La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este viernes un balance sobre las agresiones al personal de la Sanidad y el impacto de la pandemia de COVID-19 en los centros de atención primaria y urgencias hospitalarias de toda España. Según sus datos, recogidos del Ministerio del Interior, en 2020 se produjeron 962 casos de este tipo, un aumento del 32 por ciento con respecto al año anterior, mientras en los últimos años es del 52 por ciento.
En rueda de prensa con motivo del Día Europeo contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, que se celebra este 12 de marzo, el sindicato ha detallado los últimos datos disponibles sobre agresiones a sanitarios. De acuerdo con su interpretación, las cifras «ponen de relieve que las agresiones se han disparado en el último año», con motivo de la pandemia, mientras han aparecido nuevas modalidades de amenazas e insultos en los servicios de atención asistencial telefónica.
«La pandemia ha hecho que las agresiones aumenten de una manera que nos está preocupando bastante, se ha producido un aumento del 32 por ciento en el último año. Esto significa hasta tres agresiones diarias», ha lamentado el presidente del Sector Nacional de Sanidad de la organización sindical, Fernando Hontangas Molina.
Ante estos datos, CSIF ha lanzado la campaña ‘Por tu dignidad, comunica la agresión’. «Queremos convencer al personal sanitario que es muy importante comunicar la agresión. No tienen por qué aguantar ni la vejación ni el insulto ni la amenaza, para eso tenemos la notificación de casos. Pedimos al personal sanitario que notifique estas conductas para poder comprender lo que está pasando el sistema sanitario», ha reclamado Hontangas.
El dirigente del sindicato ha achacado el aumento al «deterioro muy importante» en el Sistema Nacional de Salud (SNS) por un «déficit de recursos», ha provocado una «crispación en los ciudadanos». «Los ciudadanos lo están pagando con nosotros. Hemos pasado en la primera ola de los aplausos a la impaciencia y la agresividad para con el personal sanitario», ha sostenido.
Hontangas ha apuntado que «la mayoría» de agresiones son «por la demora en la Atención Primaria, falta de profesionales o espera de citas telefónicas durante todo el día por la incapacidad para poder llamar», principalmente en Atención Primaria y Urgencias Hospitalarias. «Donde se hace triaje es donde hay más posibilidades de que el paciente se impaciente y se produzca la agresión», ha defendido.
Junto con todos estos factores, desde la organización sindical argumentan que otra de las novedades de la pandemia, la atención telefónica, también ha conllevado otro tipo de agresiones. «La atención telefónica se ha impuesto durante el último año y eso ha provocado un cambio en la tendencia del tipo de agresión. «Provoca insultos y amenazas que no tenemos por qué consentir. No es presencial pero también es una agresión», ha advertido.
Miguel Ángel González, médico de urgencias en Castilla-La Mancha, ha aportado su testimonio personal y detalles sobre el perfil de las personas que agreden a los sanitarios y cómo afectan estas situaciones violentas a su día a día.
«Vemos que el sistema sanitario no es suficiente para que se hagan las pruebas y las consultas en el tiempo que los pacientes creen oportuno. Estamos viviendo una tardanza en Urgencias o Atención Primaria y los pacientes muestran un descontento, que muchas veces llega a agresiones físicas», ha señalado.
En su caso particular, ha narrado que ha sufrido «varias agresiones». «Después de hacer muchas pruebas a un paciente se demostró que era una simulación por un problema personal que tenía. Este señor se abalanzó sobre mí, golpeándome y lesionándome, igual que a la enfermera que me ayudo», ha contado, puntualizando que estos son los «casos extremos» pero insistiendo en la importancia de las «agresiones diarias» no tan graves.
Por todo ello, desde CSIF reclaman un «aumento de las plantillas», con 289.000 trabajadores más para la Sanidad; eliminar la tasa de reposición, vigilantes de seguridad en todos los centros y cambios normativos que disuadan al ciudadano de agredir a sanitarios. «Una agresión hoy en día, administrativamente, cuesta muy poquito. Hemos visto sentencias de 80 euros. Queremos cambios normativos que provoquen una disuasión para que no se produzcan estas agresiones», ha remachado Hontangas.
