La profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I Cristina Pauner Chulvi ha abogado este miércoles en el Congreso por implantar en España el modelo portugués por el cual una comisión de expertos se ocupa de seleccionar a los aspirantes a dirigir los órganos reguladores y presenta una terna entre la que después el Gobierno hace su propuesta que debe ser refrendada por el Congreso.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática de la Cámara Baja, Pauner ha defendido el sistema que rige para la elección del presidente y el adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos, donde el Gobierno hace las propuestas y los aspirantes deben ser elegidos tras su comparecencia por una mayoría de tres quintos del Congreso y, si no se logra, por mayoría absoluta, siempre que no sea a de un sólo grupo parlamentario.
Pero también ha propuesto extender la práctica de la preselección de candidatos para eliminar a los «aspirantes notoriamente inadecuados desde el punto de vista profesional», por ejemplo, a través de una terna elegida por un comité de expertos mediante un procedimiento «transparente».
Y es que, ha insistido en que es necesario un «filtro estricto» para que sólo sean elegidas personas con prestigio y competencias técnicas en la materia porque eso es un requisito para que puedan actuar con independencia.
EXÁMENES MÁS DUROS DEL CONGRESO
En este contexto, ha pedido que el examen al que los aspirantes se sometan en el Congreso sean más duros que en la actualidad, que también pueda participar el Senado, y que se exija a los aspirantes un plan de actuación para el organismo que esperan dirigir y luego se pueda utilizar par pedirles cuentas.
Eso sí, la compareciente ha admitido que incluso este modelo plantea problemas a la hora de decidir cómo se elige a los expertos que han de hacer la selección. Según ha explicado, en Portugal se ha tenido que crear un órgano específico para elegir a los integrantes del comité de selección.
Desde su punto de vista, no es necesario que este comité de expertos esté compuesto por personas designadas del entorno político o del ministerio que luego tiene que hacer la propuesta de los candidatos, sino que se puede recurrir a miembros de la judicatura, el sector que va a regular o del ámbito universitario.
También ha defendido que los mandatos de los miembros de los reguladores no sean renovables, que vayan más allá de la legislatura y que se mantenga el, a su juicio, «sensato» tope de dos años para que éstos puedan incorporarse a entidades privadas que se hayan visto afectadas por sus decisiones.
PUBLICAR ACTAS DE SUS REUNIONES
Para mejorar la neutralidad de quienes integran los supervisores, Pauner apuesta por dotar a su trabajo de «más transparencia, más control y más autonomía».
Así, ha subrayado la necesidad de que los reguladores apliquen «criterios conocidos públicamente y estables en el tiempo» porque así cuando sancionen a una empresa se garantizará que si otra actúa de la misma manera se le podrá imponer la misma sanción, lo que hará «aumentar la capacidad de persuasión moral de la institución sin que sea necesario llegar a un procedimiento sancionador».
Asimismo, ha destacado como imprescindible que estos órganos cuenten con recursos humanos «estables y profesionalizados» y que se intensifique el control público sobre los mismos, por ejemplo, obligándoles a publicar las actas de sus reuniones con el sector, con legisladores, o de sus propios órganos colegiados e imponiendo auditorías externas para evaluar su funcionamiento.
NUEVO SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS
Por su parte, la profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Esperanza Gómez Corona ha alertado de que los órganos reguladores o de supervisión, si bien no son «inconstitucionales», sí tienen un «difícil encaje en la Constitución».
Por eso sostiene que hay que reequilibrar un «sistema de pesos y contrapesos» nuevos, es decir, introducir controles «adicionales» sobre las mismas, más allá de los que se exigen a otros órganos de la Administración que sí está sujetos a la dirección política del Gobierno al que sí controla el Parlamento.
Gómez Corona asume que este tipo de organismos ha llegado para quedarse porque así lo exige la Unión Europea, pero considera que en las leyes con las que se crean hay que concretar «exactamente» sus fines y también que estos se vayan actualizado en función de la evolución del sector al que afecten.
En este contexto, ha lanzado la idea de que sea una comisión parlamentaria la que, con una periodicidad por ejemplo anual, se ocupe de esa actualización legislativa. A su juicio, esa revisión de la ley debe realizarse en colaboración con el propio supervisor por parte de un reducido grupo de parlamentarios que se dediquen a esto en exclusiva y cuenten con el asesoramiento de expertos en la materia.
Gómez Corona ha resaltado que las autoridades independientes europeas se inspiran en las agencias estadounidenses pero que allí el control y supervisión por parte del Parlamento es «mucho más intenso» que el que se practica en España y que éstos no se pueden limitar a la remisión de informes o a una comparecencia anual. «Necesitamos un sistema más serio. Hemos creado estas instituciones pero se nos ha olvidado controlarlas», ha resumido.
