El pueblo de la Sierra de Madrid capitaneado por la alcaldesa popular Irene Zamora desde 2019, y antes por María Rubio, también del PP, lleva durante un largo periodo de tiempo infringiendo la ley con sus contratos a trabajadores públicos. Estas irregularidades laborales se han producido en varios servicios públicos de Collado Mediano, como son la escuela municipal de música y la «Casita de Niños», la escuela infantil comunitaria. Los tribunales han dado la razón a numerosos empleados, sin que ello haya escarmentado a la Administración.
En 2019, el Juzgado de lo Social Nº1 de Madrid se posicionó en favor de cuatro profesores de la escuela municipal de música de Collado Mediano, después de que estos denunciaran por llevar varios años con contratos temporales pese a actuar como indefinidos, encima de no recibir complementos salariales, con pagas extra no abonadas y vacaciones no disfrutadas. La Justicia estudió el registro de contrataciones durante un periodo de cinco años.
El Ayuntamiento de Collado Mediano, en época de la alcaldesa María Rubio (PP), les tenía contratados como administrativos de gestión de servicios, toda una aberración legal según abogados consultados, que implica para los afectados no disfrutar de Seguridad Social. Así, las fuentes consultadas por MONCLOA.com lo tienen claro: eran contratados como «falsos autónomos».
Sus contratos terminaban cada verano, y se les hacía otro nuevo a comienzos de cada curso, pese a llevar trabajando en la escuela de música durante varios años. De esta forma, y tal y como reza uno de los documentos jurídicos: «Numerosas sentencias han declarado el abuso en el encadenamiento de los contratos y en la utilización masiva de modalidades contractuales temporales diversas«.
El Juzgado concluyó que estos empleados públicos mantenían, efectivamente, una relación laboral indefinida no fija con la escuela pública, por lo que se obligó al Ayuntamiento a compensar económicamente a cada trabajador por todos los años en los que se mantuvieron estas irregularidades en su contratación.
A esta sentencia se suma otra que declaró despido improcedente el de otro extrabajador de la escuela en junio de 2017, por la que el consistorio tuvo que pagar 794,90 euros más un 10% de interés de mora.
EL AYTO HIZO CONTRATOS ILEGALES DURANTE AÑOS
«Sabemos que esto se está haciendo», infieren fuentes internas del consistorio sobre esta mala praxis. «La secretaría del Ayuntamiento le da el visto bueno» a estas contrataciones, explican, además de admitir que «la gestión va a costar» dinero público, por la cantidad de sanciones a las que ha tenido que hacer frente la Administración del PP en la localidad.
Debido a la penosa situación experimentada por la plantilla de la escuela municipal de Música, la Asociación de Músicos Profesionales de España (AMPE) solicitó a la Comunidad de Madrid una Inspección de Trabajo, para el total de los doce trabajadores que formaban la plantilla de la escuela en aquel momento.
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL, AL LÍMITE
En la guardería pública de Collado Mediano, la única de este tipo en el pueblo madrileño, han ocurrido atropellos legales muy similares.
En 2019, el Juzgado de lo Social Nº16 de Madrid respaldaba a una maestra de «La Casita de Niños«, que denunció por despido improcedente en julio de 2019, dado que el Ayuntamiento acostumbra a despedir en los meses de verano para volver a contratar en septiembre, ahorrándose con ello la Seguridad Social correspondiente. Lo mismo le ocurrió en los veranos de 2017 y 2018.
Así, el tribunal confirmó que la docente había sufrido un despido improcedente, al tratarse de una relación laboral «indefinida no fija discontinua». Los contratos laborales que le habían hecho firmar hasta el momento a la afectada eran eventuales por circunstancias de la producción. Un tipo de contrato que no responde a la verdadera relación laboral de la denunciante con el Ayuntamiento, y que supone fraude de ley. Por esta mala praxis, el consistorio tuvo que pagar una indemnización de 3.913,40 euros, castigo que sale, como el resto, de la hucha del contribuyente.
De esta forma, el Ayuntamiento cae en un irresponsable derroche, al no haber cambiado su política laboral en años pese a acabar suponiendo el pago de compensaciones por lo que podría haberse hecho bien desde un principio.
Paralelamente, otras dos empleadas de la guardería también denunciaron una «injustificada» modificación sustancial de sus condiciones de trabajo tras ver reducidas sus jornadas a 28 horas semanales en 2016. De nuevo, recibieron el visto bueno de la Justicia. Sufrieron este trato por parte del Ayuntamiento pese a tener antigüedades que datan de 2007 y 1999.
LA ALCALDESA SE DEFIENDE
Con todo ello, la alcaldesa Irene Zamora puntualizó a MONCLOA.com que estos litigios responden al periodo de la anterior regidora María Rubio, por lo que prefiere no hacer más comentarios al respecto.
Asimismo, Zamora advierte que la defensa del Ayuntamiento ni siquiera se presentó al juicio por la demanda de los cuatro trabajadores de la escuela de música, explicando que el bufete se encontraba en proceso de licitación. Debido a esto, el consistorio impuso un recurso a la sentencia, que no obstante, también perdió.
Por parte del PP de Madrid, su portavoz explica que la alcaldesa, elegida democráticamente, «cuenta con el respaldo del partido», y que, respecto a las sentencias, «habrá que respetar» lo que dictamine la Justicia.
