EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha concluido una investigación que acusa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke de discriminación racial en sus admisiones de las promociones de 2023, 2024 y 2025, perjudicando a blancos y asiáticos.
- ¿Quién está detrás? La fiscal general adjunta de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, firma una carta de conclusiones en la que se detalla el uso intencional de la raza en el proceso de selección, en violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
- ¿Qué impacto tiene? La ofensiva de la Administración Trump contra las políticas de diversidad se intensifica y alcanza ya a las universidades de élite, con riesgos legales para las filiales estadounidenses de multinacionales españolas que mantienen programas de DEI (diversidad, equidad e inclusión).
Washington vuelve a tensar la cuerda de la acción afirmativa. El Departamento de Justicia (DOJ) ha hecho pública esta semana una contundente carta de hallazgos en la que acusa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke de haber discriminado de forma intencional por motivos de raza a solicitantes blancos y asiáticos. Las generaciones de 2023, 2024 y 2025, según la investigación, fueron seleccionadas con criterios que inflaban artificialmente las posibilidades de los aspirantes negros e hispanos.
Qué ha encontrado el Departamento de Justicia
La revisión de cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 —la norma federal que prohíbe la discriminación racial en programas que reciben fondos públicos— concluye que el centro ha discriminado de forma intencional por motivos de raza en las admisiones de las promociones de 2023, 2024 y 2025. La fiscal general adjunta de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, escribió que las prácticas de la Escuela de Derecho llevaron a que ”estudiantes altamente cualificados blancos, asiáticos y de otras categorías” fueran ”rechazados por su raza”.
El documento señala una disparidad significativa en las métricas academicas objetivas entre los solicitantes negros e hispanos y el resto. Además, el DOJ sostiene que las preguntas sobre »diversidad» en los ensayos de solicitud se utilizaron para identificar las razas preferidas por la institución. »La Facultad de Derecho de Duke no tiene un pase libre para discriminar a estudiantes blancos y asiáticos solo porque crea que sus intenciones son buenas», afirmó Dhillon en un comunicado.
La ofensiva contra la acción afirmativa
La sentencia de 2023 del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Students for Fair Admissions contra Harvard ya declaró ilegal el uso de la raza como factor en las admisiones universitarias, restringiendo de facto la acción afirmativa. Desde entonces, el DOJ ha abierto múltiples investigaciones sobre facultades de Medicina y ahora apunta a las de Derecho de la élite académica. En junio de 2026, la propia Dhillon anunció la apertura de pesquisas sobre otras quince escuelas médicas por presunta discriminación racial.
El caso de Duke no es una excepción, sino la continuación de una campaña orquestada desde la Casa Blanca para hacer cumplir la interpretación restrictiva del Tribunal Supremo. La universidad de Carolina del Norte ha recibido la carta de conclusiones y, en un breve comunicado, afirma que »está revisando el documento y sus conclusiones cuidadosamente», añadiendo que »Duke se compromete a cumplir la ley en coherencia con su misión académica».
Las buenas intenciones no eximen del cumplimiento de la ley: discriminar por raza, incluso para fomentar la diversidad, sigue siendo ilegal.
La Lógica de Washington
Para el ala conservadora que hoy controla el Departamento de Justicia, la doctrina es clara: el mérito individual debe primar sobre cualquier ingeniería social. Desde su perspectiva, el fallo de Harvard de 2023 cerró el debate, y las universidades que continúen utilizando la raza como atajo para alcanzar una composición demográfica predefinida están cometiendo una ilegalidad flagrante. La lógica de Dhillon, exabogada de Trump y figura prominente del Partido Republicano, enlaza con el precedente de los años 80 del siglo pasado, cuando la Administración Reagan empezó a cuestionar las políticas de affirmative action por considerarlas contrarias a la igualdad de trato. Treinta años después, la mayoría conservadora del Supremo ha dado soporte constitucional a ese escepticismo.
Para la Administración Trump, la presión sobre Duke es un mensaje con destinatario múltiple: a las universidades, a las agencias federales y a las grandes corporaciones. Ahí es donde el foco se gira hacia España. Multinacionales como Inditex (Zara), Banco Santander, Iberdrola o Ferrovial mantienen filiales potentes en suelo estadounidense y, muchas de ellas, han incorporado en los últimos años sofisticados programas de DEI (diversidad, equidad e inclusión). Si esas prácticas incluyeran preferencias raciales explícitas o implícitas en la contratación, podrían quedar bajo la lupa de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) o del propio DOJ, en un entorno jurídico cada vez más hostil a cualquier discriminación inversa.
El siguiente paso del DOJ es buscar un »acuerdo voluntario de cumplimiento» con la Facultad de Derecho de Duke. Si no se alcanza, la vía contenciosa está abierta. Mientras, la ofensiva contra las políticas de diversidad amparadas hasta ahora por décadas de doctrina progresista avanza, y los departamentos legales de las empresas españolas con intereses en Estados Unidos harían bien en revisar sus manuales.
Ficha del Caso
- El caso: El DOJ, bajo la dirección de la fiscal general adjunta de Derechos Civiles Harmeet Dhillon, ha emitido una carta de conclusiones en la que acusa a Duke Law de violar el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 al discriminar por raza en las admisiones. La universidad revisa la denuncia mientras se busca un acuerdo voluntario.
- Datos clave: La investigación abarca las promociones de 2023, 2024 y 2025. Documentos internos muestran que las preguntas sobre diversidad se utilizaban para favorecer a negros e hispanos. El Tribunal Supremo ya prohibió en 2023 el uso de la raza en las admisiones con el fallo Students for Fair Admissions v. Harvard.
- Para España: La expansión del escrutinio judicial sobre los programas de DEI puede afectar a las filiales de grandes empresas españolas (Inditex, Santander, Iberdrola, Ferrovial) si sus políticas de contratación incorporan cuotas o preferencias raciales, exponiéndolas a litigios por discriminación inversa en Estados Unidos.
