La vida privada de los vecinos de Getafe ha quedado en el centro de la tormenta política. El Partido Popular ha registrado una solicitud de pleno extraordinario para forzar el cese del concejal delegado de Hacienda y Seguridad Ciudadana, Jorge Juan Rodríguez Conejo, después de que se conociera que el edil disponía de un acceso a a la base de datos policial Vinfopol, una plataforma reservada exclusivamente a los agentes de la Policía Local y que contiene información sensible sobre intervenciones, diligencias, denuncias y sanciones de los ciudadanos.
Un usuario propio en Vinfopol y el bloqueo en el pleno ordinario
Según la denuncia registrada por el PP, Rodríguez Conejo tenía un usuario personal en la plataforma Vinfopol, un sistema informático de la Policía Local que permite consultar intervenciones, multas, titularidad de vehículos y datos judiciales de los vecinos. El acceso, de confirmarse, supondría una violación directa de la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención penal, una norma que restringe este tipo de sistemas de forma exclusiva a las autoridades policiales competentes. ‘La alcaldesa nos espía a los getafenses’, han denunciado los populares desde su grupo municipal, calificando la situación como el ‘Gran Hermano de la alcaldesa, que tiene acceso, controla y utiliza datos sobre la vida de los getafenses’.
El pasado 20 de mayo, el PP llevó al pleno ordinario una proposición de urgencia para que la alcaldesa socialista, Sara Hernández, diera explicaciones públicas sobre el caso. El gobierno tripartito formado por PSOE, Más Madrid y Podemos rechazó debatir el asunto con un portazo que la oposición califica de inaceptable. Esta negativa es la que ha llevado a los populares a dar un paso más y solicitar formalmente un pleno extraordinario, esta vez con consecuencias concretas sobre la mesa.
En la proposición registrada, el PP exige tres medidas inmediatas. La primera, el cese fulminante del concejal por pérdida de confianza institucional. La segunda, que el gobierno municipal informe de manera detallada y pública sobre qué personas tienen acceso a Vinfopol, con qué perfiles y para qué fines se han utilizado los datos, detallando si algún otro cargo político o personal no policial ha tenido acceso total o parcial al sistema. La tercera, la emisión de un informe jurídico y técnico independiente que determine la legalidad de los accesos realizados, para remitirlo a todos los grupos municipales y, de forma inmediata, a la Agencia Española de Protección de Datos y a la Jefatura de la Policía Local de Getafe.
La cuestión ya no es solo política: los vecinos tienen derecho a saber quién ha mirado en su intimidad.
Precedentes en la región y lo que está en juego
No es la primera vez que un municipio del sur de Madrid se ve salpicado por el uso indebido de bases de datos policiales. En 2023, el Ayuntamiento de Alcorcón tuvo que revisar sus protocolos de acceso a Vinfopol después de que un colectivo vecinal denunciara que un asesor había consultado datos de multas sin autorización. Aquel incidente, mucho más acotado, derivó en un refuerzo de los controles internos. El caso de Getafe, sin embargo, escala por la responsabilidad del concejal implicado: no es un asesor externo, sino un miembro del gobierno con competencias directas en Hacienda y, lo que es más relevante, en Seguridad Ciudadana, el mismo área bajo la que opera la Policía Local.
La Ley Orgánica 7/2021 es clara: los sistemas de tratamiento de datos con fines de investigación penal solo pueden ser utilizados por autoridades policiales. Cualquier acceso de un cargo político a una plataforma como Vinfopol abre una grieta legal que va más allá de la mera anécdota. La información que allí se almacena incluye diligencias judiciales, comparecencias y sanciones administrativas: una ventana a la intimidad de los vecinos que, en manos de un responsable de Hacienda, podría convertirse en una herramienta de presión o de control disfrazada de gestión municipal. Esa sospecha, mientras no se aclare, envenena la confianza ciudadana.
De hecho, la petición del PP de enviar un informe a la Agencia de Protección de Datos apunta precisamente a esa dimensión: se busca una evaluación externa y vinculante. El pleno extraordinario, cuya fecha aún depende de la alcaldesa, obligará al gobierno a retratarse públicamente. Mientras, los vecinos de Getafe esperan respuestas que no llegaron en mayo y que, ahora, se antojan ineludibles. El próximo capítulo de esta historia se escribirá muy pronto en el salón de plenos.
