El negocio se cerró en 1753. Fernando VI y Benedicto XIV no se vieron nunca las caras: se escribieron, se tantearon a través de embajadores y acabaron firmando un concordato que reordenó el reparto de poder en la Iglesia española. El rey presentaba; Roma preconizaba. Entre esos dos verbos se fabricaron, a lo largo de medio siglo, centenares de obispos.
Uno de ellos se llamó Javier Delgado Medina. Eso es lo que dice la ficha de la que parte este reportaje: un nombre, un cargo y un siglo. Ni diócesis, ni fecha de nacimiento, ni pueblo de origen. La tentación, llegados a este punto, es rellenar los huecos con novela. No vamos a hacerlo. Vamos a reconstruir la máquina que producía a hombres como él, que es la manera más honesta de retratar a uno de ellos.
Capítulo I: La máquina de hacer obispos
El concordato de 1753 no cayó del cielo. Cerraba décadas de fricción entre Madrid y Roma por tres asuntos muy terrenales: quién nombraba a los prelados y a los canónigos gruesos, a quién le tocaban las rentas de los beneficios vacantes y hasta dónde podía apelar un clérigo descontento ante los tribunales del rey. El acuerdo dio a la corona la presentación de los beneficios consistoriales, es decir, obispados y dignidades mayores. La Santa Sede conservó la preconización canónica, que no era poca cosa, pero llegaba a una firma con el cristal ya cortado.
Desde entonces, la carrera episcopal se jugaba en España. En la Cámara de Castilla se preparaban las consultas, se acumulaban memoriales de méritos y se cocinaban las ternas. Un canónigo con buenos padrinos podía morir obispo; un teólogo brillante sin nadie que lo recomendara, difícilmente. Eso no quiere decir que los elegidos fueran unos mediocres. Quiere decir que la virtud, por sí sola, no bastaba para llegar.
La monarquía llevaba un siglo peleando por el control de los nombramientos, y los Borbones no inventaron nada: heredaron la doctrina regalista y la aplicaron con más método. El rey no solo presentaba mitras. También elegía al inquisidor general, repartía prebendas y decidía qué clérigo subía y cuál se quedaba toda la vida diciendo misa en una parroquia de montaña. Los obispos españoles del Setecientos no eran solo pastores de almas. Eran también funcionarios de un Estado que estaba aprendiendo a gobernarlo todo.
Capítulo II: El cursus honorum de la mitra
El camino habitual empezaba en un colegio mayor, en una universidad de prestigio o en el coro de una catedral. Después venían las oposiciones a canonjías de oficio: la doctoral, la magistral, la lectoral. Eran pruebas duras, con tribunal, ejercicio escrito y sermón de por medio. El canónigo doctoral, en particular, se pasaba la vida entre expedientes, porque era el cerebro jurídico del cabildo y quien mejor conocía los entresijos del derecho canónico y de las rentas capitulares.
De ahí a la mitra había un trecho que se recorría con paciencia. Las diócesis pequeñas servían a menudo de escala antes de llegar a las grandes sillas. Los agraciados solían ser hombres maduros, con oficio y con décadas de servicios a la corona o a la Iglesia. No era una carrera de jóvenes; era una carrera de hombres que ya habían demostrado que sabían administrar, predicar y no dar disgustos.
La llegada a la diócesis tenía su liturgia. La toma de posesión solía hacerse por procurador, y luego, cuando el prelado podía desplazarse, se celebraba la entrada solemne: campanas, Te Deum, cabildo en pleno con los hábitos de gala y una comitiva que medía, sin decirlo, el peso político del recién llegado. Vestía el obispo sotana y roquete, muceta y solideo, y sobre el pecho la cruz pectoral; en el dedo, el anillo. El color morado que hoy asociamos al episcopado era ya entonces su seña de identidad en el coro.
El problema es que muchos de aquellos prelados no vivían en su diócesis. Madrid tiraba mucho. Un obispo consejero, un obispo predicador de la corte, un obispo con despacho en los pasillos del poder podía pasarse años gobernando por medio de un vicario general. Fue una de las críticas más repetidas contra el clero español del siglo XVIII, y no venía de los enemigos de la Iglesia, sino de los reformadores que estaban dentro de ella.
Capítulo III: Un obispado era un Estado
Conviene no perder de vista la escala. Una diócesis del Setecientos no era una oficina administrativa: era un territorio con jurisdicción propia, con rentas, con vasallos y con pleitos. En muchas partes de España el obispo era señor temporal de villas y lugares, administraba justicia civil en sus señoríos y cobraba diezmos, primicias y derechos de todo tipo. Las tercias reales, esa porción de los diezmos que iba a la corona, recordaban a todos que el rey también tenía su parte en la cosecha.
Las diferencias entre mitras eran abismales. La silla primada de Toledo manejaba unas rentas que la situaban entre las más altas de la cristiandad, mientras que obispados pequeños y pobres apenas daban para mantener el culto con decoro. Esa desigualdad explica muchas cosas: por qué se peleaba tanto por ascender, por qué los cabildos ricos resistían a sus prelados y por qué un obispo de diócesis modesta necesitaba mano izquierda para no acabar en pleito con su propio clero.
