EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno ha comunicado que los ministros citados por el PP en el Senado para dar cuenta de la crisis de Ceuta no acudirán a la Cámara Alta y se limitarán a comparecer voluntariamente en el Congreso a finales de agosto.
- ¿Quién está detrás? Moncloa y los titulares de Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia han registrado sus comparecencias a petición propia en la Cámara Baja.
- ¿Qué impacto tiene? El choque institucional se agrava: el Ejecutivo sortea la mayoría absoluta del PP en el Senado y debilita la función de control de la Cámara Alta.
Moncloa ha confirmado este jueves que los ministros citados por el PP en el Senado para explicar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta no acudirán a la Cámara Alta. En su lugar, el Ejecutivo ha registrado comparecencias voluntarias de los cuatro titulares —Marlaska, Robles, Albares y Bolaños— en el Congreso y propone sustanciarlas la última semana de agosto.
La decisión se conocía apenas unas horas después de que el Grupo Parlamentario Popular fijara para la próxima semana las comparecencias en las respectivas comisiones del Senado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la titular de Defensa, Margarita Robles. Para la semana siguiente estaba prevista la del responsable de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El PP, con sus 120 senadores, tiene mayoría absoluta en la Cámara y venía exigiendo explicaciones inmediatas por la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.
Fuentes gubernamentales razonan que no hay previsión de que los ministros atiendan el requerimiento del Senado –algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones esta legislatura– y que se limitarán a informar al Congreso sobre su papel en la crisis. Es decir, el Gobierno utiliza la Cámara Baja, donde controla los ritmos a través de la Mesa, para esquivar el control de la única cámara donde el PP puede imponer su calendario.
El Ejecutivo se refugia en el Congreso para eludir al Senado
La maniobra no es nueva. Cada vez que las mayorías parlamentarias del PP en el Senado han forzado una comparecencia incómoda, Moncloa ha replicado con el mismo argumento: la Cámara Alta no puede obligar al Gobierno a asistir. Y ahora, con la crisis de Ceuta como telón de fondo, el choque institucional sube de temperatura.
El PP también había solicitado reunir a la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que sigue activo en periodos no ordinarios de sesiones, para decidir si se obligaba a comparecer a estos tres ministros antes de septiembre. Asimismo, exigía llamar al titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.
Pero este viernes, el Gobierno ha informado de que los cuatro ministros han registrado sus respectivas solicitudes de comparecencia a petición propia en el Congreso, proponiendo como fecha la última semana de agosto. Con ello, Moncloa entierra de facto las citaciones del Senado y traslada toda la presión al hemiciclo del Congreso, donde la aritmética es mucho más manejable para el Ejecutivo.
El Gobierno no quiere responder ante la Cámara que tiene mayoría absoluta popular: prefiere un Congreso donde controla los tiempos.
El PP aprieta también por la vía de la Diputación Permanente
Los populares no se conforman con la negativa del Ejecutivo. Quieren que la Diputación Permanente del Congreso –que en principio no prevé reunirse hasta finales de agosto– fuerce la convocatoria de un Pleno extraordinario. En ese Pleno, el PP pretende que sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien rinda cuentas por lo sucedido en Ceuta, una comparecencia que el Ejecutivo no contempla.
Además, la presión se extiende al entorno más próximo de Sánchez. El PP tiene solicitada la comparecencia del director de Gabinete del presidente, Diego Rubio, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que explique el cese de una funcionaria que informó en la web oficial sobre la entrada irregular de miles de personas en la ciudad autónoma.
El Eje del Poder Popular
La decisión del Gobierno de esquivar al Senado tiene una lectura estratégica que no se le escapa a Génova. Con 120 senadores, el PP disfruta de la mayoría absoluta más holgada en la Cámara Alta desde 2011 y la ha utilizado durante toda la legislatura como un contrapeso real al Ejecutivo. Que ahora Moncloa le cierre la puerta supone un desafío directo a la capacidad de control de la oposición y, de paso, a la institución misma.
En el plano territorial, la crisis de Ceuta golpea de lleno a una ciudad que está gobernada por el PP y que lleva semanas pidiendo auxilio. Al evitar el Senado, el Gobierno deja sin voz a los representantes territoriales que el PP tiene en la Cámara y reduce el debate a un formato más controlado en el Congreso, donde los diputados de Ceuta –uno de ellos, del PP– tendrán menos margen para interpelar directamente a los ministros.
El pulso recuerda a lo ocurrido en otras ocasiones con la ley de amnistía o con las comisiones de investigación sobre los fondos europeos. Génova lee este nuevo episodio como una muestra más de que el Ejecutivo solo acepta el control parlamentario cuando puede manejar los tiempos y los votos. La respuesta popular pasa por no desistir: forzar la reunión de la Diputación Permanente, seguir sumando presión sobre Sánchez y mantener viva la exigencia de explicaciones en el único órgano que no puede ser ninguneado por el Gobierno, el Pleno del Congreso.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Defensa institucional del Senado como cámara de control y denuncia de un Gobierno que vuelve a sortear a la mayoría popular de la Cámara Alta.
- Protagonista: Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP del Senado).
- Próximo hito: Comparecencias voluntarias de los ministros en el Congreso la última semana de agosto y posible convocatoria de la Diputación Permanente.
