EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un pesquero con bandera turca fue atacado y hundido cerca de Sebastopol, en Crimea, dejando un muerto y cuatro heridos por metralla.
- ¿Quién está detrás? La Guardia Costera turca no identifica al agresor. Ucrania ha reconocido en el pasado ataques a buques sospechosos de eludir sanciones.
- ¿Qué impacto tiene? El incidente eleva la tensión en el Mar Negro y pone presión sobre la neutralidad de Turquía, miembro de la OTAN. España, como aliado, sigue de cerca la escalada.
Un arrastrero turco, el DURU 67, fue atacado el viernes 5 de junio a escasas millas de Sebastopol, en la península de Crimea anexionada por Rusia. El resultado: un marinero fallecido y cuatro heridos por metralla, según confirmó la Guardia Costera turca en sus redes sociales.
El ataque se produjo frente a la costa de Crimea, una zona que se ha convertido en un hervidero de actividad militar desde la anexión rusa de 2014. El DURU 67 se hundió rápidamente tras ser alcanzado por lo que parecen ser impactos de metralla, y cinco de sus tripulantes fueron rescatados por otro pesquero, el BURAK KAYA, que navegaba en las inmediaciones. La operación de salvamento fue coordinada por la Guardia Costera turca, que envió un buque de rescate con un equipo médico a bordo. El encuentro se produjo a 115 millas náuticas al norte de Inebolu, ya en aguas de búsqueda y rescate turcas, alrededor de las 19:00 hora local.
De los cinco marineros heridos, uno se encontraba en estado crítico y falleció durante la travesía hacia el puerto de Inebolu. Los otros cuatro, con heridas de metralla de diversa consideración, fueron transferidos al buque de la Guardia Costera y posteriormente ingresados en un hospital de Kastamonu. Las autoridades sanitarias locales confirmaron el alcance de las lesiones, pero no se han difundido detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas.
Turquía, que mantiene una posición delicada en el tablero del Mar Negro, no señaló de inmediato a ningún responsable. Sin embargo, el historial de ataques con drones marítimos y misiles de largo alcance sobre la península de Crimea —y sobre buques sospechosos de pertenecer a la llamada ‘flota fantasma’ rusa— apunta a Ucrania como el actor más probable, algo que fuentes de inteligencia occidentales dan por hecho. El Gobierno de Ankara lleva meses condenando este tipo de incidentes en sus aguas económicas y espacios de navegación. «Los ataques suponen graves riesgos para la navegación, la vida humana, los bienes y la seguridad medioambiental en la región», advirtió el portavoz de Exteriores turco, Oncu Keceli, ya en otoño de 2025 tras los impactos sobre los petroleros Kairos y Virat.
Y los precedentes son elocuentes. En marzo de este año, el petrolero turco Altura fue alcanzado por drones cerca del Bósforo. El mes pasado, la empresa de seguridad marítima Tribeca informó de ataques con drones contra tres petroleros en el Mar Negro, muy cerca de la costa norte de Turquía. Todos ellos, supuestamente vinculados al comercio de crudo sancionado. La repetición del patrón —embarcaciones civiles dañadas en aguas internacionales o en zonas económicas exclusivas— alimenta la inquietud en Ankara y en el resto de aliados atlánticos.
El Mar Negro se ha convertido en un campo de batalla secundario donde los civiles pagan el peaje de una guerra no declarada en el mar.
El equilibrio de poder en el Mar Negro
El ataque al DURU 67 encaja en un contexto de creciente militarización de las rutas comerciales del Mar Negro, una arteria vital para cereales, acero y productos energéticos. Moscú denuncia estos hechos como «actos de terrorismo» y asegura que Ucrania, con apoyo logístico y armamentístico de Estados Unidos y el Reino Unido, intenta estrangular su economía. Washington, por su parte, evita pronunciarse sobre operaciones concretas y mantiene un perfil bajo mientras la Administración Trump prioriza la contención de China en el Indo-Pacífico. Bruselas, en cambio, se muestra atrapada: condena la anexión rusa de Crimea pero observa con incomodidad los riesgos de escalada que generan los ataques contra buques mercantes en zonas próximas a países ribereños aliados, como Turquía y Rumanía.
Para España, la lejanía geográfica de Crimea no convierte el incidente en algo irrelevante. El país es altamente sensible a cualquier perturbación en el tráfico marítimo global, del que depende su abastecimiento energético y buena parte de su comercio exterior. Un cierre inadvertido del Bósforo o una escalada que afectase a las rutas de granos y semillas dispararía los precios en los mercados nacionales. Además, España mantiene fragatas desplegadas en el Mediterráneo —en el marco de operaciones de la OTAN— y es uno de los socios europeos que más ha invertido en el refuerzo del flanco sur. La estabilidad de Turquía, miembro de la Alianza Atlántica desde 1952, resulta estratégica: un socio cada vez más incómodo con las acciones de Ucrania puede apartarse aún más de la posición común de la OTAN, debilitando la cohesión interna en un momento crítico.
El riesgo inmediato es de escalada por error de cálculo. Un nuevo ataque a un mercante turco con víctimas civiles de mayor envergadura podría forzar a Ankara a adoptar represalias diplomáticas o, en el peor de los escenarios, a revisar los términos de la Convención de Montreux, que regula el paso de buques de guerra por los estrechos turcos. Rusia, enrocada en la doctrina de que Crimea es parte irrenunciable de su territorio, podría responder militarmente a cualquier represalia que considere una agresión de la OTAN. Ucrania, que depende del respaldo occidental para sostener su esfuerzo bélico, no renunciará a su campaña contra los suministros rusos. El tablero no admite más jugadores, pero las fichas se mueven cada vez más rápido.
