El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno iniciará a partir de este lunes una nueva ronda de declaraciones citando a varios imputados en la ‘Operación Titella’, entre los que destacan el sobrino del productor televisivo José Luis Moreno y el presunto notario de la organización.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado tomar declaración a Raúl Fernández Rodríguez, al que los investigadores sitúan como el encargado de confeccionar facturas falsas entre las empresas de su tío para defraudar a Hacienda, evitando el pago del IVA facturado.
Los agentes, que apuntan al sobrino de Moreno como el administrador de Dreamlight International Productions, indican además que éste habría participado de forma «directa» en la supuesta estafa al socio del ventrílocuo, Alejandro Roemmers, así como en la apropiación indebida del dinero aportado por este para financiar la serie sobre San Francisco de Asís.
A esa declaración, que tendrá lugar el martes a partir de las 08.45 horas, también se unirá la de Enrique Beltrán, el presunto notario de la organización y colaborador del ‘número dos’ de Moreno, Antonio Aguilera, en la supuesta trama de estafa.
Su labor consistiría, según un oficio policial, en efectuar los trámites notariales necesarios para la constitución y adquisición de mercantiles y nombramiento y cese de administradores. Además, Beltrán habría participado de forma activa proponiendo nuevas formas de blanquear la gran cantidad de dinero en efectivo «de procedencia desconocida y presumiblemente ilícita» de la organización.
ASESORAR Y PROTOCOLIZAR LAS OPERACIONES
Los investigadores señalan que, para dar una apariencia de legalidad, la trama contrató a Beltrán, a quien tenían en nómina cobrando 10.000 euros mensuales y al que pusieron un despacho. Desde el mismo se habría encargado de asesorar y protocolizar las operaciones, llegando a adquirir un porcentaje de las sociedades de Aguilera.
También este martes el magistrado escuchará a Carla López Téllez, presunta testaferro de la organización y que figura como administradora de Licorería Margallo y de Restauración Fina Madrid, investigadas por operativa fraudulenta y controladas por Aguilera y otro imputado, Antonio Salazar.
El juez también tomará declaración a María Rosa Velez, que habría cobrado un total de 57 pagarés en efectivo por un importe total de 124.000 euros junto a su hijo, el también investigado Joaquín Dillet. Además, ambos figurarían como administradores de varias sociedades vinculadas en la trama a través de las cuales se habría movido gran cantidad de dinero para el beneficio de la organización delictiva.
Esta nueva ronda también incluye cuatro declaraciones este lunes y que arrancarán a partir de las 10.00 horas. El juez escuchará a Sandra María Villegas, la supuesta persona de confianza de Carlos Brambilla, el presunto líder de la red de narcotráfico de ‘Titella’.
DECLARACIÓN DE SUPUESTOS TESTAFERROS
Así, los investigadores señalan a Villegas como la encargada de las labores de secretaría y gestión de las mercantiles, figurando en ocasiones como administradora de varias de las mismas ligadas y llegando a aparecer como copropietaria de algunas propiedades inmobiliarias que el propio Brambilla posee en España.
También pasará ante el juez Emily Naily Reyes Gómez, la pareja sentimental de Antonio Aguilera y la presunta administradora de varias sociedades que serían gestionadas por éste. El magistrado escuchará asimismo a Adriana Ruiz Hortelano, una de las personas de confianza del propio Aguilera.
Ruiz Hortelano, según el citado oficio, figuraba como administradora de sociedades que forman parte del entramado empresarial que utiliza la organización para conseguir y blanquear dinero de forma fraudulenta,
Además, se habría beneficiado de este blanqueo poseyendo y utilizando vehículos de alta gama adquiridos por la organización. «Finalmente, participa de forma directa en los transportes de dinero en efectivo y se encarga de ‘bancarizar’ este dinero, justificado con facturas que emite Aguilera, según se extrae de conversaciones telefónicas mantenidas entre ambos», señalan los investigadores.
Por último, el magistrado de la Audiencia Nacional interrogará al empresario madrileño José Luis Garrido Pariente, que se habría encargado de la búsqueda y gestión de las sociedades que Brambilla utilizaba para llevar a cabo el blanqueo de capitales procedentes de su actividad.
Los agentes explican que Garrido contaría incluso cuenta con su propia empresa de gestoría y asesoría y que estaría dedicada a «bancarizar» el dinero fruto de la actividad delictiva de los investigados.
EL ORIGEN DE TITELLA
Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
El magistrado le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrílocuo presentó ‘in extremis’ en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.
De acuerdo con el sumario del caso, la Policía Nacional sospecha que Moreno mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.
MORENO, LA «TARJETA DE VISITA»
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
