La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en auto de 12 de febrero, se pronuncia sobre las pruebas propuestas por las partes para el juicio que se celebrará por tres de las piezas del caso ‘Tándem’. Así, rechaza la pericial propuesta por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que tenía por objetivo averiguar la autenticidad de las grabaciones de audio digitales usadas para sus informes por Asuntos Internos.
«Siendo su objeto –de la pericial– averiguar la autenticidad, integridad y completitud de los archivos digitales seleccionados por la Unidad de Asuntos Internos no ha lugar a su práctica», señala el tribunal, para luego añadir que esto es así sin perjuicio de que pueda intervenir en la prueba que se realice con respecto a los funcionarios que realizaron esos informes.
A lo largo de 18 páginas, la Sala desgrana las peticiones de cada parte personada en las tres piezas que se enjuician de forma conjunta, y en concreto al comisario le deniegan también en las tres piezas –Iron, Land y Pintor– la propuesta que hace de testigos «al no estar relacionados con los hechos» de los que se acusa o al ser otros investigados.
Por otro lado, la sala resuelve que da el visto bueno a gran parte de la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal, y que incluye además del interrogatorio de los acusados, el testimonio de 26 agentes de Policía, entre miembros de Asuntos Internos y de la Comisaría General de Información.
También admite la pericial testifical de funcionarios de la Agencia Tributaria adscritos a Anticorrupción, y de los funcionarios del Centro Criptológico Nacional del CNI para que testifiquen sobre los informes que obran en la causa sobre descifrado y tratamiento de efectos informáticos. En la entrada y registro de la casa de Villarejo y de otros encausados, los investigadores se hicieron con una ingente cantidad de material informático que ha permitido la formación hasta el momento de una treintena de piezas separadas.
La Fiscalía también ha logrado que se acepte la testifical Francisco Pérez Bes, secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, y de dos peritos funcionarios de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía.
TESTIGOS EN ‘LAND’, ‘IRON’ Y ‘PINTOR’
Entre las propuestas de prueba de las partes para la pieza 3 –Land– en la que se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’, la Sala acepta las testificales del arquitecto Joaquín Torres, Yolanda García Cereceda, Silvia Gómez-Cuétara, Antonio Garzón, Fancisco Marco, Antonio Tamarit y de Emilio Javier Carrera.
En ‘Land’ el juez considera que hay indicios suficientes para juzgar además de a Villarejo a la esposa del comisario, Gemma Alcalá, a su socio Rafael Redondo, a García Castaño (ex UCAO), a los administradores de la ya extinta inmobiliaria Procisa Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver, y a su jefe de seguridad David Fernández Aumente. Los delitos que imputa son cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
En cuanto a la pieza separada número 2 de Tándem –Iron–, en la que se investigó el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia, la Sala juzgará a Villarejo, a García Castaño y a otras doce personas por cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
Para esa parte de la vista oral, el tribunal acepta la testifical propuesta por Fiscalía de Patricia Koch Moreno, Jesús Mancha Monasterio, Magnus Lars Stiebe, Óscar García Cortés, Olof Detlef, Mario Capitán, María Elena Terol, Jesús González Ahijado, José Antonio Hernández Rodríguez, Mónica Hernández Pérez, María Isabel Luis Calero, Antonio Serrano, César Bilbao, Francisco Hernández Moya, Rafael Luque y María Gloria Vasallo.
En cuanto a la última de las piezas que se juzgarán, la 6, y que versa sobre el encargo que le habrían hecho a Villarejo unos empresarios para extorsionar a un exsocio –Mateo Martín– y al abogado de éste, el exjuez Francisco Javier de Urquía, la Sala admite la prueba testifical propuesta por el Ministerio Público y por tanto declararán el exjuez y el antiguo socio objeto de la presunta extorsión.
