La Comisión del Estatuto del Diputado ha aprobado este jueves un dictamen favorable a conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigar al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, una decisión que ha contado con el apoyo de todos los partidos presentes en la reunión y que se elevará al Pleno para su ratificación el 17 de diciembre.
El magistrado del Supremo Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014. El diputado de Podemos se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa.
El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta –o delito leve– de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).
Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar cuando llega a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que tampoco en este caso se van a agotar.
El primer paso se dio el 30 de noviembre con la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, que lo calificó con el apoyo de todos los miembros del órgano de gobierno de la Cámara. También se tramitó sin problemas el 3 de diciembre en la Comisión del Estatuto del Diputado, que abrió un plazo para que Rodríguez presentara sus alegaciones bien de forma presencial o por escrito a más este jueves.
Pero como el diputado ha renunciado dar su versión, este órgano ha podido adoptar una decisión este mismo jueves, dejando resuelto el asunto para que el Pleno ratifique la concesión del suplicatorio el próximo 17 de diciembre, en la única sesión plenaria inicialmente prevista para este mes.
Aunque la Comisión del Estatuto del Diputado se reúne a puerta cerrada, tanto Unidas Podemos como el PSOE ya habían avanzado que votarían a favor. En concreto, la portavoz socialista, Adriana Lastra, comentó que los socialistas actuarían como siempre, dejando que el Supremo «haga su trabajo».
De su lado, su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, señaló que lo apoyarían para que su compañero pueda defenderse en sede judicial. «Alberto Rodríguez no tiene ningún problema en acudir al Supremo para demostrar que esa acusación es falsa y en ese sentido vamos a votarlo», indicó.
Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).
En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.
Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.
En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante; y el también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