El cabildo era el contrapoder. Deán, dignidades, canónigos y racioneros formaban un cuerpo que elegía sus oficios, defendía sus rentas y administraba el coro como si fuera un pequeño parlamento. La convivencia con el obispo dependía de la distribución de las horas, de los repartos de misas y de quién mandaba en la fábrica de la catedral. Hubo prelados que gobernaron décadas en paz con su cabildo y otros que dejaron tras de sí expedientes interminables.
El gobierno ordinario se hacía por edictos y cartas pastorales más que por grandes asambleas: los sinodos diocesanos escasearon en aquel siglo, y la letra impresa ocupó el lugar del aula conciliar. El obispo visitaba su diócesis cuando podía, y de aquellas visitas quedaban libros con preguntas y respuestas sobre templos, rentas, costumbres y escuelas. También fundaba o sostenía seminarios conciliares, esos centros de formación que la Iglesia española había ido levantando desde el Concilio de Trento y que en el Setecientos vivieron una segunda vida.
Capítulo IV: Los prelados que leían a los reformadores
No todos los obispos del siglo XVIII fueron guardianes de la rutina. Hubo una generación de prelados que leía a los economistas, se interesaba por el riego, la agricultura o la enseñanza y desconfiaba del barroquismo devocional de sus antecesores. José Climent, obispo de Barcelona entre 1766 y 1775, es el ejemplo más citado: reformista, exigente con el clero, promotor de instrucciones pastorales y sospechoso de jansenismo para sus enemigos. Antonio Tavira y Almazán, obispo de Canarias y después de Osma, murió en 1807 con fama de ilustrado y con no pocos adversarios. Felipe Bertrán, obispo de Salamanca, fue inquisidor general desde 1775 hasta su muerte en 1783. Y Francisco Antonio de Lorenzana, arzobispo de México y luego de Toledo, cardenal y mecenas de ediciones eruditas, encarna al prelado que gastaba en libros y en tipos de imprenta.
El gran test de aquella generación llegó en 1767, con la expulsión de la Compañía de Jesús decretada por Carlos III. Los obispos publicaron edictos, leyeron las órdenes desde los púlpitos y explicaron a sus fieles por qué los jesuitas salían de España. Algunos lo hicieron por obediencia y otros con convicción; los más, probablemente, con ambas cosas a la vez. La maquinaria del patronato funcionaba en las dos direcciones: el rey daba las mitras y las mitras devolvían lealtad.
Ese reformismo convivió con la sospecha. Las tesis episcopalistas, que ensalzaban al obispo frente al primado de Roma, y ciertas lecturas sobre la gracia y los sacramentos bastaban para que un prelado cayera bajo la etiqueta de jansenista. El propio Bertrán, desde la Inquisición, tuvo que moverse en ese terreno resbaladizo, entre la defensa de la ortodoxia y la protección de los hombres de su cuerda.
Capítulo V: Un nombre sin expediente
Y aquí volvemos a Javier Delgado Medina. Lo honesto es decir lo que hay: un nombre, un cargo y un siglo. No consta en las fuentes manejadas para este reportaje ni la diócesis que ocupó, ni el año de su promoción, ni su lugar de origen, ni sus obras impresas. Cualquier dato biográfico concreto que se añadiera a partir de aquí sería humo, y el humo se disipa en cuanto alguien abre un legajo.
Lo que sí puede hacer el lector es situarlo en su mundo con precisión. Si Delgado Medina fue obispo en la España del XVIII, perteneció a ese cuerpo de prelados salidos de cabildos y universidades, presentados por la corona, preconizados en Roma y obligados a entenderse con su cabildo, con sus diezmos y con su grey. Un hombre con sotana morada, anillo y cruz pectoral, que despachaba memoriales por la mañana, firmaba edictos por la tarde y, si era de los buenos, se subía a una mula para visitar parroquias de barro y pizarra.
Para resolver el expediente, la ruta es conocida por los historiadores. Los libros de presentaciones del Consejo de Castilla y de la Cámara, custodiados en el Archivo Histórico Nacional; los fondos diocesanos, donde duermen los edictos y las cartas pastorales; las relaciones ad limina que cada obispo enviaba a Roma con la fotografía de su diócesis; y, en el otro extremo del mapa, los registros de preconización consistorial. Cualquiera de esos cuatro rastros bastaría para poner carne y fechas sobre el nombre. [PENDIENTE: identificación documental de la diócesis y las fechas de Javier Delgado Medina]
Los archivos de la Iglesia española no están cerrados, pero tampoco están peinados del todo. Cada generación de investigadores vuelve sobre los mismos legajos con preguntas nuevas, y lo que ayer era una firma ilegible hoy es un destino. La biografía de un obispo del Setecientos no se escribe con inspiración: se escribe con paciencia, cotejando un memorial de méritos con una cuenta de fábrica y un sermón impreso con la lista de confirmaciones de una parroquia.
Mientras ese trabajo llega, Javier Delgado Medina sigue siendo lo que fue para casi todos sus contemporáneos: uno más de los hombres que sostuvieron el edificio. Ni santo de altar ni villano de folletín. Un prelado del siglo XVIII, con su cruz al pecho y su diócesis a cuestas, esperando en el índice de un archivo a que alguien pronuncie bien su apellido.
