calidad que contribuya a una sociedad mejor», asegura el PP en el texto que la Vicesecretaría de Organización del PP ha trasladado a todos sus presidentes provinciales.
Según el PP, la reforma educativa de PSOE y Unidas Podemos supone «la imposición de un modelo único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual». Sin embargo, considera que aún se está a tiempo de pararla.
«Aún estamos a tiempo. No permitas que el Estado decida por ti. Defiende junto a nosotros una escuela inclusiva con todos y para todos. Una escuela plural y democrática en la que podamos ser más iguales, más plurales, más libres».
PREPARA MOCIONES PARA LLEVARLAS A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS
Esta ofensiva del PP por toda España irá acompañada de una campaña en redes sociales que el partido ya ha impulsado bajo la etiqueta ‘#StopLeyCelaá’ a favor «del derecho constitucional a estudiar en castellano, por el de los padres a elegir el modelo educativo y por una educación sin sectarismos».
Además, la Vicesecretaría de Territorial del PP está preparando una moción que recogerá todos los argumentos del partido contra esa reforma de Pedro Sánchez y que llevará a todos los ayuntamientos y Parlamentos autonómicos de España con el objetivo de que el PSOE y los demás partidos «se retraten», según los ‘populares’.
El PP también se ha adherido al ‘Manifiesto Más Plurales’ que promueve la plataforma Más Plurales –que engloba a profesionales, colegios y familias– y que sostiene que esta reforma educativa es «fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad» del sistema educativo, «que es clave en una sociedad democrática».
