El Ministerio de Justicia ha dispuesto un refuerzo de los servicios forenses y judiciales en Ceuta con 19 profesionales para atender las tareas de identificación de víctimas derivadas de la crisis migratoria, según comunicó el miércoles el departamento que dirige Félix Bolaños.
El refuerzo, comunicado por el Ministerio, se implantó tras la emergencia migratoria que ha incrementado la demanda de actuaciones forenses en la ciudad autónoma. La medida se ha activado de forma escalonada y, según fuentes del Ministerio, podrá ampliarse o mantenerse “si la situación lo requiere”.
El dispositivo ha elevado la dotación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta de los siete profesionales de base a un total de 19, lo que supone un incremento del 271 por ciento en la capacidad operativa.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el Ministerio? Ha reforzado los servicios forenses y judiciales de Ceuta con 19 profesionales para la identificación de víctimas de la crisis migratoria.
- ¿Qué base jurídica aplica? La medida se fundamenta en las competencias del Ministerio sobre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- ¿Qué impacto tiene? El IMLCF duplica su capacidad, se incorporan fiscales sustitutos, letrados del turno de oficio y se refuerza la Fiscalía de Ceuta; la medida puede ampliarse si la situación lo exige.
Antecedentes: la crisis migratoria y el dispositivo inicial
La ciudad autónoma de Ceuta ha experimentado en las últimas semanas una afluencia migratoria que ha saturado los servicios públicos. El aumento de llegadas ha conllevado un incremento de los procedimientos judiciales vinculados a la determinación de la edad de menores, los expedientes de protección y las diligencias de identificación de personas fallecidas.
El pasado 31 de julio, la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio, Marta Grijalba, se desplazó a Ceuta para evaluar sobre el terreno las necesidades del servicio y coordinar el refuerzo. Hasta ese momento, el IMLCF contaba con siete efectivos.
El refuerzo de los servicios forenses constituye una decisión administrativa de emergencia que busca garantizar la integridad de la investigación judicial y el derecho a la tutela judicial efectiva consagrados en el artículo 24 de la Constitución.
El refuerzo de medios personales y materiales
El despliegue activado por el Ministerio incorpora nueve médicos forenses, seis técnicos de autopsia, dos profesionales del equipo técnico y dos de apoyo administrativo. Para alcanzar esa cifra, se ha movilizado a personal de los IMLCF de Cáceres, Valladolid y Salamanca, que será relevado próximamente por dos médicos forenses y dos técnicos de autopsia procedentes de los institutos de Albacete y Toledo.
Además, el Ministerio ha autorizado el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal por un período de dos meses y una plaza de médico forense durante seis meses. La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha dado instrucciones para ampliar el número de efectivos en el servicio de guardia mientras persista la situación excepcional y ha establecido el procedimiento para certificar los servicios extraordinarios prestados.
En el ámbito judicial, la Fiscalía de Área de Ceuta ha recibido la incorporación de tres fiscales sustitutos, autorizados el 31 de julio, así como tres profesionales de refuerzo —un gestor y dos tramitadores procesales— dedicados a los procedimientos de determinación de edad, expedientes de protección y medidas de guarda y tutela.
Por último, el Ministerio ha autorizado la incorporación de cinco letrados adicionales al turno de oficio especializado para atender el aumento de las necesidades de asistencia jurídica, y ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial su total disposición a autorizar jueces de refuerzo si se solicita por su parte.
La lectura doctrinal
La actuación del Ministerio de Justicia se enmarca en el ejercicio de las competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 496) le atribuye sobre los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, organismos encargados de prestar auxilio a los órganos judiciales en la práctica de pruebas periciales, autopsias y demás actuaciones médico-forenses. La determinación de las causas y circunstancias de la muerte de las víctimas de una crisis humanitaria constituye un presupuesto indispensable para el correcto desarrollo de las diligencias de investigación que el juez instructor debe practicar conforme a los artículos 326 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Desde la perspectiva constitucional, la medida se conecta con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, que impone a los poderes públicos la obligación de dotar de los medios materiales y personales necesarios para que los procedimientos judiciales puedan desarrollarse con las debidas garantías. La doctrina del Tribunal Constitucional ha reiterado que la carencia de recursos no puede erigirse en obstáculo para la efectividad de la función jurisdiccional; la STC 45/2019 recuerda que el Estado debe disponer de los medios necesarios para hacer efectivo el derecho de las víctimas a una investigación diligente.
La previsión de relevos programados desde diversos IMLCF peninsulares y la autorización de fiscales sustitutos y refuerzos en la oficina judicial revelan una estructura de respuesta escalonada, que podría consolidar un protocolo de actuación administrativa para futuras emergencias que incidan en la Administración de Justicia. La comunicación al CGPJ de la disponibilidad de jueces de refuerzo, aunque por el momento no hayan sido solicitados, apunta a un diseño integral de cobertura de todas las fases del proceso.
FICHA DEL CASO
- El caso: Refuerzo de los servicios forenses y judiciales en la ciudad autónoma de Ceuta, acordado por el Ministerio de Justicia en agosto de 2026, para hacer frente a las identificaciones de víctimas y al aumento de procedimientos derivados de la crisis migratoria.
- Datos importantes: 19 profesionales adscritos al IMLCF; nueve forenses, seis técnicos de autopsia, dos de equipo técnico y dos administrativos. Incremento del 271% en capacidad. Refuerzo de dos plazas de tramitación procesal (2 meses) y una de médico forense (6 meses). Tres fiscales sustitutos, cinco letrados del turno de oficio adicionales. La medida se ampara en el artículo 496 LOPJ y en la obligación constitucional de tutela judicial efectiva.
- Fecha de los juicios: N/A — la medida no deriva de un procedimiento judicial concreto, sino de una decisión administrativa de refuerzo adoptada a primeros de agosto de 2026. La coordinadora del IMLCF se desplazó el 31 de julio de 2026; el refuerzo se ha implantado de forma escalonada.
- Personas acusadas y por qué: N/A — se trata de una disposición administrativa de carácter organizativo.
