La discriminación de la Generalitat en la vacunación a los agentes de la Guardia Civil ha trastocado la seguridad en las centrales nucleares en Tarragona. El Gobierno autonómico de ERC y su ‘gurú’ médico Josep Maria Argimon rechazaron vacunar a los agentes de ambos cuerpos. Para el Ejecutivo catalán esas vacunas no irían destinadas a personas de más de 70 años, como se planteaba al inicio del protocolo establecido. Sin embargo, los independentistas catalanes sí habían vacunado al 100% de los Mossos d’Esquadra y a la práctica totalidad de los policías locales.
Ante esta situación, sindicatos policiales y plataformas formadas por agentes de la Guardia Civil sopesan iniciar acciones judiciales contra el Govern. Esta circunstancia se habría evitado si se hubieran vacunado a los agentes antes, en concreto en marzo.
grs DE lEÓN PARA CUBRIR INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS EN TARRAGONA
Para Argimon y su séquito de independentistas, estos dos cuerpos de seguridad quitan las vacunas a las personas mayores de 70 años, pese a que las fuerzas policiales autonómicas y policiales eran considerados «prioritarios».
UN RETRASO INCONCEDIBLE
Desde hacía casi un mes que se producía esta discriminación, pero las consecuencias son palpables en estos momentos. Y es que, según denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), este «inconcebible retraso» en la inmunización de estos funcionarios ha provocado que más del 83% de los agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Barcelona ha dado positivo en Covid-19. Este selecto grupo de seguridad de la Guardia Civil está formado por sólo 18 agentes en Barcelona.
Los desplazados desde León se encargan ahora de custodiar infraestructuras clave, como las centrales nucleares, en Tarragona. Ninguno de los quince agentes de los GRS contagiado ha sido vacunado, según denuncia esta asociación.
LOS GRS DE LEÓN SE ENCARGAN AHORA DE LA PROTECCIÓN DE CENTRALES
Por contra, los quince funcionarios del GRS de León, ya inmunizados, se tendrán que hacer cargo de esta vigilancia en unas instalaciones nucleares en Tarragona. Además, estos desplazados desde el noreste de Castilla y León han dado negativo en las pruebas de detección del covid-19.
La AUGC ha denunciado desde hace semanas que en Cataluña se estaba produciendo una grave discriminación de los trabajadores de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al no estar siendo vacunados. Mientras tanto, mossos y policías locales en esa comunidad autónoma sí habían recibido sus respectivas dosis.
Finalmente tuvo que ser la justicia la que impusiera el sentido común y obligase a que en Cataluña se vacunara a guardias civiles y policías. La Generalitat ha criticado el escrito judicial , sembrando de nuevo su odio hacia ambos cuerpos de seguridad. Aún así, ha acatado la sentencia.
Para esta asociación es «evidente» que la «discriminación de los agentes radicados en Cataluña» sufren ahora las consecuencias y deja sin efectivos a toda una unidad GRS, encargados de salvaguardar estas infraestructuras estratégicas, más en la situación actual de España, en alerta 4 antiterrorista. Así, critican la pasividad y tibieza a la hora de impedir esta grave discriminación de unos funcionarios esenciales para la protección de los ciudadanos.
LA GENERALITAT CRITICA LA SENTENCIA Y LA VACUNACIÓN DE GUARDIAS CIVILES
La sentencia dejó claras la utilidad y urgencia de vacunar a los guardias civiles y policías nacionales, en contra del criterio establecido por la Consejería de Salud, en manos de la republicana Alba Vergés. «Se han perdido unas semanas muy valiosas en reaccionar por parte del Gobierno de España, y ahora vemos los resultados de esta desidia», ha criticado este grupo de guardias civiles.
los denunciantes exigían que prevaleciera el principio de igualdad y no discriminación, así como el “peligro” de demorar la inoculación debido al perjuicio irreparable o difícilmente reparable” si la Generalitat mantuviera el veto a estos agentes.
La Generalitat, a través del Departamento de Salud, dirigido por Alba Vergés (ERC), se opuso a la vacunación de los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil. Para ello, se basó en un informe emitido el pasado 22 de abril por el director de Serveis de la Consejería.
UNA SENTENCIA DEMOLEDORA CONTRA LA GENERALITAT
La vacunación de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional “podría poner en riesgo la pronta vacunación de población de mayor riesgo”. Así lo expresa la Generalitat en su recurso contra las medidas cautelares impuestas ahora. Es decir, el Govern considera prioritarios a estos funcionarios, pese a que sí vacunó a los agentes de ambos cuerpos si tenían entre los 60 y 65 años, tal y como afirmaban los denunciantes.
Sin embargo, el TSJC tumba el argumento de forma rápida e incontestable. Y es que, la vacunación de los agentes en activo “no tiene por qué traducirse en un perjuicio para otros grupos de población. Máxime si tenemos en cuenta las nuevas remesas de dosis de vacuna y el hecho de que el contingente de Policía Nacional y de Guardia Civil en Catalunya sea reducido”.
Para el TSJC, “no parece razonable que a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes” se relegue a los miembros de ambos cuerpos con “destino en Cataluña”.
