EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Borja Sémper, portavoz nacional del PP, ha exigido este sábado a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas tras las últimas diligencias de la UCO sobre el caso Leire.
- ¿Quién está detrás? El propio Sémper, durante una visita a Valencia, ha interpretado esos informes como prueba del conocimiento directo de Sánchez.
- ¿Qué impacto tiene? La presión parlamentaria sube a escasos meses de las municipales, mientras el PSOE defiende la presunción de inocencia y avisa de que la estabilidad del Gobierno depende del Congreso, no de la oposición.
El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas. Lo ha hecho tras las últimas diligencias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, según el criterio del PP, demostrarían que el jefe del Ejecutivo estaba al tanto de la supuesta trama de destrucción de pruebas vinculada a su entorno.
“Después de lo que hemos leído, después de la evidencia de que Pedro Sánchez era absolutamente conocedor de todo, lo que tiene que hacer es asumir su realidad: si le ha pillado la Guardia Civil, que disuelva las Cortes y que dé la palabra a los españoles”, ha declarado Sémper en un acto en Valencia, según ha recogido Europa Press. La visita, inicialmente cultural —a la exposición de Tàpies en la Fundación Bancaja—, ha derivado en un mitin improvisado contra el Gobierno de coalición.
Moncloa niega el conocimiento y defiende la estabilidad institucional
Fuentes del Ejecutivo consultadas por Moncloa.com insisten en que Pedro Sánchez desconocía la trama que investiga la Audiencia Nacional. “El presidente no ha tenido nunca conocimiento de las conductas que se le atribuyen”, señalan, a la vez que recuerdan que la UCO no ha imputado al presidente ni hay una resolución judicial que acredite su participación. En Ferraz subrayan que el PP utiliza el caso como palanca electoral y confían en que los socios parlamentarios mantengan su respaldo al Gobierno.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado esta mañana que la prioridad es “proteger la estabilidad institucional y no entrar en el juego de quienes pretenden convertir las causas judiciales en una moción de censura por otros medios”. El mensaje es nítido: la mayoría parlamentaria decide cuándo se disuelven las Cortes, no la oposición.
Presión a los socios y una aritmética que no cambia
Sémper ha cargado también contra los aliados del Ejecutivo, desde Podemos y Sumar hasta Junts y el PNV: “Aquellos que en las plazas decían ‘no hay pan para tanto chorizo’ hoy los justifican”, ha dicho, y ha advertido de que esa posición se reflejará en las próximas urnas. Sin embargo, la aritmética parlamentaria sigue sin ofrecer un camino claro para una moción de censura: el PP apenas suma 89 escaños y no ha conseguido arrastrar ni a UP a un posible relevo.
El PSOE lo sabe y lo explota. En el Grupo Parlamentario Socialista se respira la certeza de que la exigencia de disolución es más un gesto de desgaste que un plan con recorrido. Aun así, el portavoz Patxi López prepara ya la respuesta para la sesión de control del próximo miércoles, cuando se espera que el PP insista en el tema.
La exigencia de disolución suena más a estrategia de desgaste que a una vía capaz de reunir los apoyos necesarios en el Congreso.
El Eje del Poder Socialista
Ferraz interpreta la ofensiva del PP como un movimiento calculado para tensar la legislatura en pleno ecuador del mandato. Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com admiten que el caso Leire genera ruido, pero recalcan que ningún juez ha señalado al presidente y que la acción del Gobierno sigue adelante con medidas sociales de calado —la última, la subida del SMI aprobada en Consejo de Ministros—. Los barones territoriales, con Emiliano García-Page a la cabeza, mantienen un perfil discreto: ninguno ha pedido la disolución ni ha cuestionado la permanencia de Sánchez en La Moncloa. El presidente de Castilla-La Mancha, conocido por sus diferencias con la dirección, se ha limitado a un escueto “dejemos que la Justicia trabaje” en declaraciones a los medios este viernes.
En clave territorial, la exigencia del PP apenas altera los equilibrios en las comunidades gobernadas por el PSOE. Navarra, Asturias y Cataluña —con el PSC al frente de la Generalitat— siguen centradas en sus respectivas mesas de negociación presupuestaria y en la aplicación de los fondos europeos. El riesgo, en todo caso, es que el desgaste mediático acabe filtrándose en las encuestas de cara a las municipales, un escenario que Ferraz trata de conjurar con un argumento que repite a diario: “No hay causa contra el presidente, solo opinión destilada en recortes de sumario”.
La lectura a medio plazo es la misma que ha guiado al Gobierno desde la investidura: mientras los socios mantengan abierta la puerta —y ni PNV ni Junts ni ERC han dado señales de ruptura—, la legislatura aguanta. El pulso con el PP se traslada, entonces, al registro más cómodo para el PSOE: defensa del Estado del bienestar frente a una oposición que prefiere hablar de disolución antes que de sanidad, educación o pensiones.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: “La estabilidad institucional la decide el Parlamento, no la oposición”.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Sesión de control en el Congreso el próximo miércoles, donde el PP previsiblemente elevará el tono.
