El diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde y presidente de la Comisión para la Transición Ecológica el Congreso ha pedido la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), José María Serena i Sender, después de que este haya informado de presuntas presiones para que el regulador de el visto bueno a solicitud de autorización de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca).
En una carta del presidente del CSN a López de Uralde, le informa de «solicitudes e insinuaciones impropias» que el regulador –que rinde cuentas ante el Parlamento– considera «conveniente» hacerle llegar.
Además, Serena i Sender en su misiva, firmada el 26 de enero, adjunta cinco cartas recibidas por el regulador entre julio de 2019 y enero de 2021. «Todas ellas» están relacionadas con la evaluación de la solicitud de informe sobre la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio en la provincia de Salamanca, propiedad de la multinacional australiana Berkeley.
«Estas cartas contienen en nuestra opinión, solicitudes e insinuaciones impropias, que este organismo regulador considera conveniente hacerle llegar», informa.
La primera de las cartas está firmada en julio de 2019 por el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, quien tutea en su misiva al presidente del organismo regulador para recordarle que el proyecto acumula desde 2012 un total de 130 autorizaciones e informes favorables del CSN, al que elogia que ha estado «sumamente involucrado en todo el proceso» desde el origen sin que hasta la fecha haya emitido ningún dictamen contrario.
Pero el responsable de minas castellanoleonés se queja de no recibir información desde hace meses al respecto a pesar de las numerosas peticiones «formales» que también enumera. «Desde entonces, por motivos que, lamentablemente, no parecen exclusivamente técnicos, la tramitación se ha detenido», añade el responsable autonómico que recuerda que no hay ningún informe contrario. Asimismo, destaca que Berkeley minera ya ha invertido 80 millones de euros para el proyecto que puede generar, junto a otras solicitudes de actividad minera en la zona, un importante impulso a la actividad económica y laboral de la zona.
Por ello, pide que el informe se eleve «urgentemente» al pleno del CSN «ya que se está retrasando la nueva actividad económica y el empleo que la mina va a crear en Salamanca».
La segunda de las cartas que el regulador recibe, el 16 de octubre de 2020 está firmada por el presidente ejecutivo de Berkeley Minera España, Francisco de Paula Bellón, quien le una reunión «a la mayor brevedad» para «comentar y aclarar» el estado de la tramitación y conocer «de forma definitiva la fecha final en la que se emitirá el informe preceptivo» que el CSN tiene que emitir sobre este expediente.
En la misiva le recuerda que el 18 de noviembre de 2016, el CSN envió al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital un escrito en el que se señalaba que el plazo necesario para emitir el informe era de dos años, un plazo superado «abrumadoramente». Y le advierte de que este «dilatado tiempo» está generando «preocupación» en la compañía minera y sus accionistas.
También una misiva de la Federación Internacional de Inversores le pide el 31 de diciembre al presidente del regulador que se pronuncie «rápidamente» y que sin mayores retrasos manifieste su «acuerdo» con la concesión basándose en criterios «exclusivamente técnicos y sin interferencias políticas ni mucho menos consideraciones ideológicas u otras influencias» como resultado del actual borrador de la presente planificación española en materia de cambio climático que plantea prohibir la exploración minera de uranio.
Le avisan también los inversores de que no hacerlo sería «inconstitucional» y socavaría la confianza en la seguridad y garantías sobre la propiedad en España, al tiempo de que «una acción contraria» conllevará «con seguridad numerosos conflictos legales» como consecuencia de la falta de diligencia del Consejo de Seguridad Nuclear, incluso, añade, en tribunales internacionales.
Mientras, el socio director de Herbert Smith Freehills Spain, Miguel Riaño, la firma de abogados de Berkeley Minera en España, se dirigió a Serena i Sender el 10 de diciembre pasado para pedirle también una reunión para conocer la situación del expediente y expresarle que «dejando al lado» un debate sobre los motivos de la demora, sería «muy beneficioso» para todos los actores involucrados en el CSN que se pudiese pronunciar con carácter «inmediato y, en cualquier caso, previamente» a la aprobación de la ley de cambio climático y transición ecológica.
De esta forma, confía en que se evitaría que una decisión «puramente técnica» se pueda ver indirectamente afectada por una enmienda de la ley que, asegura la carta del representante legal, es «inconstitucional y expropiatoria». El abogado avisa: «De aprobarse nos llevará a reclamar cuantas responsabilidades nos ampare el Estado de Derecho».
No obstante, confía en que la decisión del CSN no se vea «contaminada» por un debate «ideológico» que «nunca» puede.
La quinta de las cartas, de la directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), María Fernández Conradi, el 7 de enero, manifiesta al presidente del CSN la preocupación de los pequeños accionistas por el retraso en «la concesión definitiva de la autorización solicitada» –sin plantearse un dictamen contrario– sobre todo ante la tramitación de la ley de cambio climático cuyas enmiendas podrían «truncar» el proyecto.
Por ello, le pide «la diligencia debida» y que «sin mayor dilación adopte el acuerdo de concesión, exclusivamente teniendo en cuenta criterios técnicos» y «sin injerencia alguna de consideraciones o influencias políticas y mucho menos ideológicas».
ACCIÓN DEL ESTADO ANTE AMENAZAS Y PRESIONES
Por su parte, el presidente del CSN, además de remitir la información a la Comisión parlamentaria pertinente, informa a su presidente, López de Uralde, de que ha puesto estas misivas en conocimiento de la Abogacía del Estado.
El propio Uralde, en calidad de diputado de Unidas Podemos, ha registrado la solicitud de comparecencia del presidente del regulador nuclear para que éste, en sede parlamentaria, explique estas «presiones y pueda denunciar estas prácticas inaceptables» que demuestran «cómo los poderes económicos tratan, una vez más, de condicionar el normal desarrollo de la actividad de los representantes políticos, democráticamente elegidos».
Para López de Uralde estas presiones son «inaceptables» y «contienen «amenazas veladas» de la minera para frenar la acción legislativa del Congreso». «Si Berkeley quiere sustituir a los representantes políticos en el Congreso, que se presente a las elecciones», ha sentenciado.
Desde las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF instan al CSN a que «haga caso omiso» a las presiones y cumpla su cometido de garantizar con total independencia la protección radiológica de la población y el medio ambiente.
Así, rechazan y condenan las presiones para la pronta resolución de la explotación de una mina de uranio a cielo abierto y a la construcción de una fábrica de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca) a la que se oponen.
Recuerdan también que han denunciado «en innumerables» ocasiones el «peligroso» proyecto y las «constantes irregularidades» en su tramitación al tiempo que respetan su «escrupuloso respeto hacia las decisiones del CSN», organismo al que piden que mantenga su «total independencia» y «máximo rigor técnico» ante estas «maniobras antidemocráticas y contrarias a la mínima ética empresarial».
