Los editores de libros de texto facturaron un total de 765,47 millones de euros en el curso 2020-2021, un 6,6% menos con respecto al curso anterior, la cifra más baja desde el curso 2014-2015, año en que la facturación fue de 748,64 millones. Desde 2015-2016, la facturación ha superado los 800 millones (a excepción del año 2018-2019, que fue de 793,6 millones).
Así lo refleja el informe ‘El libro y contenidos educativos en España. Curso 2021-2022’, elaborado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), que destaca que esta cifra de facturación está «muy lejos» del máximo histórico registrado en 2008 (de 898,28 millones de euros). En comparación con aquel año, la caída ha sido de 130 millones de euros, pese a haber 900.000 alumnos más en las aulas.
ANELE atribuye esta caída a «la incertidumbre con la que se inició el pasado curso», que «condicionó decisiones como la renovación de los libros de aquellos cursos que habían cumplido el periodo de vigencia».
Según el informe, en el curso pasado se vendieron un total de 41 millones de ejemplares (frente a los 44 millones del curso anterior), con un precio medio de 17,97 euros el ejemplar, una cifra que representa 5 céntimos de incremento respecto al curso 2019-2020.
En lo que respecta a la inversión realizada por las familias para la adquisición de libros de texto, el informe señala que en el curso 2021-2021 las familias gastaron 92,28 euros por alumno y que, como viene sucediendo en años anteriores, la evolución del gasto medio por alumno sigue reflejando un descenso. De hecho, en los últimos diez años, la disminución ha sido de 18,84 euros, casi un 17%.
Según ANELE, las razones del descenso no tienen tanto que ver con un menor uso de los libros de texto, sino que guarda relación con el desarrollo de los programas de préstamo que desde una parte importante de las Administraciones Públicas se han puesto en marcha.
En cuanto a los libros digitales, la oferta de libros y materiales curriculares en formato digital continua su incremento y ya representa el 44% del total del catálogo con 25.805 títulos. Esto no tiene, sin embargo, reflejo en las ventas que, en 2020, registraron una caída de la facturación del 23%, hasta situarse en 20,04 millones de euros. Esto se debe, entre otras cosas a que dada la situación que se ha vivido se ha optado por un formato híbrido. Hoy, la práctica totalidad de los libros de texto en papel incluyen licencias digitales que se adquieren a la vez, según explica ANELE.
PREOCUPACIÓN EN LA DILACIÓN DEL CURRÍCULO
Por otro lado, ANELE muestra su «preocupación» e «inquietud» en el informe «por la dilación que se está produciendo en la elaboración de la propuesta curricular tanto del Ministerio como de las Administraciones educativas autonómicas», cuando queda un año para que se aplique el nuevo currículo en la mitad de los cursos de las diferentes etapas de la enseñanza.
En este documento, los editores recuerdan que «con una reforma curricular que supone un enfoque por competencias tan explícito, amplio y sistemático como el que se está planteando, los libros de texto (en papel o digitales) se convierten en herramientas que pueden facilitar la tarea del profesorado proporcionándoles orientación y guía en la puesta en marcha del nuevo currículo. También para los padres».
Para cumplir esta función, es «primordial», según la asociación, contar con los currículos con el fin de poder iniciar la elaboración de los libros y materiales curriculares para que estén disponibles al comienzo del próximo curso escolar 2022-2023.
En este sentido, los editores esperan que, dado que el Ministerio ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés en que el Estado y las autonomías pudieran colaborar y trabajar en paralelo en la elaboración de la normativa curricular, «sería deseable que estas buenas intenciones se concretaran y se lograra algo más de consenso que el que se ha producido en la tramitación de la Ley, dejando al margen las cuestiones partidistas».
Además, consideran igualmente importante que se pudiera alcanzar un acuerdo para conseguir una mayor homogeneización de los currículos de las diferentes comunidades autónomas que la que se produjo con la LOMCE. «Resulta de todo punto incomprensible la existencia de 17 ediciones diferentes de un libro de matemáticas como consecuencia de la dispersión de las políticas educativas», apunta el informe.
Según ANELE, estas diferencias, además, generan dificultad en la edición escolar, que se ve obligada a dividir y multiplicar su oferta, con ediciones cada vez más limitadas a cada territorio y el consecuente encarecimiento de los costos, situación que acaba repercutiendo en el precio de los libros.
CONTRA LA INTERVENCIÓN DE LAS CCAA EN CONTENIDOS DIGITALES
En el informe, ANELE alerta también de que la intervención de las Administraciones educativas autonómicas promoviendo la creación y/o contratación de determinados recursos digitales podría «poner en riesgo el pluralismo educativo».
Los editores recuerdan que la Ley establece que los docentes son los únicos que pueden seleccionar qué libros y materiales se emplean en sus clases, por lo que, señalarles qué recursos deben emplear podría, además de suponer la vuelta al libro único, «poner en riesgo la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra».
El informe menciona las decisiones adoptadas por comunidades como Galicia, Madrid o Castilla y León para contratar directamente determinados contenidos para incorporarlos en sus plataformas educativas dando sólo una opción a los profesores que, además, «podría no ser adecuada para la metodología didáctica empleada en el centro», según la asociación.
En una línea similar se manifiesta frente a la promoción de la creación de los Recursos Educativos en Abierto (REA), que se plantean como alternativa a los libros de texto. Para los editores, ambas iniciativas, contratación de unos determinados contenidos o la promoción de la creación de REA, son decisiones que, además de «innecesarias», dada la amplia oferta de recursos digitales desarrollada por las empresas (más de 25.000 para el curso 2021-2022), «carece de cualquier justificación y distorsiona gravemente la competencia y el libre mercado».
