La sorpresiva abstención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha obligado a la suspensión de la vista que estaba previsto que se celebrara este martes por el recurso contra la condena a 6 años y medio de prisión impuesta en septiembre de 2019 al juez de Canarias Salvador Alba, penado por confabular contra la también juez y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, han señalado fuentes jurídicas.
El magistrado adoptó la decisión de apartarse apenas 24 horas antes de la celebración de la vista fijada a las 10.30 de este martes. Las razones alegadas por Llarena han sido la relación profesional, relativamente frecuente y pública que ha mantenido con el condenado, por lo que ha querido evitar la suspicacia en terceros, según la misma fuente.
La sentencia condenó a Alba por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho y falsedad en documento público, si bien le eximió de los de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y revelación de secretos. También se le condenó a 18 años de inhabilitación y a pagar una multa 60.000 euros a Rosell por daños morales. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en un plazo de 5 días.
PROCESO CONTRA ROSELL
El juez Alba fue juzgado por dar instrucciones al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a la juez y por entonces también diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que había sustituido en sus funciones, e iniciar en 2015 un procedimiento en su contra. Esas conversaciones fueron grabadas por Ramírez y se hicieron públicas, dando inicio posterior a esta actuación.
La Sala consideró probado que el juez Alba ofreció «una nulidad de declaración de las actuaciones» en su contra a cambio de «información lesiva» sobre Victoria Rosell.
«En el curso de la reunión [de Alba con Ramírez], el investigado informó al juez sobre estas relaciones [entre él y alguna de las empresas de Carlos Sosa, pareja de la jueza], suministrándole datos que no había podido obtener en las actuaciones y ambos acordaron la entrega de esta documentación», explicaba el texto judicial.
«A cambio», Alba prometió «una declaración de nulidad de las actuaciones» e «incluso pronunciarse sobre el fondo del asunto», algo que podría haber favorecido a los intereses de Ramírez «impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria».
INFORMACIÓN PARA IMPULSAR LA QUERELLA DE SORIA ANTE EL SUPREMO
Esa información, por su parte, servía para «incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo por José Manuel Soria [entonces, aún ministro de Industria, Energía y Turismo] en el procedimiento penal promovido» por él contra Rosell y que estaba pendiente de admisión a trámite.
Fruto de lo ocurrido y de su «repercusión pública», el TSJC reconoce que Rosell sufrió «un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social». Entre otras cosas, Rosell «renunció a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, perdiendo su consideración como diputada».
