El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este martes que el Gobierno acometerá una nueva reforma de la jurisdicción universal para enmendar una regulación que considera «sumamente deficitaria» tras las últimas modificaciones.
«Este Gobierno tiene un compromiso con la ciudadanía para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en materia de jurisdicción universal, y sabe que es un punto de acuerdo entre los dos grupos (parlamentarios) que sustentan al Gobierno. Por tanto, la acometerá, porque este Gobierno cumple sus compromisos», ha dicho Campo en respuesta a una pregunta del senador del PNV Imanol Landa.
Landa ha planteado, durante su intervención en el Pleno del Senado, «si el Gobierno no considera que la jurisdicción universal está muy desvirtuada en su actual regulación (…) y que esta requiere, por tanto, una reforma para adaptarla a un modelo más congruente con su propia naturaleza y razón de ser.
El senador vasco ha denunciado que las reformas llevadas a cabo en 2009 y 2014 han supuesto «una merma considerable» de la jurisdicción universal, «hasta llevarla a su mínima expresión», obligando a cerrar diversas causas. En su opinión, «ha llegado el momento de abrir de nuevo esa ventana a la esperanza de una justicia global que evite impunidades ante tamaños delitos».
DISTINTAS «SENSIBILIDADES»
Campo se ha mostrado «completamente de acuerdo» con Landa en que «la regulación actual es sumamente deficitaria», si bien ha querido recalcar que «es muy difícil una reforma de la jurisdicción universal que pudiera dar cabida a todas las sensibilidades al respecto».
El ministro de Justicia ha señalado como «misión básica» de la jurisdicción universal «la protección de los derechos fundamentales, los derechos naturales constitucionalizados, y la persecución del delito conforme a las pautas que marca el Derecho Internacional». «Y en esto estamos», ha aseverado.
Además, ha aprovechado para hacer hincapié en «la enorme productividad legislativa» del Gobierno y, en particular, en la acción de su Ministerio que –ha afirmado– también permiten la protección de la ciudadanía facilitando que pueda ejercer sus derechos. En este sentido, ha mencionado el programa 2030 para modernizar la administración de justicia.
«Creo que la reforma del artículo 23 (de la LOPJ) culmina este abanico de protección en el que nos hallamos inmersos», ha declarado, al tiempo que ha tendido la mando a los grupos parlamentarios para abordar esta modificación legal. «La defensa de los derechos fundamentales es tarea de todos», ha concluido.
