El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha insistido este miércoles en la línea traslada por el Ministerio para la Transición Ecológica y ha defendido que la postura del Ejecutivo central es la reubicación de la pastera Ence, actualmente en los terrenos de Lourizán, y cuya localización cuenta ya con tres sentencia de la Audiencia Nacional que la consideran ilegal.
En este sentido, el Gobierno central también ha advertido de que a efectos prácticos, si la sentencia de la Audiencia Nacional adquiere firmeza, puesto que anula la prórroga –del Gobierno de Mariano Rajoy–, «lo que procede, de acuerdo con la normativa de costas, es que el Ministerio se pronuncie sobre el destino de las instalaciones, previamente a la reversión de los terrenos al Estado». Y en ese pronunciamiento, se puede plantear «una salida ordenada y un calendario razonable de demolición».
Sobre este posicionamiento, se ha pronunciado el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, quien ha lamentado que cuando el Gobierno habla de «demoler», le falta «sensibilidad», al tiempo que supone la destrucción de empleos.
«Yo creo que cuando estamos hablando de eso, cuando hablamos de demoler edificaciones, es de una insensibilidad absoluta. Esas edificaciones sirven para que mucha gente vaya a trabajar y, por lo tanto, vamos a pensar en la gente y no en demoler edificaciones», ha subrayado Rueda, en declaraciones a los medios.
Por su parte, el delegado del Gobierno, en una entrevista en la Televisión de Galicia, matizó que «más» que hablar de demolición, el Gobierno se centra en «reubicar» la pastera.
Además de recordar que las competencias industriales están en manos de la Xunta, al estar recogidas en el artículo 34.4 del Estatuto de Autonomía, ha advertido de que el Ejecutivo «no va a ir en contra de una sentencia judicial» y ha lamentado que la Xunta le «pida hacer cosas ilegales». Por ello, ha insistido en la opción de «reubicar la planta de Ence, que es posible».
Sobre el planteamiento de adscribir los terrenos al puerto para salvar la ilegalidad de su prórroga por la ubicación, Miñones ha incidido en que esa cuestión se puso encima de la mesa en 2006 y «se descartó». Por ello, ha insistido en la «apuesta por el traslado».
LA XUNTA AFEA LA POSTURA DEL GOBIERNO
Frente a la postura esgrimida por el Gobierno central, el vicepresidente primero de la Xunta ha señalado que la nueva sentencia –en este caso al recurso de la APDR, la tercera en el mismo sentido– no le «sorprende», pero sí ha afeado la postura del Ejecutivo central.
«Lo que sí es sorprendente», ha dicho, es que el Gobierno hable de demolición. «No es demoler una fábrica, estamos hablando de muchisimos puestos de trabajo. No sé si el Gobierno cuando habla de demoler una fábrica, es consciente de que muchas familias –500 directas y miles indirectas–, van a trabajar ahí y lo que están demoliendo son puestos de trabajo, sin alternativa», ha advertido.
Rueda ha vuelto a poner encima de la mesa la posibilidad de adscribir los terrenos, al respecto de lo que la Xunta ha enviado una consulta al Consello Consultivo y que «está pendiente de evaluación». «Esto es un problema jurídico, vamos a explorar y tratar de salvar esos puestos de trabajo», ha insistido Rueda, emplazando a esperar, primero, a lo que diga el Consello Consultivo.
«Y si nos dice que no es posible, se acabó y habrá que buscar otra, pero si nos dice que es posible, para a tirar de ahí, porque es una posibilidad de salvación de puestos de trabajo», ha aseverado.
Por consiguiente, Rueda ha insistido en «pensar en la gente». «Es sorprende que sin saber si juridicamente podemos tener una alternativa, el Gobierno nos esté hablando ya de un plan de demolición», ha afeado, antes de ironizar y señalar que «ojalá fuese tan rápido para otras cosas que importan a mucha gente muchisimo más que demoler una edificación, que dejaría sin alternativa a miles de familia que trabajan ahora mismo y dependen de ella».
«La fábrica es lo de menos, lo importante son los puestos de trabajo para lo que no hay otra alternativa que la que puso la Xunta encima de la mesa y que fue despreciada sin ningún tipo de explicación», ha concluido el vicepresidente primero del Gobierno autonómico.
