Cientos de trabajadores de Nissan han recorrido este sábado el centro de Barcelona para exigir a la Generalitat que intervenga en el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 211 empleados de la compañía en Cataluña.
Según cifras de la Guàrdia Urbana, la marcha ha reunido a unos 500 manifestantes y ha discurrido desde la plaza Urquinaona hasta la plaza Sant Jaume, epicentro del poder autonómico y municipal, pasando por Via Laietana y Jaume I.
La protesta ha sumado el apoyo de trabajadores de otras industrias en crisis, como EGO Appliance Controls, Quality Espresso y Serra Soldadura, y ha lanzado un mensaje directo al presidente Salvador Illa: que se implique personalmente en la defensa de las plantillas.
La presión sobre Illa: de la calle al Palau de la Generalitat
Las proclamas coreadas durante el recorrido —»Barcelona, escucha, la industria está de lucha», «Ni un paso atrás» o «Si esto no se arregla, guerra, guerra y guerra»— dejan claro el malestar acumulado. Los organizadores han leído un manifiesto en el que denuncian la falta de voluntad negociadora por parte de la empresa y exigen la mediación activa de las instituciones catalanas.
Durante la lectura del manifiesto en Sant Jaume, los representantes sindicales han recordado que la negociación del ERE avanza sin avances sustanciales y que la empresa mantiene su propuesta de 211 despidos sin alternativas creíbles de recolocación.
La protesta de Nissan es la primera gran prueba de fuego para Illa en su defensa del tejido industrial catalán.
El frágil equilibrio de la industria del automóvil en Cataluña
El ERE de Nissan se suma a una cadena de ajustes en la industria del automóvil catalana. La compañía japonesa ya cerró su planta de la Zona Franca en 2021 y reconvirtió sus centros en oficinas comerciales y de posventa. Esa reestructuración dejó un reguero de recolocaciones y tensiones que ahora regresan con el nuevo expediente.
Para el Govern de Illa, la situación es delicada. El president ha hecho de la reindustrialización uno de los ejes de su mandato, pero las herramientas de la Generalitat frente a decisiones corporativas globales son limitadas. Las competencias en materia laboral recaen en el Estado, y la intervención autonómica depende más de la capacidad de presión política que de resortes legales.
Las fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com admiten que el conflicto de Nissan puede convertirse en un termómetro para medir la efectividad del diálogo social que Illa quiere liderar. De momento, el president no se ha pronunciado en público sobre el ERE, y los sindicatos interpretan ese silencio como una falta de compromiso.
La manifestación de este sábado no ha sido la primera —ya hubo una concentración el pasado viernes— y los trabajadores han dejado claro que las movilizaciones continuarán si no hay avances en la mesa de negociación. La pelota está ahora en el tejado del Govern, que deberá decidir si media con la dirección de Nissan o mantiene el perfil bajo que hasta ahora ha exhibido.
