El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, confirmó esta semana en el Parlamento que Italia no participará en el programa PURL de la OTAN, diseñado para financiar la compra de armamento estadounidense con destino a Ucrania. La decisión, que aleja a Roma de los principales contribuyentes del esquema, se suma a las dudas del Gobierno de Giorgia Meloni sobre el programa de préstamos SAFE de la Unión Europea.
El programa Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) nació como un mecanismo para acelerar la entrega de sistemas de defensa aérea a Ucrania sin recargar las arcas de los aliados que ya han donado material propio. Según datos de la Alianza, el fondo ha recaudado casi 6.000 millones de dólares desde su creación, con el 70% de todos los misiles para las baterías Patriot ucranianas y el 90% de la munición empleada en otros sistemas antiaéreos financiados a través de este canal. Alemania, Canadá, Países Bajos y Suecia encabezan la lista de aportantes. Este mismo jueves, Estocolmo anunció una contribución adicional de 543 millones de dólares.
PURL: una cuenta de resultados que Roma no quiere pagar
“Hemos dicho no desde el principio, y sigue siendo un no”, afirmó Crosetto ante los parlamentarios. El ministro, conocido partidario de acogerse a los préstamos SAFE, aclaró sin embargo que la decisión final sobre ese mecanismo europeo corresponde al Ministerio de Finanzas. Fuentes del Gobierno italiano confirmaron a Defense News que las discusiones sobre si utilizar esos créditos blandos —que supondrían 14.900 millones de euros en financiación barata— continúan abiertas.
La negativa a PURL se produce en en la misma semana en que Meloni ha advertido de que su Ejecutivo debe priorizar la factura energética y el coste de la vida, de cara a las elecciones legislativas previstas para el año próximo. El gasto en defensa pierde popularidad entre el electorado italiano, y la primera ministra ha vinculado cualquier esfuerzo adicional a la reclasificación contable de partidas ya existentes.
La reunión con Hegseth y la presión de Washington
El lunes, Crosetto viajó a Estados Unidos para entrevistarse con el secretario de Defensa Pete Hegseth. Tras el encuentro, Hegseth publicó un comunicado en el que subrayaba la “necesidad urgente de que los aliados de la OTAN aumenten el gasto en defensa, expandan la producción industrial militar y desplieguen fuerzas combatientes creíbles”. Este jueves, en Bruselas, el jefe del Pentágono fue aún más explícito ante sus homólogos: “Algunas de las economías más grandes de la OTAN, algunos de nuestros países más ricos, aliados que más se alegran de hablar del orden internacional basado en reglas y de poderes medios uniéndose, todavía parecen pensar que la era del parasitismo sigue aquí”. Sin mencionar a nadie, la referencia a Italia resultaba evidente.
La paradoja es que, en paralelo, el Gobierno de Meloni ha comunicado a la Alianza su intención de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una meta que la propia OTAN maneja como nuevo horizonte a instancias de Donald Trump. Ese 5% se desglosaría en un 3,5% para armamento y un 1,5% para seguridad interior. El pasado 11 de junio, la primera ministra anunció en el Parlamento que Italia comunicará en la cumbre de Ankara del 7 y 8 de julio que su gasto defensivo alcanza ya el 2,8% del PIB en 2026, pero esa cifra se logra gracias a la reclasificación de partidas como la policía fiscal, la guardia costera, el espacio y la ciberdefensa.
Roma ha elegido priorizar el bolsillo de sus votantes sobre la artillería ucraniana. Una apuesta electoral que debilita la narrativa de unidad aliada.
Equilibrio de Poder
El movimiento italiano tiene una lectura estratégica que trasciende a Roma. Por un lado, expone la creciente brecha entre los países dispuestos a financiar la guerra con cheques en blanco a Washington —Alemania, Canadá y los nórdicos— y los que, como Italia, buscan fórmulas que no lastren sus cuentas públicas ni antagonizen con un electorado cansado de la guerra. La OTAN necesita que el PURL funcione para sostener el flujo de misiles Patriot y munición antiaérea; sin Italia, el peso recae sobre un núcleo cada vez más reducido.
Para España, la decisión de Meloni es un espejo incómodo. El Gobierno de Pedro Sánchez afronta idéntica presión para elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, una cifra que triplicaría el presupuesto actual y que Moncloa intenta modular con promesas de alcanzar el 2% en 2029. La fórmula italiana —reclasificar como defensa el gasto en seguridad interior, ciberseguridad y tecnología dual— puede convertirse en un precedente tentador para el Ministerio de Hacienda si Bruselas y Washington aprietan. Así se evitaría un aumento real de la inversión militar, pero a costa de la coherencia contable y de la credibilidad ante la Alianza.
En el eje Washington-Moscú-Bruselas, la negativa italiana debilita la capacidad de la OTAN para sostener flujos de munición sin depender exclusivamente de la industria estadounidense. Aunque el programa SAFE está diseñado precisamente para fortalecer la base industrial europea, el rechazo de Roma a endeudarse a través de ese instrumento envía una señal de fragmentación que el Kremlin sabrá explotar. Cuanto más tiempo se aferre Moscú a su desgaste, más expuestos quedarán los gobiernos europeos divididos.
Mientras tanto, Moscú observa. Cuantas más fisuras muestre la Alianza en la financiación del esfuerzo bélico ucraniano, mayor será la tentación de prolongar el conflicto hasta que el agotamiento político en Occidente incline la balanza. La próxima cita en Ankara medirá hasta qué punto la retórica del 5% del PIB se traduce en desembolsos reales o, como sucede con Italia, en juegos contables.
