Los policías nacionales alertan de que el tratado para la desaparición de la verja con Gibraltar relega a los policías españoles, entrega capacidad de decisión a un tercer Estado ajeno a Schengen y abre la puerta a una futura gestión efectiva de la frontera por Frontex. El sindicato Jupol de Policía muestra «su más absoluta preocupación y rechazo al contenido del Acuerdo Administrativo entre España y el Reino Unido respecto a Gibraltar, al considerar que el modelo diseñado para el control fronterizo en el puerto constituye una grave anomalía jurídica, operativa y de soberanía que compromete las competencias de la Policía Nacional en la gestión de una frontera exterior del espacio Schengen».
Los policías creen que lejos de reforzar la seguridad y el control fronterizo, el acuerdo establece un sistema que limita de forma incomprensible la actuación de los funcionarios españoles, sometiéndolos a unas condiciones incompatibles con el ejercicio pleno de sus competencias y otorgando al Reino Unido, un tercer Estado ajeno al espacio Schengen, un protagonismo que nunca debería ostentar en el control de acceso a territorio europeo.
Policías de paisano en la frontera con Gibraltar
Desde Jupol alertan de que «resulta especialmente alarmante el contenido de la Sección 2.2.1, relativa al funcionamiento del puerto de Gibraltar, donde se establece que los pasajeros serán trasladados por las autoridades británicas, que los funcionarios españoles deberán desplazarse utilizando vestimenta de paisano y que toda la operativa queda supeditada a una organización controlada por las autoridades de Gibraltar».
El sindicato considera «inaceptable que quienes tienen la responsabilidad legal de controlar una frontera exterior de la Unión Europea deban desarrollar su trabajo ocultando su condición policial, limitados a espacios previamente definidos y dependiendo en todo momento de la organización impuesta por un tercer país».
Más grave aún resulta que el propio acuerdo establezca que, cuando los funcionarios españoles deban acudir al puerto para realizar controles, las autoridades británicas serán quienes acompañen todos sus desplazamientos dentro de las instalaciones.
Contrario al espíritu de Schengen
Aunque formalmente el acuerdo recuerda que España es el Estado responsable de realizar las inspecciones Schengen y de impedir los cruces no autorizados de la frontera exterior, la regulación práctica vacía de contenido esa competencia al impedir que los agentes españoles puedan ejercerla con autonomía y plenitud.
Para Jupol, esta arquitectura operativa es difícilmente compatible con los principios que inspiran el Código de Fronteras Schengen y el Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (EBCG), que atribuyen al Estado miembro la responsabilidad efectiva del control de sus fronteras exteriores.
«No puede entenderse que sea un territorio perteneciente a un Estado tercero quien condicione dónde, cómo y en qué condiciones actúan los policías españoles encargados de proteger la frontera exterior de la Unión Europea», añaden.
España se convierte en observador de su frontera
Los policías advierten de que este acuerdo supone un peligroso precedente que puede desembocar en una progresiva sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el Cuerpo Permanente de Frontex en la gestión efectiva de esta frontera. «Cuando el Estado renuncia a ejercer plenamente sus competencias y acepta un modelo donde un tercer país condiciona el trabajo de sus policías, el siguiente paso será que la Unión Europea termine asumiendo de facto la gestión operativa de la frontera.
Sería un golpe sin precedentes al prestigio internacional de España y una pérdida competencial de enorme gravedad para la Policía Nacional y la Guardia Civil», aseguran.
Desde el pasado 15 de julio, fecha en la que comenzó la aplicación práctica del acuerdo, los policías nacionales continúan sin disponer de información clara sobre el funcionamiento real de este nuevo sistema, «generando una incertidumbre absolutamente incompatible con la seguridad jurídica y operativa que exige una frontera exterior de la Unión Europea», dice el sindicato.
Jupol considera que el acuerdo «ha sido diseñado desde una perspectiva política, ignorando completamente la realidad operativa del control fronterizo y las necesidades de quienes deberán aplicarlo sobre el terreno. No puede aceptarse que la Policía Nacional quede reducida a un papel meramente testimonial mientras otro Estado condiciona el acceso al espacio Schengen».
Revisión del acuerdo
Ante esta situación, Jupol reclama al Gobierno de España la revisión inmediata de las disposiciones operativas que limitan la actuación de la Policía Nacional en Gibraltar, garantizar que el control efectivo de la frontera exterior corresponda exclusivamente a las autoridades españolas, sin injerencias de un tercer Estado, el respeto íntegro al Código de Fronteras Schengen y al Reglamento de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y la participación de las organizaciones representativas de la Policía Nacional en cualquier desarrollo operativo que afecte a las competencias profesionales de los agentes.
La seguridad de las fronteras exteriores de Europa «no puede quedar condicionada por acuerdos políticos que releguen a quienes tienen la obligación legal de protegerlas. España no puede permitirse una cesión silenciosa de competencias que comprometa la soberanía operativa de la Policía Nacional y la credibilidad del sistema Schengen», concluyen.
