Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han concluido su quinta semana de paros intermitentes con una advertencia rotunda: si el Ministerio de Sanidad y el Gobierno regional no sientan las bases de una negociación antes del verano, la huelga será indefinida a partir de septiembre. El conflicto, que ya es la mayor movilización médica de la región en décadas, reclama un Estatuto Médico propio que ponga fin a las guardias de 24 horas y a las jornadas laborales que superan las 90 horas semanales.
Por qué los médicos rechazan el Estatuto Marco del Ministerio
El detonante inmediato de la escalada es la tramitación del anteproyecto de ley del Estatuto Marco que el Consejo de Ministros aprobó en enero. Ese texto, pactado con centrales sindicales como CCOO, UGT y CSIF, no satisface a los facultativos porque, según el sindicato mayoritario Amyts, no reconoce la especificidad de la profesión médica. «No queremos ser tratados como un colectivo más del sector público», explicaba la semana pasada Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, durante la concentración frente al Hospital Ramón y Cajal.
Los médicos exigen un marco que regule sus condiciones de forma diferenciada, algo que ya existe en países como Francia, Portugal o Italia desde hace décadas. La reivindicación se centra en limitar la duración de las guardias, establecer descansos obligatorios y reducir la carga asistencial en Atención Primaria, donde la precariedad laboral se ha convertido en la norma.
242.000 consultas aplazadas y 18,6 millones: la factura de la protesta
La Consejería de Sanidad ha cifrado en 18.626.334 euros el coste de los 30 días de paros intermitentes celebrados hasta ahora. Esa cifra se desglosa en 242.627 consultas suspendidas, 11.833 cirugías canceladas y más de 27.000 pruebas diagnósticas que no se han realizado. Los servicios mínimos, tachados de «abusivos» por los convocantes, han mitigado el impacto sobre las urgencias, pero las listas de espera ya empiezan a registrar repuntes significativos.
Los pacientes de Atención Primaria, los hospitales públicos y los centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, Villalba, Valdemoro y Torrejón, entre otros) están sintiendo los efectos. El comité de huelga, que integran Amyts, SIME, MUD y AME, sostiene que la única salida pasa por un calendario de negociación que incluya tanto al Ministerio como a la Comunidad, algo que ninguna de las dos administraciones ha ofrecido hasta ahora.
El coste de la inacción no se mide solo en euros: se mide en la confianza de miles de profesionales que llevan meses exigiendo lo mismo sin respuesta.
Sin calendario de negociación: Madrid se encamina a un conflicto laboral histórico
La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, y el Ministerio de Sanidad, en manos de Mónica García, llevan semanas cruzándose responsabilidades sin sentarse a negociar. La Consejería apela a que el Estatuto es competencia estatal, mientras el Ministerio recuerda que las condiciones laborales dependen en última instancia de cada servicio regional de salud. Este bloqueo político está desgastando a los profesionales y genera una incertidumbre que los pacientes empiezan a notar en sus citas.
Si septiembre llega sin un marco negociador, la huelga indefinida sería la primera de esta magnitud en la sanidad madrileña desde, al menos, las movilizaciones de 2008. Entonces, el conflicto se centraba en la temporalidad y los recortes; ahora, la demanda estructural —un Estatuto Médico— tiene un calado que trasciende a un solo gobierno autonómico. Sin embargo, la falta de voluntad política para desatascar el diálogo amenaza con convertir la protesta de septiembre en un pulso cuya factura superará, con creces, la económica.
El tiempo corre. Si ni la Comunidad ni el Ministerio ceden, Madrid podría arrancar el otoño con una sanidad pública bajo mínimos y unos facultativos dispuestos a mantener la presión hasta que alguien recoja el guante.
