Tres de los 14 condenados por el asalto a Blanquerna en 2013 ya han ingresado en prisión: uno se encuentra en el Centro Victoria Kent, uno en la prisión de Alcalá y otro en la cárcel de Aranjuez, todos en la Comunidad de Madrid.
Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, además, han precisado que otros cuatro condenados están pendientes de ingresar en el Centro Victoria Kent.
Del resto de personas que deberán cumplir penas inferiores a tres años de cárcel, dos han conseguido aplazar su entrada en prisión: uno de ellos por paternidad –que no ingresará hasta marzo– y el otro por motivos laborales –que acudirá al centro penitenciario en enero– , han señalado las mismas fuentes.
A la lista se suman otras cuatro personas que, según tiene constancia la Audiencia Provincial de Madrid, están tramitando ante el Tribunal Supremo su petición de indulto al Gobierno. A la espera de respuesta, aún no han sido citadas para recoger el mandamiento de ingreso voluntario en prisión. Las fuentes consultadas han indicado que otro de los condenados, el número 14, se encuentra en busca y captura.
Así queda el balance después de que a finales de noviembre la Audiencia de Madrid emplazara a ocho de los 14 condenados a retirar personalmente el mandamiento de ingreso voluntario. La decisión tuvo lugar después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera el recurso de amparo que motivó la suspensión de la ejecución de las penas.
Aunque la Audiencia de Madrid solo tiene constancia de cuatro peticiones de indulto, en el Tribunal Supremo ya han recibido ocho solicitudes y han informado en contra sobre siete de ellas, según fuentes del Alto Tribunal.
SENTENCIA ENMENDADA
Los 14 del ‘caso Blanquerna’ fueron condenados por la Audiencia de Madrid a penas de entre seis y ocho meses de cárcel por delitos de desórdenes públicos y daños. También fueron condenados a indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Generalitat de Cataluña con 1.372 euros y a su exdelegado en Madrid Josep María Bosch con 94 euros.
Posteriormente, el Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y elevó la pena a dos años y 10 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos en concurso ideal con el de impedimento del derecho de reunión y una agravante por discriminación ideológica; y a un año y un mes de cárcel por un delito de daños apreciando una atenuante por la reparación del daño.
Respondiendo a una serie de recursos de amparo, el Constitucional ordenó al Supremo dictar una nueva sentencia. Determinó que se vulneró el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia por aplicar la agravante de haber cometido el delito por motivos de discriminación ideológica.
El pasado julio, el Supremo emitió un nuevo fallo en el que no apreció la agravante de discriminación ni la atenuante de reparación del daño. Así fijó las condenas en dos años y siete meses de prisión para 12 de los acusados; dos años y nueve meses de prisión para Juan Luis López García por haber tenido un papel protagonista en los hechos; y dos años y ocho meses de prisión a Jesús Fernando Fernández Gil por ser quien encabezó la acción ilícita.
