La crisis migratoria en Ceuta ha vuelto a tensar la alianza entre PP y Vox, pero ambos partidos han optado por cerrar filas contra el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de repetir la fractura que dinamitó varios ejecutivos autonómicos en 2024. La marcha atrás de los populares en su disposición a aceptar repartos de menores ha sido clave para que la formación de Santiago Abascal valore positivamente el giro y mantenga la estabilidad de las coaliciones en cuatro comunidades.
La lectura de Vox: un PP que ‘sí da la batalla’ frente al reparto de menores
Fuentes del partido de Abascal consultadas por este medio aseguran que la actitud actual del PP es muy distinta a la de hace dos años. «Ahora sí parece dispuesto a dar la batalla, lo contrario de lo que hizo en 2024, cuando nos obligó a salir de los gobiernos», señalan. Vox recuerda que los pactos autonómicos recogen expresamente el rechazo a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes en situación irregular, tanto mayores como menores de edad, y se felicitan de que el PP esté alineado en ese punto.
Como ha explicado José María Figaredo, diputado de Vox en el Congreso, la situación actual es diferente porque el reparto de menores se rige ahora por un real decreto aprobado en 2025 en el que el Gobierno central asume la decisión de forma total. Figaredo ha subrayado que España tiene la obligación internacional de devolver a los menores con sus padres o, en su defecto, a las instituciones de su país de origen. «Vamos a pelear para que ese reparto no se produzca», ha zanjado.
Además, Vox ya prepara una batería jurídica «bien fundamentada» para exigir al Ejecutivo que asuma su responsabilidad y promueva el retorno de los menores. Marruecos ha anunciado que está dispuesto a acoger a los menores, recuerdan, y cualquier insistencia del Gobierno en un reparto sin agotar esas vías sería, a juicio de la formación, «prevaricar» a la luz de la legislación internacional.
Por qué no se repite la ruptura de 2024: el pacto autonómico y la nueva actitud popular
El acuerdo firmado en las cuatro autonomías —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— señala que los ejecutivos se opondrán «por todos los medios legales, jurídicos y políticos» a cualquier reparto de inmigrantes ilegales. Para Vox, el PP está respetando ese mandato, y la paz en los gobiernos regionales se mantiene porque los populares han evitado avalar en conferencias sectoriales el reparto de menores, como sucedió en 2024.
Las declaraciones del vicesecretario popular Elías Bendodo han confirmado ese giro. Bendodo ha defendido que su partido siempre cumple la ley, pero ha aclarado que eso no equivale a asumir un reparto: la legislación permite otras vías como el reagrupamiento familiar o la devolución a los servicios sociales de Marruecos. «Todos los que han entrado ilegalmente, legalmente tienen que irse todos», ha afirmado, y ha exigido al presidente Sánchez que resuelva el problema «que él ha generado» sin derivarlo a las autonomías.
La clave de la estabilidad: el PP ha desplazado su posición hacia el rechazo del reparto y Vox capitaliza ese giro sin necesidad de romper los gobiernos autonómicos.
Los populares también han reclamado la verificación de la edad de los jóvenes que llegan a Ceuta, una demanda que coincide con lo pactado con Vox. La vicesecretaria Alma Ezcurra ha recordado que, según comprobaciones en algunas autonomías, casi la mitad de los supuestos menores acaban siendo mayores de edad, lo que reforzaría la postura de no derivarlos como si fuesen niños.
Una estrategia de doble flanco para cohesionar la derecha y desgastar al Gobierno
El desenlace de esta crisis refleja una estrategia deliberada: PP y Vox han convertido la emergencia de Ceuta en un campo de batalla contra el Gobierno, evitando que la disputa les enfrente entre sí. El partido de Abascal obtiene así una victoria política al demostrar que su presión modifica la agenda del PP, mientras que los populares eluden el coste de una nueva ruptura y mantienen un discurso de firmeza ante un electorado cada vez más sensible a la cuestión migratoria.
La diferencia con 2024 es nítida: entonces Vox rompió porque los consejeros del PP votaron a favor de acoger a 400 menores en una conferencia sectorial. Ahora, con un decreto que centraliza la decisión y una actitud más combativa de los populares, el Gobierno es el único blanco. Ambos partidos saben que el reparto de menores puede convertirse en un intento del Ejecutivo de dividir al bloque de la derecha, pero, al cerrar filas, PP y Vox minimizan ese riesgo y refuerzan la imagen de un polo alternativo cohesionado.
