EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La comisión de investigación de las Cortes Valencianas, controlada por PP y Vox, ha aprobado un dictamen de 125 páginas que rebate la tesis de la jueza de Catarroja y atribuye la responsabilidad al Estado.
- ¿Quién está detrás? El Grupo Parlamentario Popular, con el respaldo de Vox, ha pilotado la redacción del texto, en sintonía con la estrategia defensiva de la Generalitat valenciana.
- ¿Qué impacto tiene? El dictamen marca un hito en la batalla de relatos sobre la dana, protege al presidente Mazón y abre una confrontación directa con la instrucción judicial.
La dana del 29 de octubre de 2024 ya cuenta con un relato político oficial en Valencia. Este miércoles 28 de mayo de 2026, la comisión de investigación de las Cortes Valencianas —con mayoría absoluta de PP y Vox— ha aprobado un dictamen de conclusiones que contradice de forma expresa la línea de investigación de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, y traslada la responsabilidad de la gestión de la emergencia al Gobierno central.
La tesis estatal: competencias y apagón informativo
El documento, de 125 páginas, construye un andamiaje jurídico para sostener que el Estado podía y debía haber asumido el mando de la respuesta a la catástrofe. «Existía cobertura legal suficiente para que el Estado hubiera asumido formalmente la dirección de la emergencia», reza el dictamen, que cita el artículo 149 de la Constitución para argumentar que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. «La protección frente a catástrofes naturales de gran magnitud forma parte de las obligaciones esenciales del Estado», insiste, añadiendo que la dana fue una «emergencia de interés nacional» que afectó a varias comunidades autónomas, con lo que la Generalitat no tendría por qué cargar con toda la culpa.
En paralelo, la comisión apunta a deficiencias en la información meteorológica e hidrológica, señalando en particular a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a las que se acusa de no haber transmitido a tiempo datos críticos. A ello se añade la «falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas», con el encauzamiento del barranco del Poyo —proyecto que durante años permaneció bloqueado en el Gobierno central— como emblema de las omisiones del Estado.
Mazón, ausente del dictamen
El contraste más llamativo con la instrucción judicial es la ausencia de cualquier mención a la actuación del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El dictamen no cita ni una sola vez al líder del PP valenciano y pasa de puntillas sobre las cuatro horas que prolongó su comida en el Ventorro la tarde de la tragedia. «Es como si no hubiera existido», lamentó un portavoz de Compromís, que acusó a PP y Vox de «fumarse un puro» por hacer caso omiso de la ley de Emergencias.
La jueza de Catarroja, por el contrario, sitúa la responsabilidad en la Generalitat y mantiene imputados a la ex consejera de Interior Salomé Pradas y a su número dos, Emilio Argüeso, a quienes atribuye el retraso del sistema ES-Alert. Sin embargo, el dictamen de la comisión obvia esa línea de investigación y contrapone el relato de que «la normativa española no configura las emergencias de gran magnitud como una responsabilidad compartida en plano de igualdad entre administraciones», lo que diluye la imputación al Consell.
En una maniobra calculada, la mayoría de centro-derecha ha convertido las conclusiones de la comisión en un contrapeso político a la causa penal, blindando al presidente autonómico cuando más cuestionado está por la oposición. De hecho, ningún miembro del PP —incluido el propio Mazón— ha rehuido el documento; al contrario, la portavocía popular lo ha presentado como un ejercicio de rigor.
El dictamen no es solo una respuesta a la jueza: es un escudo parlamentario para que la figura de Mazón no se vea arrastrada por el sumario.
El Eje del Poder Popular
El movimiento de las Cortes Valencianas encaja con la estrategia global de Génova para el año y medio que resta hasta las próximas elecciones generales. El PP nacional ha entendido que, para defender a uno de sus barones más señalados, necesita ofrecer un argumentario sólido que desplace el foco hacia Moncloa. En este sentido, la comisión de investigación se ha alineado con la línea que el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, viene defendiendo desde hace semanas: que la descoordinación del Estado durante la dana fue la auténtica causa del desastre, y que la Generalitat actuó en el marco de sus competencias.
En el bloque popular no ocultan que el dictamen abre un frente con la magistrada, pero consideran asumible el coste si sirve para mantener cohesionada la federación valenciana. Fuentes próximas a la dirección autonómica consultadas por Moncloa.com señalan que el documento ha sido consensuado con el propio Mazón y que, a partir de ahora, se reforzará la presencia del barón en actos de reconstrucción para contrarrestar el desgaste mediático. «El relato de la comisión será el faro de nuestra acción política los próximos meses», resumen.
La oposición, mientras, ve en el dictamen «la comisión de la infamia», como la calificó el PSOE, y ha anunciado que llevará su protesta al Parlamento nacional. No obstante, con el Senado en manos populares y sin posibilidad de cambiar la composición de las Cortes Valencianas, el impacto real de esa ofensiva es limitado. La operación, por tanto, parece blindada en el corto plazo.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La Generalitat valenciana ya no está sola en la batalla del relato: la comisión de investigación le ha dado al PP un argumentario jurídicamente solvente para encarar la causa judicial con la legitimidad del legislativo autonómico.
- Protagonista: Carlos Mazón (presidente de la Generalitat Valenciana) y el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes.
- Próximo hito: Escenificar, a partir de la próxima semana, visitas a la zona cero con alcaldes y diputados del PP para reforzar el mensaje de desagravio territorial.
