Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han rechazado de forma «profunda» la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre) y han reclamado al Gobierno para que abandone la política de «imposición» de una iniciativa que daña «gravemente» los intereses generales de los ciudadanos de estas cuatro regiones, en unos momentos en los que lo que procede «no es dañar al castigado medio rural sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido».
En un comunicado conjunto, han rechazado de forma unánime la propuesta presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la inclusión del lobo en esta categoría y han denunciado que supondrá un «gravísimo» problema de gestión para estos territorios, que albergan más del 95 por ciento de los lobos de España.
Junto a estas cuatro Comunidades Autónomas, se han opuesto a las pretensiones del Ministerio Andalucía otras regiones como Madrid, Murcia y País Vasco, mientras que Navarra ha solicitado que la decisión se dejase para una ocasión posterior, a la búsqueda de los necesarios consensos, renunciando a participar en la votación, la misma postura adoptada por la Comunidad Valenciana.
En una segunda y definitiva votación, ocho comunidades se han mostrado en contra de la propuesta del Ministerio y ocho a favor, entre ellas algunas Comunidades que nunca podrán tener al lobo en su territorio, ni enfrentarse a su gestión, por razones meramente geográficas. Finalmente, el voto a favor de su propia iniciativa del representante del Ministerio en la Comisión, ha llevado a la propuesta de inclusión del lobo en el Listado, explica la Junta.
Sin embargo, en una primera votación que se había saldado con empate a siete votos, tres abstenciones y dos comunidades que no quisieron participar en la votación, el Ministerio pretendió usar el voto de calidad para inclinar la balanza a favor de sus pretensiones, algo que los propios servicios jurídicos del Ministerio rechazaron, de igual forma que no consideraron adecuado, como pretendió en una primera instancia el Secretario de Estado de Medio Ambiente, presente en la reunión, que la decisión final ante el empate la adoptase la Ministra Ribera, explica el comunicado.
Los directores generales de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, en sus intervenciones, pusieron de manifiesto que por vez primera, un Ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas Comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de una especie.
Las cuatro Comunidades se han opuesto a la pretensión del Ministerio desde el primer momento en que se planteó el informe del Comité Científico, y lo han hecho de forma reiterada en los órganos técnicos basándose en informes técnicos y científicos que merecen, apuntan, el «máximo respeto».
«Durante la reunión de la Comisión Sectorial, ni el Ministerio ni ninguna de las Comunidades Autónomas que han apoyado la propuesta ministerial han presentado documentos que avalen su postura o contradigan los informes técnicos que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han enviado al Ministerio y a las demás Comunidades», añade la Junta.
El único aval científico que en su día presentó el Ministerio fue en el informe de un Comité Científico que, de entrada, rechazaba la pretensión de la organización ecologista que ha iniciado este proceso de catalogar el lobo como especie amenazada, precisamente porque no se acreditaban ninguna de las condiciones que determinan esa consideración ya que las poblaciones de lobo en España está acreditado técnica y científicamente que han aumentado en área de distribución y en número de ejemplares de forma «muy importante» en los últimos 20 años.
«Sorprendentemente, y sin ningún criterio que tenga que ver con la conservación o la gestión de la especie, ese mismo Comité sí recomienda que el lobo sí sea incluido en el Listado de Especial Protección por su importancia como patrimonio natural, científico, así como por los servicios ambientales que produce en los ecosistemas, argumentos que son perfectamente compatibles con la gestión que vienen realizando nuestras Comunidades y que, de hecho, se recogen en nuestros planes de gestión», matiza el comunicado.
El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha opuesto a las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica con argumentos «muy similares» a los expuestos por las cuatro Comunidades.
SERVICIOS JURÍDICOS
Desde los Servicios Jurídicos de las cuatro Comunidades se analizarán las circunstancias que han rodeado esta sesión de la Comisión Estatal y el propio acuerdo adoptado, además de promover todos los recursos que estén a su alcance para impedir una decisión que no tiene «ningún fundamento técnico ni científico».
Además, han manifestado que esa decisión, de llevarse a término, puede vulnerar las competencias exclusivas en materia de gestión de especies y, especialmente, de gestión cinegética de las Comunidades Autónomas cuando la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas directamente con normas cinegéticas, o contemplando esa posibilidad en el correspondiente plan de gestión, además de suponer un gravísimo problema para la gestión de la propia especie y su imprescindible compatibilidad con la ganadería extensiva, una actividad económica clave para nuestros territorios rurales, generar alimentos de calidad y luchar contra el despoblamiento.
Los consejeros de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han expresado su profundo malestar con la actitud de la ministra Ribera y del secretario de Estado Morán, que ni siquiera han respondido a su solicitud de celebrar reuniones «al más alto nivel» para tratar ese asunto.
Así, lamentan la «falta de diálogo y consenso» por parte de los representantes del Ministerio y a la vez denuncian la «debilidad» de esta decisión alcanzada por una mayoría «muy ajustada y nada representativa» en cuanto a presencia del lobo en las diferentes Comunidades.
Los consejeros han recordado que son precisamente sus Comunidades las que hoy son y han sido las «auténticas garantes» de la conservación del lobo y responsables de la gestión de un conflicto en el que los principales afectados, que son los ganaderos y las zonas rurales, no gozan de la capacidad de influencia ante un Ministerio que también dice afrontar el «reto demográfico» y que sí parecen tener «ciertos lobbys ecologistas y animalistas».
«La postura que hoy ha defendido el Miteco va en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del lobo ibérico aprobada por ese mismo Ministerio con el consenso de todas las Comunidades en unos tiempos en los que la especie era menos muchísimo menos abundante que en la actualidad, y aun así se consideraba su conservación compatible con su consideración como cinegética, no atendiendo tampoco a las consecuencias legales y económicas que tendrá este cambio, en contra de las legislaciones de las Comunidades Autónomas», añaden.
Por lo tanto, los representantes de las cuatro Comunidades Autónomas requieren al Ministerio para que abandone la política de «imposición» de una iniciativa que daña «gravemente» a los intereses generales de los ciudadanos de estas Comunidades, en unos momentos en los que lo que procede «no es dañar al castigado medio rural sino apuntalarlo, que es el camino contrario al emprendido».
