La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos de Canarias ha remitido al Gobierno de España la evaluación de daños provocados por la erupción de La Palma, que se sitúa hasta el momento en 842,33 millones de euros.
En un comunicado, el vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, ha señalado que el informe recoge los daños provocados a bienes públicos y privados, además de los costes de intervención de la Administración autonómica, y del Cabildo y los ayuntamientos palmeros.
No obstante, matizó que el Fondo de Solidaridad de la UE sólo atiende el 2,5% del balance total de daños y para destinarlos a reparar bienes y servicios solo de titularidad pública.
Rodríguez, dado que esas restricciones provocan que la aportación del Fondo de Solidaridad sea «claramente insuficiente», ha instado al Estado y a los eurodiputados españoles a que reclamen otras fuentes adicionales, fondos excepcionales que contribuyan a financiar un plan de reconstrucción de La Palma.
Todo ello, «a la vista de que el Fondo de Solidaridad establece unas condiciones muy limitativas que evidencian que no fue concebido para situaciones como las de una erupción volcánica».
NO INCLUYE LOS GASTOS ATRIBUIBLES AL ESTADO
Por su parte, el balance de daños remitido al Ministerio de Hacienda no incluye los gastos atribuibles a la Administración General del Estado.
Precisamente, el consejero indicó que los ministerios del Gobierno de España añadirán su propia evaluación en el expediente definitivo que remitirá a las autoridades europeas para su inclusión en el Fondo de Solidaridad.
RELACIÓN MINUCIOSA DE LOS DESTROZOS
La evaluación contiene una relación minuciosa de los destrozos provocados por la erupción, en la que los bloques de mayor cuantía son los daños a las infraestructuras viarias, por 228 millones de euros; la destrucción de cultivos de plataneras y pérdidas de producción asociadas, por unos 200 millones de euros o la destrucción de edificaciones, con l65 millones de euros.
El balance ha sido tramitado por la Subdirección de Gestión de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y el informe será ahora completado con las valoraciones económicas de los ministerios y enviado por el departamento de Hacienda español a la Unión Europea.
Sobre este particular, el vicepresidente recordó que, para acogerse al Fondo de Solidaridad europeo en su modalidad de catástrofes de carácter regional, los daños producidos deben ser superiores al 1% del PIB, algo que se cumple en este caso.
Dicho Fondo puede subvencionar el 2,5% del total de los daños producidos, si bien la ayuda solo se podrá destinar a la reparación o rehabilitación de bienes y servicios de carácter público.
Al respecto, desde la Consejería de Hacienda se estudia la posibilidad de solicitar al Gobierno de España que tramite un anticipo, que en todo caso se limitaría al 25% de la ayuda del Fondo de Solidaridad.
Finalmente, el vicepresidente observó que con el balance de daños hasta el momento y de acuerdo con la normativa, La Palma podría recibir con cargo a este Fondo unos 20 millones de euros, si bien la Comisión Europea ya está al tanto formalmente de que la erupción sigue su curso y que la cuantía, por tanto, no está cerrada definitivamente.
