El Parlament de Cataluña mantiene la sanción a Vox por llamar ‘asesino’ a Lluís Companys tras el error de Aliança Catalana. La Mesa de la Cámara resolvió el martes 22 de septiembre conservar las dos amonestaciones públicas impuestas en julio al diputado Joan Garriga, después de que la junta de portavoces rechazara retirarlas por falta de mayoría.
Las amonestaciones no incluyen multa económica. La Mesa presidida por Josep Rull las aprobó en julio, justo antes del parón vacacional, a partir del informe de la comisión del estatuto del diputado, el órgano que examina las violaciones del código de conducta.
Ambas correcciones responden a sendas intervenciones de Garriga: la referencia a Companys como ‘asesino’ y su afirmación de que los socialistas se gastan el dinero en ‘drogas y putas’. En la misma sesión de julio, el órgano rector sancionó a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por sus comentarios sobre la diputada de ERC Najat Driouech, a la que acusó de ‘normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico’.
Qué sancionó la Mesa y por qué Vox recurrió la amonestación
El grupo parlamentario de Vox presentó un escrito de reconsideración, el trámite con el que un grupo pide a la Mesa que revise una decisión propia. El recurso ya ha sido tumbado por el órgano rector, de modo que las dos amonestaciones siguen vigentes. El procedimiento obliga a escuchar antes a la junta de portavoces, y fue en ese primer paso donde se midieron las posiciones de los grupos.
Vox respaldó levantar la sanción al amparo del principio que el PP explicó en la reunión: la libertad de expresión se defiende en todos los casos, sin excepciones según quién firme la frase. Los populares justificaron así su voto y el grupo de Vox se sumó a esa posición. No consta que la formación de Abascal haya detallado un argumentario distinto al de los populares, según fuentes parlamentarias consultadas por este medio.
El asunto de fondo es el alcance del código de conducta, el instrumento con el que la Cámara fija los deberes de los diputados y que permite corregir palabras, no actos. Aplicado sin más límite que la mayoría de la Mesa, convierte a ese órgano en árbitro del contenido político de lo que se dice en el hemiciclo. Una amonestación pública no retira la palabra ni la condición de diputado, pero deja por escrito que la Cámara considera indebida la intervención.
El debate de fondo no es Companys: es si la Mesa puede corregir lo que dice un diputado y con qué mayoría decide hacerlo.
El apoyo por error de Aliança y la rectificación de Orriols
La junta de portavoces se pronunció primero y la opción de levantar la sanción no sumó mayoría entre los grupos. La diputada de Aliança Catalana Rosa Maria Soberana se adhirió a la posición del PP para retirar la amonestación, mientras que Vox votó a favor y el resto de grupos se opuso. Horas después, y según recogió La Vanguardia, quedó claro que el respaldo de Aliança Catalana había sido un error.
La líder de la formación, Sílvia Orriols, rectificó a través de la red social X cuando los medios ya habían publicado que su partido apoyaba retirar la sanción a Vox. ‘En ningún caso Aliança Catalana tolera ni avala que se le llame asesino a Lluís Companys’, escribió. ‘Llamarle asesino a alguien sin pruebas no es libertad de expresión, es calumniar’, remató la alcaldesa de Ripoll.
También Soberana publicó un mensaje en el que rectificaba su posición y anunció que presentará un escrito ante la Mesa del Parlament para que quede constancia del error. Tras la reunión preceptiva de la junta, el órgano rector volvió a reunirse y resolvió mantener la sanción al portavoz de Vox.
La reforma del reglamento y el pulso que viene
El informe de la comisión del estatuto del diputado ya abogaba por reformar el reglamento de la Cámara, disponible en el portal oficial del Parlament de Cataluña. Esa reforma está pactada por diversos grupos y se espera su aprobación en este periodo de sesiones. El texto llegará al Pleno en un momento delicado: amplía el terreno de lo sancionable en la misma legislatura en la que la Mesa ya ha corregido a diputados de dos grupos distintos.
El precedente inmediato está en la propia Aliança. Sílvia Orriols fue sancionada en julio por el mismo código de conducta que su partido considera ahora legítimo aplicar a Vox, y la formación que votó levantar la amonestación rectificó horas después, cuando la posición ya estaba publicada. La secuencia deja una paradoja difícil de sostener en el debate que viene: quien reclama que no se castigue el discurso de sus diputados avala que se castigue el de los demás.
Queda por ver cómo llega el texto al Pleno y qué mayoría lo sostiene. De momento, la Cámara mantiene la sanción a Garriga, el PP y Vox han votado en el mismo sentido en la junta de portavoces y la rectificación de Aliança queda pendiente del escrito que su diputada ha anunciado ante la Mesa. El próximo hito será el Pleno que apruebe el nuevo reglamento, el escenario en el que se medirá el alcance real de las amonestaciones. La sanción a Vox, por ahora, sigue en pie.
