El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Francisco Bastida considera que la actitud de personas que, por sus ideas o creencias, no quieren vacunarse contra la COVID-19, los conocidos como ‘negacionistas’, no ha de poner en peligro la vida o la integridad física de los demás. Bastida plantea que «entraría dentro de lo razonable» exigir a un ‘negacionista’, en las actuales circunstancias de pandemia y de presión hospitalaria, el pago a la Seguridad Social por la atención médica recibida si es que ha tenido que ser ingresado por contraer la COVID-19.
«Si uno quiere escalar una montaña sin el equipo adecuado y con previas advertencias del riesgo que corre y luego se cae, el helicóptero de rescate no tiene por qué salirle gratis, o sea, pagado por todos los demás; el Estado no puede ser un seguro universal y menos para gente irresponsable», ha argumentado el experto en Derecho.
A juicio de Francisco Bastida, en el momento de que hay evidencia científica de que la vacuna frena drásticamente el virus SaRS-CoV-2, negarse a poner la vacuna es un gesto de «insolidaridad manifiesta».
Con la pandemia de COVID-19 un genérico y abstracto derecho a la salud no es lo que está en juego, es algo más preciso, añade. «Estamos hablando de derechos específicos, del derecho a la vida y del derecho a la integridad física de las personas», ha comentado.
Así, si bien un estado democrático ha de respetar en la medida de lo posible la decisión de unas personas que en base a sus ideas o creencias no quieran vacunarse, también tiene todo el derecho a imponer, si fuera necesario, a los no vacunados las restricciones que se consideren indispensables «para preservar la vida o la integridad física de los demás». Es en este contexto, donde está justificado y tiene encaje legal el certificado covid.
El certificado covid, también conocido como ‘green pass’, es el documento que permite viajar entre países de la Unión Europea acreditando que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, se ha recuperado de la enfermedad o tiene una prueba negativa en las últimas 48/72 horas. Son varias las comunidades autónomas que han implantado la exigencia del certificado en lugares como establecimientos hosteleros o gimnasios. En Asturias, de momento no se ha implantado tal medida, si bien las autoridades no la descartan en el caso de que los indicadores empeoren.
VACUNACIÓN OBLIGATORIA
Incluso encajaría en la Constitución Española, ha dicho Francisco Bastida, imponer la obligación de vacunarse. No obstante, eso sería ya el «último recurso» y no está justificado con las actuales porcentajes de vacunación y de presión hospitalaria. «Creo que medidas como el pasaporte covid son suficientemente disuasorias para inducir a la vacunación de los que aún no lo han hecho pudiendo hacerlo», ha considerado.
A juicio de Bastida, los ‘negacionistas’ y los ‘antivacunas’ son personas que, ejerciendo su opción y su libertad, perjudican a los demás.» No son como el testigo de Jehová que, en razón de sus creencias, se niega a hacerse una transfusión de sangre. La decisión de los antivacunas y negacionistas de la Covid repercute en los demás», sostiene el catedrático de Derecho Constitucional.
«La libertad de uno no es que acabe donde comienza la libertad de los demás, pero ha de restringirse en la medida en que su ejercicio se convierta en incompatible con los derechos de los demás, sobre todo cuando son tan básicos como el derecho a la vida y a la integridad física», ha subrayado.
INSOLIDARIDAD
Las personas que no se vacunan, añade Bastida, están ejerciendo su opción gracias a que la mayoría se ha vacunado. Incluso no soportan restricciones en casos como el de Asturias, donde el porcentaje de vacunación es muy alto. Por ello Bastida considera que lo que hacen esas personas no vacunadas puede calificarse más de «insolidaridad» que de «libertad».
El certificado covid obliga a desvelar un dato personal, que pertenece a la intimidad de la persona, admite Bastida, que considera que en «circunstancias normales» obligar a la gente a presentarlo sería inconstitucional. Sin embargo, ha explicado que «cuando no solo está en juego el derecho a la intimidad de uno, sino también el derecho a la integridad física de las demás personas, la cosa cambia».
Por ello, concluye que si los datos avalan que en espacios cerrados y sin mascarilla, como restaurantes por ejemplo, los no vacunados ponen en alto riesgo la salud de los demás, la exigencia del pasaporte covid es una «limitación justificada» al derecho a la intimidad.
La implantación de ese certificado covid en diferentes comunidades autónomas del país está viniendo acompañada de noticias de los diferentes tribunales superiores, que en algunos lugares avalan la medida y en otros lo rechazan. Preguntado por esta circunstancia, Bastida ha tildado de «error» que una decisión de ese tipo sea competencia de los tribunales, que están «para resolver casos concretos de aplicación de la ley y no para autorizar actuaciones generales».
Recuerda además Francisco Bastida que en este caso los datos científicos y estadísticos están en posesión del Gobierno y de su Administración, no de los tribunales. Por estas razones considera que no debería existir ese control preventivo de autorización judicial.
