EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada (Coalición Canaria), mantiene a la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas con un contrato declarado ilegal por una auditoría de Puertos del Estado.
- ¿Quién está detrás? La propia Calzada, que pidió más tiempo al consejo de administración para “corregir algunas cuestiones”, mientras la abogada del Estado advirtió de posibles responsabilidades penales.
- ¿Qué impacto tiene? La continuidad en el cargo de Betsabé Morales, secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria, y de otros cargos del partido mantiene un foco de ilegalidad que podría salpicar a todo el equipo directivo.
Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha solicitado este jueves más tiempo al consejo de administración para “corregir algunas cuestiones” tras la auditoría que declara ilegal el contrato de la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, a la sazón secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria. Lejos de actuar, Calzada pidió una nueva reunión con Puertos del Estado para presentar su propia versión.
Una auditoría demoledora que la presidenta intenta minimizar
El informe de la auditoría interna, encargado por el propio organismo estatal, no deja lugar a dudas: la contratación de Betsabé Morales como gerente se realizó a dedo, sin ningún procedimiento legal que la respalde. A eso se suma el despido de su predecesora con una indemnización de 125.000 euros para dejar el hueco libre. Durante el consejo, la abogada del Estado fue relatando punto por punto las ilegalidades y subrayó que “no existe la contratación directa en la Administración del Estado”. El ‘dedazo’ en la gestión pública no es un vicio menor.
Calzada, sin embargo, optó por una huida hacia adelante. En la rueda de prensa posterior, minimizó el alcance del informe y aseguró que se aplicarían medidas en coordinación con Puertos del Estado. Pero ninguna de esas medidas, reconoció a preguntas de este periódico, incluye la resolución del contrato de la gerente. La secretaria de Acción Electoral seguirá en su puesto a pesar de la ilegalidad flagrante.
La presidenta justificó la situación argumentando que el mismo método se usó con la anterior gerente, algo que la auditoría desmiente: aquella plaza se cubrió en funciones por una trabajadora de la casa, no mediante una designación arbitraria. Los hechos son contundentes y la coartada se desmorona.
Los nombres que saltan a la palestra: cargos del partido y ‘falsos autónomos’
El escándalo no se limita a la gerente. La auditoría ha puesto al descubierto una red de colocaciones de militantes de Coalición Canaria en la Fundación Puertos de Las Palmas. Marcial J. Rodríguez de León, secretario insular de Cultura del partido, figura como asistencia externa pero cobra como falso autónomo. Nira Pulido Suárez, secretaria insular de Identidad, es técnica económico-financiera en la Autoridad Portuaria. Y Leticia Padilla Macabeo, hermana del director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, trabaja como administrativa en la dársena de embarcaciones menores.
La abogada del Estado, que confesó haber leído la auditoría solo 24 horas antes del consejo, llamó la atención sobre cada uno de estos vínculos y advirtió de que las responsabilidades penales podrían alcanzar no solo a quienes ejecutaron las contrataciones, sino también a quienes, conociéndolas, no actúan. A pesar de ello, el consejo no tomó ninguna decisión inmediata.
Calzada recordó que una instrucción del Gobierno de España de 2013 ordena la disolución de fundaciones públicas como esta, y calculó que el proceso podría alargarse hasta 2028, cuando expire la concesión del edificio que ocupa la fundación. Hasta entonces, la gerente ilegal y el resto de cargos podrían seguir cobrando del erario público.
El Pulso Territorial
Lo ocurrido en la Autoridad Portuaria de Las Palmas no es un episodio aislado: refleja la arraigada costumbre de los partidos que controlan las instituciones insulares de colocar a sus afines en puestos de la administración periférica del Estado. Coalición Canaria gobierna en el Gobierno de Canarias desde 2023 con el apoyo del PP y mantiene una influencia determinante sobre los nombramientos en los puertos, un sector estratégico para la economía del archipiélago. La advertencia de la abogada del Estado —que alude a posibles delitos de prevaricación— eleva la presión sobre un ejecutivo autonómico que ya lidia con otras polémicas de nepotismo en cabildos y empresas públicas. El precedente de la orden ministerial de 2013, que instaba a disolver entes similares pero nunca se ejecutó, demuestra que la inercia burocrática puede blindar estas prácticas durante años.
En el ámbito comparado, otras comunidades como Baleares o Murcia han enfrentado escándalos por contrataciones irregulares en sus puertos, pero en ninguna se había llegado a una auditoría tan explícita sin consecuencias inmediatas. La reunión que Calzada ha pedido con Puertos del Estado será la próxima prueba de fuego: si el organismo estatal acepta una simple “corrección de matices” sin exigir el cese de la gerente, el mensaje será que los controles existen sobre el papel pero no se aplican cuando hay voluntad política de no hacerlo.
El ‘a dedo’ en la administración pública no es un vicio menor: es la puerta de entrada al derecho penal.
Ficha Autonómica
- El caso: La Autoridad Portuaria de Las Palmas mantiene en el cargo a una gerente contratada sin procedimiento legal, pese a una auditoría que declara la ilegalidad y advierte de consecuencias penales.
- Datos importantes: La gerente, Betsabé Morales, es secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria. La predecesora fue despedida con 125.000 euros de indemnización. La abogada del Estado señaló que “no existe la contratación directa en la Administración del Estado”. Tres cargos más del partido figuran en puestos de la fundación o de la autoridad portuaria bajo figuras como el falso autónomo.
- Resumen: El consejo de administración no actuó contra las irregularidades. Beatriz Calzada pidió más tiempo para presentar su versión a Puertos del Estado, con la intención de dilatar la solución hasta 2028. Mientras, los contratos ilegales se mantienen y el riesgo penal sigue latente.
