La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado que están trabajando para prohibir por ley los desnudos integrales y exploraciones genitales en las pruebas de determinación de la edad a menores extranjeros no acompañados, y ha añadido que distribuirán «casi 8 millones de euros» entre las comunidades autónomas que se ofrezcan a recibir a estos niños llegados a Canarias.
«Vamos a ser cuidadosos en respetar las recomendaciones del Defensor del Pueblo en temas tan sensibles como la prohibición de las sujeciones fijas y la limitación de medidas de contención en centros de protección a la infancia, así como con el procedimiento de determinación de la edad que se da en niños migrantes solos, y sobre esto, quiero anunciar que estamos trabajando para prohibir por ley los desnudos integrales y exploraciones genitales en estas pruebas», ha subrayado Belarra.
Así lo ha indicado la ministra este miércoles durante su intervención, a petición propia, en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, para exponer las principales líneas de actuación de su cartera.
Además, sobre la petición que hizo este martes el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, para que el Ministerio de Derechos Sociales se implique en el «reparto solidario de los casi 3.000 menores extranjeros tutelados por Canarias», Belarra ha avanzado que distribuirán «casi 8 millones de euros entre las comunidades autónomas» que se ofrezcan a recibir a estos niños y niñas.
«En diciembre, el Ministerio de Derechos Sociales aprobó una transferencia de 10 millones de euros a Canarias y está participando de forma activa en la articulación del proceso de oferta solidaria de plazas para la acogida a estos niños, que están haciendo otras CCAA», ha precisado.
En concreto, Belarra ha destacado que «ya se han concertado más de 200 traslados» de estos menores extranjeros no acompañados «que se han iniciado en las últimas semanas» y ha añadido que parte del presupuesto de su Ministerio para la inclusión de estos menores se destinará a financiar una parte de los costes de estas plazas.
Según ha precisado, esta propuesta la abordarán en el Consejo Territorial del próximo 30 de abril, y distribuirán «casi 8 millones de euros entre las comunidades receptoras». «Agradezco a las comunidades que se han ofrecido a hacer esta oferta de plazas solidaria», ha subrayado.
También ha reconocido públicamente el «enorme esfuerzo del gobierno de Canarias para garantizar adecuadamente los derechos de estas personas» y ha coincidido con el Defensor en que «nadie puede esperar que Canarias se haga cargo de forma indefinida y con sus propios recursos» de esta situación.
Por otro lado, sobre el cartel de Vox que señala a los menores extranjeros solos, ha subrayado que eso es «violencia contra la infancia» y, a su juicio, es «constitutivo de delito de odio».
«Siento una honda preocupación ante los grupos que votaron en contra de la ley de infancia y que se permiten elaborar una publicidad que criminaliza a los niños más vulnerables de la sociedad, los que migran solos. Eso es violencia hacia la infancia, no vamos a escatimar esfuerzos para acabar con ella, por eso, emprendimos acciones legales contra esa publicidad que, en mi opinión, es constitutiva de delito de odio, para que sea retirada», ha zanjado.
