Unas 300 personas se manifiestan este viernes por la tarde cerca de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha fijado un 25% de castellano tras la denuncia de la familia de una alumna de P5.
La marcha, convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Sepc) y el sindicato Intersindical Csc, ha empezado en la Font del Drac, en un parque cercano al colegio, y se dirige hacia el centro de la población costera.
La portavoz nacional del Sepc, Marta Daviu, ha exigido al Govern que no deje el cumplimiento de la sentencia en manos de los centros y ha llamado a la «desobediencia» de Conselleria, estudiantado y profesorado.
A su vez, en declaraciones el portavoz de la Intersindical·Csc Bernat Pèlach ha pedido a la Conselleria que «busque estrategias para no tener que cumplir esta sentencia» sin poner en riesgo a la dirección, incluso estudiando asumir el control directo del centro.
El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, visitó ayer jueves el centro para dar acompañamiento a su dirección y que tuviera «todas las herramientas para ver cómo aplica estas medidas cautelares», e insistió que la decisión del TSJC se dirige directamente a los responsables de la escuela.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha ordenado este viernes a la Conselleria y a la dirección de la escuela «adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad» de la familia que denunció el proyecto lingüístico del centro, en una providencia.
También este viernes la Fiscalía Provincial de Barcelona ha informado que ha incoado diligencias de investigación por un presunto delito de odio, a raíz de las denuncias que han llegado relativas a las amenazas que habría recibido la familia de la menor, si bien fuentes del Ministerio Público han confirmado que las diligencias se encuentran aun en estado muy «prematuro».
