Sergio García, de Podemos, no atacará en su ley ni el maltrato animal en la caza ni en los toros

  • Sergio García Torres no acabará con ese “excepto” que permite la caza y los toros en España.
  • Propone una ley estatal que deja fuera a la caza y a los toros, que seguirán siendo competencia de cada comunidad.
  • Se ha propuesto un DNI animal obligatorio para controlar los animales de compañía y reducir su abandono.
  • Sergio García Torres no acabará con ese “excepto” que permite la caza y los toros en España. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha sacado a consulta pública su Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal cuyo objetivo es alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de las mascotas. No obstante, el de Podemos se lava las manos ante uno de los puntos más polémicos respecto a los animales.

    Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aseguran que el Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal pretende situar a España a la altura de otros países “de nuestro entorno” que han adaptado sus legislaciones a las recomendaciones procedentes de organizaciones e instituciones de reconocido prestigio en materia de bienestar animal. Señalan lo establecido en el artículo 13 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea por el cual se consagra el concepto de bienestar de los animales, en tanto que son seres dotados de sensibilidad. En base al cual se ha desarrollado normativa relacionada con el bienestar de animales de granja, en explotaciones ganaderas e incuso en núcleos zoológicos, si bien no existe un marco regulatorio que garantice el bienestar de los animales de compañía, domésticos o salvajes en cautividad.

    La finalidad de la norma es alcanzar el máximo nivel de protección y bienestar de los animales, fundamentalmente de aquellos de compañía y los que se encuentran bajo la responsabilidad de las personas. Entre los objetivos del marco de regulación aparece el de promover la tenencia y convivencia responsable, luchar contra el maltrato, establecer un marco de obligaciones para Administraciones Públicas y ciudadanos o promover campañas de esterilización e identificación, entre otras.

    Una de las medidas que más ha llamado la atención de este nuevo código, relativa a la identificación, es la posible implementación de un DNI animal obligatorio cuyo objetivo sería controlar los animales de compañía en España y evitar su abandono, la crianza ilegal y demás irregularidades. De esta forma el Ejecutivo tendría un control de la vida de la mascota y de su salud. Una medida que no sustituirá al microchip.

    La pretensión del Gobierno es unificar la información existente en los registros de identificación, hasta ahora de ámbito autonómico, y ampliar los datos solicitados. Otra de las novedades es la propuesta de la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para animales de compañía que, hasta ahora, solo es obligatorio para los perros incluidos en el listado de razas peligrosas.

    De aprobarse el Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, que se encuentra en fase de consulta pública, se convertiría en una norma de rango estatal que regularía los aspectos básicos relativos al bienestar y protección de los animales que conviven con los humanos. Hasta ahora, han sido las comunidades autónomas las que han tenido plena competencia en este aspecto. Salvo en los puntos relativos a la caza y los toros, donde cada territorio sería el responsable. ¿Qué ocurriría entonces con los perros de caza?

    Para muchos, las condiciones en las que son criados estos animales podrían ser consideradas como maltrato, por lo que los cazadores podrían tener serios problemas en este aspecto. No es difícil imaginar que este gremio cometiera irregularidades con el fin de burlar las nuevas directivas y no hacerle a los perros el famoso DNI. Una infracción que García Torres ya parece haberse planteado y que parece que se va a solucionar como ha venido haciéndose hasta ahora.

    Los toros: un bien blindado

    La tauromaquia y los toros tienen un tratamiento muy distinto según el sitio de España en el que estés: mientras que en Canarias, Cataluña o Baleares están prohibidas las corridas, en territorios como Madrid, Murcia o Castilla-La Mancha están considerados un Bien de Interés Cultural.

    ¿Cuál es la situación legal en España entonces? La tauromaquia se recoge como bien cultural desde 1991, mencionado por el Supremo en 1998. Más tarde, se aprobó una ley por la que se protegía la tauromaquia. Paralelamente se elaboró otra por la que se le concedía a esta fiesta el «título» de Patrimonio Cultural Inmaterial. Según la Ley de Patrimonio Histórico, el Estado tiene la obligación de promocionar y facilitar el acceso a los toros como parte del conocimiento cultural de los españoles.

    Ahora bien, ¿qué potestad tendría la nueva ley de Bienestar Animal respecto a los toros? En base a lo establecido en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, esta se define como patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, estableciendo un deber de protección y conservación y el principio de participación y colaboración entre las Administraciones públicas. Es decir, que no se podría intervenir la fiesta como si nada.

    ¿Cómo han podido prohibirse las corridas en algunos territorios de España? En Cataluña viene de lejos. Concretamente, en el año 1988 con la nueva ley de protección de los derechos de los animales. En 2004, con Joan Clos a la cabeza de la alcaldía de Barcelona, la ciudad condal se declaraba antitaurina. En  julio 2009 la paltaforma Prou presentó en el Parlament una iniciativa legislativa popular para prohibir las corridas. En diciembre de ese mismo año, el Parlamento de Cataluña admitió a trámite esa propuesta con 67 votos a favor por parte de los diputados, 59 en contra y 5 abstenciones. El 28 de julio de 2010 la Generalitat, con Jose Montilla de presidente, prohíbe las corridas de toros a partir del 1 de enero de 2012.

    Cuatro años después de esa prohibición, en 2016, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la prohibición taurina en Cataluña. No solo en esta comunidad, también en Baleares donde se llegó a eliminar la fiesta. En abril de 2016, el parlamento balear aprobó una ley para prohibir los toros ese mismo año. No obstante, en noviembre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó recurrir la ley ante el Constitucional, donde fue declarada anticonstitucional y anulada en 2018.

    Todo parece indicar que el Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal de Sergio García Torres no cambiará estos polémicos puntos respecto a este maltrato, para unos, y fiesta nacional, para otros. Habrá que seguir esperando.