Los taxistas extorsionan a ERC y JxCat en la recta final de campaña

Élite Taxi, el sindicato más numeroso y combativo del sector en Barcelona, ha tenido un acercamiento hacia el PSC poco antes de la campaña electoral. Pese a que las competencias en este momento están en el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), los taxistas han anunciado movilizaciones contra los dos principales partidos independentistas de Cataluña y en plena recta final de la campaña electoral de este 14 de febrero.

Hasta ahora, Élite Taxi ha apoyado públicamente a En Comú Podem (Ada Colau), pero ha cambiado de parecer en esta campaña, sin pedir el voto expresamente para los socialistas de Salvador Illa.

Alberto Álvarez, coordinador de Élite Taxi, ha exigido a JxCat y ERC que se pronuncien antes del jueves sobre las soluciones que proponen a un sector «que lleva en el bolsillo 60.000 votos en toda Cataluña».

«Nos parece decepcionante» que no se hayan pronunciado al respecto, ha criticado. En caso contrario, irán sede por sede de ERC y JxCat en una marcha lenta desde las barcelonesas torres venecianas, colapsando así el centro de la Ciudad Condal.

UNA GENERALITAT SIN COMPETENCIAS

En estas autonómicas, ERC ha modificado claramente su programa electoral respecto al de 2017. La palabra «taxi» ha desaparecido y tampoco da una solución concreta a estos trabajadores autónomos, pero aún así la Generalitat está atada de pies y manos al no tener competencia debido al decreto de movilidad del Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos, en 2018. Pronunciarse servirá de poco hasta que no se acerque el mes octubre de 2022, donde el taxi se jugará realmente su futuro.

JxCat, por su parte, tampoco se ha pronunciado sobre el sector del taxi en su programa electoral de 2021, pero tampoco lo hizo en 2017. Si da soluciones para una mejora de la movilidad, centrada en la gestión propia de todos los servicios públicos de transporte, incluida la eliminación de peajes y la implantación de la ‘viñeta’.

VAMOS A IR A SACO

«Si ERC y JxCat no se posicionan antes del jueves sobre el conflicto el taxi y las VTC habrá una marcha lenta» hasta las sedes de ambos partidos, ha afirmado. «Son los que han estado gobernando hasta ahora», ha señalado en un archivo de voz.

«No es normal que ni ERC ni JxCat no se pronuncien sobre nuestro conflicto. Somos muchos miles de votos», ha indicado. «Los taxistas de la AMB y de toda Cataluña deben conocer qué va a pasar cuando se acabe el decreto de Ábalos«, ha considera. «Los taxistas quieren escuchar el futuro del taxi por boca de ERC y JxCat. Parece que no existamos -para estos partidos-, no nos quieren recibir», ha criticado un decepcionado Álvarez. «Vamos a ir a saco. Es indignante. Ya está bien», se ha quejado.

Para este sindicato, «resulta inconcebible» que algunos partidos políticos fomenten y favorezcan «a plataformas que extraen todos sus ingresos a sistemas fiscales diferentes», al tiempo que critican a los políticos por «olvidar» que viven suculentamente del sistema público y están «tan distanciados de la realidad económica de sus votantes».

Cualquier partido que fomente las plataformas VTC «está contribuyendo directamente a la destrucción del estado de bienestar, del que ellos forman parte y viven, uno de los peores engaños a los que se puede someter a la ciudadanía y votantes».

Por este motivo, cree que «no es momento para posiciones tibias, contemplativas y políticamente correctas».

CRÍTICAS A LA GENERALITAT PESE A LA HUÍDA DE UBER

A su juicio, el Govern catalán ha favorecido a Uber y Cabify, con sede en paraísos fiscales, como también principalmente a tres sociedades de Madrid, como Vector Ronda, Moove Cars y Auro New Transport. «Todo esto en detrimento de casi 13.000 taxistas autónomos catalanes, otros 3.000 taxistas asalariados y un número aproximado de 600 VTC’s tradicionales catalanas, que representan a otros tantos conductores profesionales, autónomos y asalariados».

Sin embargo, reconoce que «todos los partidos políticos, a excepción de PP y Ciudadanos», aprobaron el decreto, pero que sistemáticamente «está siendo pisoteado». Según sus palabras, «es una estafa para los 16.600 autónomos y asalariados catalanes que realizan su trabajo, acorde a la ley, y acorde a lo que licencias de taxi o VTC, les permiten».

CABIFY, UBER, FOMENT Y LA ACC, EN LA DIANA

«Cabify se regodea públicamente, de cómo burla los 15 minutos de precontratación contemplados en el Decreto Ley, pero también burlan con total impunidad, otros aspectos contemplados en el mismo, como circular vacíos por las calles y áreas sensibles como estaciones; aeropuerto; hospitales y zonas turísticas; o estacionar en zonas verdes y azules; zonas de carga y descarga; y chaflanes, y todo ello sin ningún tipo de supervisión», ha señalado el sindicato.

Pese a las negociaciones de los últimos años con el Departament de Transports para implantar medidas, que llegaron a provocar la salida de Uber de Barcelona, estos taxistas denuncian que «han ideado una fórmula para que las VTC’s no puedan ser identificadas, y por tanto controladas».

Este colectivo también ha puesto a Uber en la diana, al asegurar que han detectado intentos para «acercarse al sistema sanitario catalán, y lo ha intentado especialmente de la mano del RACC, uno de sus aliados en Catalunya, una institución con especial influencia en la política catalana».

Otra de los dardos de su ataque se ha centrado en la patronal Foment del Treball, a la que acusan de ser aliada del «trabajo precario en todas sus formas, y aliados de las multinacionales con sede en paraísos fiscales».

«O se presentan para defender sin miedo el interés general o lo hacen para ceder al miedo y chantaje de ACCO», presidida por alguien «criado» y «amamantado» en lo que hoy llama «sistema represor», ha proseguido.

Por último, Élite Taxi ha pedido que los políticos «vayan planteando «seriamente lo que es Uber o Cabify para el sistema de todos y hacia donde caminan todos ustedes, porque si tuviesen «conciencia» tendrían que «prohibir que una multinacional con sede fiscal en Países Bajos, Delaware, etc…, pueda trabajar con taxis que son una de las ‘banderas’ del servicio público».